Trabajadores del hospital de Torrejón denunciaron en mayo presiones para priorizar a los pacientes más rentables

-¿Podría darse el caso de que se esté acortando deliberadamente el ingreso de los pacientes de Torrejón y se prolonguen innecesariamente los ingresos de pacientes de otras áreas para así aumentar la facturación?

Marta Carmona, diputada de Más Madrid, envuelve sus temores entre interrogantes porque está en una comisión parlamentaria en la Asamblea regional y quiere provocar una respuesta. Corre abril, y frente a ella está la directora general de aseguramiento, adecuación y supervisión sanitaria. Sin embargo, antes de que llegue la contestación, Carmona ya sabe que eso que ella pregunta es lo que afirman distintos trabajadores del centro hospitalario con los que habla. Alrededor de varias concentraciones de protesta, estos acaban haciendo pública su denuncia en un manifiesto publicado en mayo, y con decenas de firmantes. La lectura de ese texto cobra una nueva vida ahora, justo después de que EL PAÍS haya publicado los audios del CEO del grupo hospitalario, Pablo Gallart, azuzando a los mandos del centro a mejorar la cuenta de resultados durante una reunión celebrada el 25 de septiembre: “Seguro que sois capaces de identificar qué procesos no son contributivos para el EBITDA de la sociedad (...) y qué actividad nos interesa más hacer”, dijo.

Esto habían denunciado los trabajadores. “En alguno de los aspectos más escandalosos, algunas jefaturas de servicio son presionadas para priorizar en la programación tanto de consultas externas como de las listas de espera quirúrgicas a los pacientes procedentes de otras áreas sanitarias frente a la de Torrejón”, se leía en su manifiesto. “Esto es contrario a la equidad, pilar de nuestro Sistema Nacional de Salud”, se añadía en el texto, que llamaba a recuperar la excelencia con la que había arrancado el proyecto.

Esa supuesta estrategia de la propiedad tiene una lógica económica. Si el hospital de Torrejón, gestionado por una empresa privada pese a pertenecer a la red pública, atiende a pacientes de su área de influencia, no cobra ni un euro extra sobre el canon que ya tiene que pagarle anualmente la Comunidad de Madrid. Sin embargo, si atiende a pacientes de fuera de ese área, procedentes de otros hospitales en aplicación de su derecho a la libre elección de centro, sí que puede facturar más dinero a la Administración. De ahí que los trabajadores denunciaran en ese comunicado la supuesta intención de acelerar la llegada de los segundos, aunque fuera en detrimento de los primeros.

Frente a eso, pedían los profesionales sanitarios, había que lograr un cambio “evitando la diferenciación entre pacientes por motivos de rentabilidad empresarial, mediante el abandono, en cualquier prestación del Hospital (...) de la imposición de cuotas de pacientes no cápita y la priorización frente a los pacientes cápita, algo en contra del código deontológico de nuestra profesión”.

Gallart, el CEO que se ha desvinculado del hospital tras publicar este diario su intervención ante mandos del centro, explicó con ellos como audiencia otra forma de engordar la cuenta de resultados.

“En Torrejón en el año 22 y 23 decidimos como organización hacer un esfuerzo para bajar la lista de espera. Lo único que pido es: desandemos el camino”, pidió.

Las memorias del centro publicadas por la Comunidad de Madrid reflejan ese esfuerzo que se había hecho. Por ejemplo, se pasaron de 2.375 intervenciones quirúrgicas programadas con hospitalización en 2021 a 3.414 en 2023, un 44% más. O de 8.501 intervenciones quirúrgicas programadas ambulatorias, a 13.402, un 58% más.

Ocurre que si se baja el ritmo de operaciones, y se acumulan demoras, el hospital gastará menos en intervenciones porque necesitará menos personal y medios.

Esos datos de intervenciones no aclaran cuántos de los pacientes operados eran de la población de Torrejón, y cuántos no lo eran. Lo que es seguro es que el hospital de Torrejón tuvo en 2022 casi 16.000 citas entrantes, correspondientes a pacientes que no eran de su área, y que en 2023 fueron casi 25.000 citas, según las memorias del servicio de salud madrileño. Por todas ellas pudo facturar a la administración, que permite cobrar a los hospitales concesionados por los pacientes atendidos de otras áreas, y también por los procedimientos que no están en el convenio.

Así lo resumió la diputada Carmona en su intervención en la Asamblea regional: “Lo que acaba pasando en este centro es que toda la actividad clínica orbita no entorno a las necesidades de salud de los pacientes, si no entorno a la facturación intercentros. Se trata de atraer el mayor número de pacientes intercentros positivos para así facturar más”.