Las derechas de Portugal con los ultras aprovechan su dominio para promover el recorte de la ley trans

La Asamblea de Portugal ha aprobado este viernes iniciar los trámites para recortar la ley trans. Los partidos del espectro conservador ―las dos formaciones de la alianza gobernante, formada por el PSD junto al CDS-PP, así como los ultras de Chega― habían llevado esta semana a la cámara diferentes propuestas para modificar la ley trans del país de 2018. Aunque las tres mociones presentadas han salido adelante con los votos de las tres derechas (151 escaños), su aprobación definitiva puede tardar meses, pues debe pasar más trámites parlamentarios. Se han opuesto los socialistas portugueses (PS) y el resto de formaciones de izquierda, a quienes se han unido Iniciativa Liberal (de corte liberal conservador; en total, 79 votos en contra. La izquierda se presentó fragmentada en seis formaciones a las elecciones legislativas portuguesas de mayo del año, obteniendo unos resultados nefastos. Así, la Asamblea de la República exhibe una clara derechización, con un 70% de los escaños en ese espectro ideológico, situación que están aprovechando para impulsar su agenda.

En la modificación defendida por el PSD ―el partido mayoritario de la coalición gobernante y al que pertenece el primer ministro Luís Montenegro―, además de vetar a los menores trans cualquier tipo de terapia de afirmación de género y no permitirles el cambio registral, se acota a los adultos la posibilidad de iniciar su transición si carecen de la nacionalidad portuguesa. A los mayores de 18 años también se les obliga a tener un diagnóstico de “incongruencia de género” previo a transicionar. Para las organizaciones LGTBIQ+, estos cambios no son solo un recorte de derechos, sino una vuelta a “la patologización” de las personas trans.

Desde el PSD, han justificado el cambio de la legislación de 2018 por “la protección de los niños y jóvenes a la luz de las últimas evidencias científicas y de conformidad con los principios de la bioética y la dignidad de la persona humana”. “Es una propuesta basada en la responsabilidad y el equilibrio”, según detalló la diputada conservadora Andreia Neto el jueves, durante el debate parlamentario.

Chega ―segunda fuerza parlamentaria, por delante de los socialistas― replicó los argumentos de la extrema derecha global. En su proposición reclama aún más dureza que las otras fuerzas conservadoras en los cambios de la norma. Así, exigen que las personas trans no puedan usar baños públicos o, en el caso de las mujeres del colectivo, participar en competiciones deportivas o ser ingresadas en cárceles de mujeres. “La ciencia afirma que el sexo biológico viene determinado por características inmutables que se manifiestan antes del nacimiento y perduran tras la muerte. Un hombre es un hombre y una mujer es una mujer”, afirmó la diputada ultra Madalena Cordeiro durante el debate. Por su parte, las fuerzas progresistas han denunciado “un ataque a los derechos y libertades, sobre todo de los jóvenes”.

Ante el debate sobre el cambio legislativo, desde la Sociedad Portuguesa de Sexología Clínica han emitido un comunicado en el que consideran que, “al proponer retrocesos basados en desinformación, se ignora la evidencia empírica y se amenaza gravemente la salud mental de una población vulnerable [como las personas trans]”. Esta organización reclama que “las decisiones legislativas protejan la vida y el bienestar de todos los ciudadanos, basándose en la ciencia y no en prejuicios”. A su juicio, las propuestas de recorte de las derechas, además de ignorar el consenso científico internacional, “descontextualizan datos e insisten en la disforia de género para validar prejuicios”. “Desprecian la evidencia de que las barreras legales y las restricciones médicas [a la autodeterminación de género] agravan el riesgo de suicidio”, han añadido.

Un estudio científico, publicado en febrero en The Journal of Pediatrics, concluía que las tendencias e ideaciones suicidas disminuyen en los jóvenes trans que reciben terapia hormonal. “La terapia hormonal está vinculada con una reducción clínicamente significativa de las tendencias e ideaciones suicidas a lo largo del tiempo”, detallaba la investigación, titulada Cambios en las tendencias e ideaciones suicidas entre adolescentes trans tras la terapia hormonal: un estudio ampliado. “Este estudio proporciona evidencia clínica que respalda los beneficios para la salud mental de las personas jóvenes al tener acceso adecuado a la terapia de hormonación”, incide el trabajo, que monitorizó a 432 personas de entre 12 y 20 años durante algo menos de dos años (679 días).

“La admisión a trámite de las modificaciones propuestas por la derecha en Portugal para volver a tratar a las personas trans como enfermas es una señal de alarma y responde a una ofensiva global que pretende recortar libertades”, ha criticado la presidenta de la Federación Estatal LGTBI+ de España, Paula Iglesias. “Derogar leyes que garantizan derechos humanos no mejora la sanidad, la educación ni la economía”, ha añadido.

Portugal se convirtió en 2018 en uno de los países pioneros en aprobar normativa para proteger “el derecho a la autodeterminación de la identidad de género y la expresión de género, así como a la protección de las características sexuales de cada persona”, según el texto legislativo. Con esa ley, cualquier persona mayor de 18 años puede cambiar de nombre y de género en el registro sin realizar mayor tramitación. Con respecto a los menores trans (entre los 16 y los 18 años), requería el consentimiento de los progenitores o tutores, además de un informe médico que constatase la libre elección de la persona y la ausencia de impedimentos.

Tras la aprobación este viernes de las tres mociones para recortar la ley trans de 2018, la propuesta debe pasar a la Comisión parlamentaria de derechos y libertades, proceso que puede durar meses, y volver de nuevo al hemiciclo, donde se procederá a la aprobación definitiva. Después, el Presidente de la República, el socialista António José Seguro, puede promulgar el cambio, vetarlo o, si tiene dudas de su constitucionalidad, enviarlo al Tribunal Constitucional. “El presidente tiene herramientas para actuar; hay mecanismos para frenar este retroceso sin precedentes en derechos y dignidades en una sociedad democrática”, han recordado desde la Felgtbi+, “confiemos en que la presión social y la movilización marquen la diferencia”.