El primer ministro de Portugal pacta las políticas de inmigración con la ultraderecha

Chega, el partido radical fundado en 2019 por André Ventura, no se sienta en el Gobierno de Portugal, pero algunas de sus políticas, sí. Luís Montenegro, el primer ministro que ganó por segunda vez las elecciones al frente de la coalición conservadora AD, ha convertido a la ultraderecha en su socio preferencial para pactar las políticas de inmigración y extranjería. El acuerdo endurece los requisitos tanto para la entrada en el país como para la reagrupación familiar, aunque los cambios serán escrutados por el presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa, para garantizar su constitucionalidad. El acercamiento se ha producido también para reformar la ley de nacionalidad, que se debatirá en la Asamblea de la República en septiembre, y la creación de un Servicio de Extranjeros y Fronteras dentro de la Policía de Seguridad Pública.

El pacto con la ultraderecha acaparó buena parte del debate sobre el Estado de la Nación, celebrado este jueves en la Asamblea de la República, a pesar de los intentos del primer ministro para centrarlo en otros anuncios, como una paga extraordinaria a los más de 2,3 millones de pensionistas que cobran menos de 1.567 euros en septiembre y un descenso del Impuesto de Sociedades progresivo desde el 20% actual hasta llegar al 17% en 2028.

“Los demócratas de este país están perplejos con su cambio del no es no a la del sí a sí”, atacó el nuevo líder socialista, José Luís Carneiro. “El señor primer ministro quiere echar su gobierno en los brazos de la extrema derecha. No nos habituaremos a la violencia y al odio que se está extendiendo por la sociedad”, reprochó. En su respuesta, el primer ministro recordó que “la aritmética parlamentaria es la que han elegido los portugueses” y recomendó a los socialistas, que se han convertido en tercera fuerza parlamentaria por detrás de la ultraderecha, “humildad para saber vivir en este tiempo político”.

El nuevo tiempo político es el de una Cámara dominada por fuerzas de la derecha, con más del 60% de los escaños. Y esto ha introducido un cambio radical en la relación entre Luís Montenegro y André Ventura, que durante la legislatura anterior había sido tensa y desconfiada. La primera señal del giro es la propia gestión del diálogo. En sus primeros 11 meses, Montenegro trató de mantener en secreto los encuentros que mantuvo con el líder de la ultraderecha en el palacio de São Bento, residencia oficial del primer ministro, mientras que en la actual legislatura salió a recibirle a las escalinatas con una amplia sonrisa.

Pero más importante que las formas son los temas que el Gobierno portugués ha priorizado en sus primeros meses, al focalizarse sobre políticas de inmigración, extranjería y nacionalidad, temas que distinguen la agenda de Chega. “Entendemos que las políticas de inmigración anteriores no eran correctas. Tener a las personas amontonadas en una tienda no es una acogida digna. Promovemos una política responsable, regulada y humanista”, reivindicó Montenegro, que escuchó críticas reiteradas de todos los partidos de izquierda. “Los clientes de Spinumviva [la empresa familiar del primer ministro que provocó la caída del Gobierno en marzo] tienen más derechos que los niños extranjeros que el Estado debe proteger”, lamentó Rui Tavares, líder de Livre, el único partido de la izquierda que creció en las elecciones de mayo.

Tavares comparaba así la decisión de Luís Montenegro de recurrir al Tribunal Constitucional contra la petición de la Entidad de la Transparencia para conocer los servicios que prestó a sus clientes la empresa Spinumviva con la divulgación de las identidades de menores extranjeros escolarizados, realizada por André Ventura en un pleno anterior. La Comisión Nacional de Protección de Datos ha abierto una investigación sobre la difusión de las identidades de los niños, hecha por el líder de Chega en el Parlamento y más tarde por la diputada Rita Matias en redes sociales.

La oposición incidió también sobre las dos crisis más importantes que sufre el país, que afectan a la vivienda y a la sanidad. La diputada de Pessoas-Animais-Natureza, Inês Sousa Real, criticó la muerte de tres bebés en pocas semanas tras episodios polémicos en la atención obstétrica de sus madres, mientras que Mariana Mortágua, del Bloco de Esquerda, atacó la subida de precios inmobiliarios en Portugal, la más alta de la UE en los últimos meses, y exigió que se apliquen las recomendaciones de Bruselas para limitar los alquileres y los pisos turísticos.

Por su parte, la nueva líder de Iniciativa Liberal, Mariana Leitão, criticó la “falta de coraje” del Gobierno por no privatizar el 100% de la aerolínea pública TAP. Luís Montenegro se mostró de acuerdo en vender la totalidad de la compañía en una segunda fase, después de comprobar la viabilidad de la entrada de un socio privado. El Gobierno privatizará en un primer momento el 49,9% de la empresa, que fue nacionalizada en 2021 tras la inyección de 3.200 millones de euros para evitar su quiebra.