El Ejecutivo de Ayuso acordó pagar 2.354 millones más de lo presupuestado a Quirón y Ribera Salud en sus primeros seis años de gobierno

Hay récords que nadie se cree. Ocurre con los de los presupuestos de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Cada año, el Ejecutivo anuncia que suponen una cifra nunca vista. Y cada año, sin embargo, nacen superados por la realidad: casi siempre se paga más de lo que se presupuesta. Pocas cosas engordan más esa factura que los hospitales de gestión privada que hay en la red pública madrileña. Unas veces es porque captan a pacientes de otros hospitales, lo que se les paga aparte. Otras, porque ganan sus numerosos juicios contra la Comunidad. En ocasiones, porque Madrid paga deudas que arrastra desde hace más de un decenio. Pero el agujero en las cuentas públicas es millonario: según los datos de la Intervención regional, durante los primeros seis años de su gobierno (2019-2024), Isabel Díaz Ayuso ha pagado 2.354 millones más de lo presupuestado a Quirón (2.208) y Ribera Salud (146), ahora en el ojo del huracán por las órdenes de su CEO, Pablo Gallart, para mejorar la cuenta de resultados. Como consecuencia, la factura total en ese periodo ha sido de 6.663 millones a repartir entre cinco hospitales públicos de gestión privada. Más de 1.300 millones al año. Una dinámica que el gobierno defiende como normal.

“Hay un modelo de financiación que favorece de forma deliberada a los hospitales de gestión privada”, lamenta Carlos Moreno, diputado del PSOE. “En 2024, se presupuestaron 10.100 millones para sanidad. Fueron absolutamente insuficientes. Hubo que ejecutar unos 13.400, con un desvío de 3.300 millones, fundamentalmente para los cinco hospitales de gestión privada, sin control parlamentario”, detalla. “Por un lado, hay hospitales públicos infrafinanciados, hasta el punto de que tienen que tener quirófanos parados por las tardes. Y por otro, hospitales de gestión privada regados de dinero citando pruebas hasta las 4 de la mañana. Es un sinsentido”, sigue. Y remata: “Esto explica las tablas de libertad de elección, con decenas de miles de pacientes que huyen de los mejores hospitales públicos y se dirigen a los otros para que les atiendan con la rapidez que necesitan”.

Esto contrapone un portavoz de Quirón. “En el caso de los hospitales concesionarios, la diferencia entre el presupuesto publicado en las memorias y el gasto real se debe, fundamentalmente, al procedimiento de control y liquidación de la actividad realizada, según figura en los contratos, fruto del sistema de libre elección que beneficia a 1,2 millones de madrileños”, argumenta. “Las liquidaciones de referencia se corresponden a la suma de las liquidaciones de varios ejercicios que se han abonado con retraso, no a las liquidaciones correspondientes a la actividad de dichos ejercicios”, detalla este interlocutor, que señala “un problema estructural, ya que los precios públicos deberían actualizarse anualmente, pero la realidad es que solo se han actualizado dos veces en 10 años” pese al alza del IPC. Y sostiene: “Esto significa que la actividad realizada por los hospitales concesionados, que se sitúa sistemáticamente como la mejor valorada por los ciudadanos, ha estado sistemáticamente infravalorada, a lo que se suma el que han venido cobrando las liquidaciones con varios años de retraso”.

Ocurre así. Quirón opera cuatro hospitales en la red pública de Madrid: los de Móstoles, Valdemoro y Villalba, en régimen de concesión, y la Fundación Jiménez Díaz, a través de un convenio especial. Ribera Salud, por su parte, gestiona un centro en Torrejón. Todos esos hospitales cobran directamente por recibir pacientes de otros centros. Los que son públicos, no, pues el dinero va a una caja común. Y eso espolea un círculo virtuoso sustentado sobre la mayor disponibilidad de los quirófanos y consultas de los centros de Quirón y Ribera Salud: a más pacientes, más dinero, más inversión en quirófanos e instalaciones y, de nuevo, más pacientes.

Los resultados hablan por sí solos. Los cinco hospitales públicos de gestión privada son una minoría en la red pública, que cuenta con una treintena de centros. Sin embargo, captaron como promedio el 58% de las citas de pacientes de otros hospitales que decidieron cambiar de centro en 2022 y 2023, según las memorias del servicio madrileño de salud. Es decir, mientras los centros públicos puros perdían pacientes, los de gestión privada los ganaban con más de 200.000 citas anuales de pacientes que no eran suyos, y engordaban así la factura que le giran a la administración regional. En la última memoria del SERMAS, correspondiente a 2024, Madrid ha dejado de publicar estos datos de derivación, como venía realizando. Un portavoz de la consejería de Sanidad asegura que “próximamente” se conocerá la estadística.

Captar pacientes rentables

“Mientras los hospitales públicos compiten con una mano atada a la espalda, los de gestión privada tienen muchas más citas de entrada porque orientan sus agendas y toda su actividad a atraer pacientes a procedimientos rentables”, explica Marta Carmona, de Más Madrid.

Esta psiquiatra reconvertida en diputada explica que “por eso Quirón puede tener sus servicios de rayos abiertos de madrugada para absorber, y facturar, lista de espera, mientras los hospitales públicos tienen cerradas las agendas y no les permiten abrir peonadas, que es actividad extraordinaria de los profesionales que ya trabajan en el centro, y que hay que pagar, porque Hacienda no autoriza ampliarles el presupuesto”. Y añade: “Los hospitales públicos tienen el presupuesto ajustadísimo, por debajo de sus necesidades, y tienen que pelear cada céntimo extra. Mientras, los hospitales de Quirón ejecutan el doble o el triple de su presupuesto, literalmente, sin problema alguno, lo cual les permite adaptar su actividad como quieran”.

Esto dice un portavoz de la consejería de Sanidad sobre la diferencia entre lo presupuestado y lo efectivamente pagado. “No hay desvío entre lo presupuestado y lo pagado, ese concepto de desviación tiene connotaciones peyorativas”, afirma. “Las liquidaciones son consecuencia del normal funcionamiento del contrato. Se producen cuando se cierran los ejercicios y se analiza la actividad que se ha realizado fruto de la libre elección”, añade. “Por tanto, una vez conocida la libre elección, que es variable, se procede estrictamente al pago de lo que corresponde y se ha realizado”, sigue. “Este es un efecto normal del contrato y del sistema de funcionamiento de la libre elección del que se benefician 1,2 millones de madrileños”, recalca. Y concluye: “Las modificaciones de crédito son también parte de su normal funcionamiento. No se saca, ni se detrae, ni se desvía ni un céntimo de los artículos presupuestarios que van destinados a los hospitales de gestión directa”.

El total de 2.354 millones extra para el periodo 2019 a 2024 incluye una parte de ese primer año en la que Ayuso no era la presidenta, pues tomó posesión en agosto.