Portugal endurece el acceso a la nacionalidad al exigir a los extranjeros diez años de estancia y un examen de lengua

Portugal da un nuevo paso hacia una política migratoria más restrictiva. El Gobierno, en manos de la coalición conservadora AD, ha aprobado este lunes cambios en la ley de la nacionalidad, que endurecerá la concesión de la ciudadanía portuguesa a los extranjeros. Hasta ahora podrían acceder a ella quienes hubieran residido en el país durante cinco años. A partir de ahora el plazo se duplica hasta los diez y, en el caso de los oriundos de países de lengua portuguesa, se queda en siete años. El plazo cuenta desde el momento en que el solicitante ha obtenido el permiso de residencia.

Además de la ampliación del plazo, se introduce como novedad la realización de un examen de lengua y cultura portuguesa para acreditar la vinculación con el país. Tras el Consejo de Ministros que aprobó las nuevas normas, el ministro de Presidencia, António Leitão Amaro, explicó que suponen un “refuerzo de la exigencia y la relación efectiva a la comunidad nacional”. “Son cambios imprescindibles en los tiempos en que vivimos”, afirmó.

Las restricciones serán también mayores para los bebés nacidos en Portugal en familias extranjeras. A partir de ahora no tendrán acceso automático a la nacionalidad, se exigirá a los padres una estancia de tres años en el país y la petición expresa de la ciudadanía. Además, se deroga el régimen especial de nacionalización para los descendientes de judíos sefardíes expulsados de la península Ibérica hace siglos y que dio lugar a numerosas irregularidades y polémicas como la concesión de la ciudadanía a los oligarcas rusos Roman Abramóvich y Andrei Rappoport.

Las cuatro normas aprobadas este lunes inciden en ese giro de la política migratoria. En apenas dos años, desde que Luís Montenegro se convirtió en primer ministro, el país ha pasado de ser uno de los más acogedores de la Unión Europea a tratar de frenar nuevas llegadas y limitar la cifra de quienes ya estaban en el país. La herencia que habían recibido del socialista António Costa era caótica tras la extinción del Servicio de Extranjeros y Fronteras (SEF), a raíz de la muerte de un ucraniano en el aeropuerto de Lisboa mientras era interrogado y golpeado por agentes de esa unidad. Casi medio millón de personas estaban pendientes de regularizar su estancia en 2024, cuando comenzó el nuevo ciclo político conservador. “Fueron siete años de inmigración descontrolada”, recriminó Leitão Amaro.

La nueva Agencia para la Integración de las Migraciones y el Asilo, mal dotada de recursos, fue incapaz de gestionar con agilidad la demanda de peticiones para acceder al permiso de residencia, al que podía optarse con la simple presentación de una declaración de interés. En la práctica permitía desde 2017 la regularización de cualquier extranjero, una política que las autoridades comunitarias veían con malos ojos, ya que se facilitaba la movilidad hacia otros países europeos una vez que recibían la residencia portuguesa.

La visión de Montenegro sobre los inmigrantes ha ido endureciéndose conforme la extrema derecha se reforzaba en Portugal hasta convertirse en la segunda fuerza parlamentaria. Una de las medidas que pactó el Gobierno con el ultraderechista Chega en la primera legislatura fue la exclusión de los inmigrantes irregulares de la sanidad pública, excepto en los casos de emergencia médica. Desde 2019 cualquier persona, fuese cual fuese su nacionalidad y su estatus administrativo, tenía acceso gratuito al sistema nacional de salud.

En el Consejo de Ministros de este lunes se acordó también la creación de una nueva unidad de Extranjeros y Fronteras, que no será autónoma y estará integrada en la Policía de Seguridad Pública (PSP), para realizar el trabajo que dejó de hacer el extinto SEF. El Gobierno confía en que la nueva composición de la Asamblea de la República, donde los diputados de la derecha suman más del 60%, permita ahora la aprobación de la ley que contempla la creación de este cuerpo, que había sido rechazada en la legislatura anterior.

Además, se modificó la Ley de Extranjeros para limitar los casos de reagrupación familiar a menores que ya están dentro del territorio portugués y con familias con residencia mínima de dos años. Se exigirán también medidas como el conocimiento de la lengua y la asistencia continuada al colegio.