Columbia adopta la definición oficial de antisemitismo y rechaza el diálogo con los estudiantes propalestinos para recuperar los fondos del Gobierno

La adopción de una nueva definición de antisemitismo por parte de la Universidad de Columbia (Nueva York) parece acercar el acuerdo con el Gobierno de EE UU para recuperar 400 millones de dólares de fondos federales destinados a programas de investigación de los que la Administración republicana privó a la prestigiosa institución en marzo por su respuesta a los supuestos mensajes de odio antisemita en el campus.

Tras meses de lucha por recuperar la financiación, vital para el mantenimiento de programas de investigación, en especial médicos, Columbia ha adoptado, según medios locales, un nuevo conjunto de políticas que incluyen rechazar cualquier diálogo con la coalición de manifestantes que montó tiendas de campaña en su principal campus en la primavera de 2024. La universidad también ha acordado adoptar una definición de antisemitismo que establece que las críticas a Israel discriminan a sus estudiantes judíos.

El anuncio, realizado a última hora de este martes, se produce en medio de incesantes rumores de que Columbia está a punto de llegar a un acuerdo con el Gobierno federal, aunque la rectora en funciones, Claire Shipman, ha apuntado que cualquier posible acuerdo es sólo “un punto de partida para el cambio” y no una claudicación de la universidad, como hizo en marzo para granjearse el perdón de la Casa Blanca.

Tras la dimisión de las dos anteriores, Shipman es la tercera rectora que toma las riendas de Columbia desde que la movilización en los campus contra la guerra de Gaza pusiera contra las cuerdas a las autoridades académicas por la presión de donantes, estudiantes y docentes judíos. A esta presión se ha sumado especialmente la ofensiva de la Administración republicana, que ha desencadenado una guerra sin cuartel contra las a su juicio excesivamente liberales universidades del país. Columbia y aún en mayor medida Harvard han sido sus blancos favoritos, con severas represalias económicas.

“El hecho de que nos hayamos enfrentado a la presión del Gobierno no hace que los problemas de nuestros campus sean menos reales”, escribió Shipman en un mensaje dirigido a la comunidad de Columbia y titulado “Nuestros compromisos adicionales para combatir el antisemitismo”.

En virtud del anuncio de Shipman, la universidad no reconoce ni negociará con Columbia University Apartheid Divest (CUAD, en sus siglas inglesas), el principal animador de las protestas; sus representantes o grupos estudiantiles aliados. Se trata de una medida similar a la adoptada por Barnard College, una de sus facultades, en las últimas semanas. Vinculado a CUAD estaba Mahmud Khalil, el primer estudiante detenido en la ofensiva del Gobierno contra las voces críticas con Israel en los campus, que recobró su libertad en junio aunque su proceso judicial —incluida la petición de deportación del Gobierno— sigue adelante.

En la primavera de 2024, CUAD alentó la masiva acampada que ocupó el campus principal, y sus representantes se reunieron con los responsables de la universidad, que le exigieron que desmontaran las tiendas de campaña. El fracaso del diálogo empujó a la administración de Columbia a pedir la intervención de la policía para desalojar a los acampados, lo que hizo en dos ocasiones, además de un edificio ocupado por los manifestantes.

“Las organizaciones que promueven la violencia o perturban nuestra misión académica no son bienvenidas en nuestros campus y la Universidad no se relacionará con ellas”, escribe Shipman en su carta a estudiantes y docentes.

La misiva también explica que la interpretación revisada de antisemitismo que Columbia ha adoptado se basa en la definición del antisemitismo por parte de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto (IHRA, en sus siglas inglesas). Las universidades utilizan cada vez más este marco para responder a las protestas en los campus, algo que muchos partidarios de Israel acogen con satisfacción, cuando no exigen, pero que los manifestantes critican por atentar contra la libertad de expresión.

La adopción de esta definición oficial era uno de los requisitos previos de la Administración de Trump para reanudar las negociaciones sobre la reanudación de la financiación federal. Columbia se había abstenido anteriormente de adoptar plenamente este enfoque en los casos disciplinarios abiertos, si bien había claudicado ante otras exigencias de la Administración republicana, como la prohibición de mascarillas en las protestas, la contratación de agentes de seguridad facultados para detener a estudiantes y la supervisión de departamentos sensibles como el de estudios de Oriente Medio.