Barones del PSOE se ponen en guardia a la espera del acuerdo de financiación singular para Cataluña

La financiación singular vuelve a poner en guardia a los líderes autonómicos del PSOE. La reunión el próximo lunes de la comisión bilateral entre el Gobierno de Pedro Sánchez y la Generalitat de Salvador Illa ha reavivado los recelos de los principales dirigentes territoriales socialistas, inquietos por que Cataluña sea tratada de forma privilegiada. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha tildado de “despropósito” el plan acordado entre PSC y ERC, y sin el que Salvador Illa no habría sido investido president catalán hace casi un año. Asturias, la otra comunidad de régimen común que presiden los socialistas —Navarra no se ve afectada y Cataluña es la interesada en la reforma—, también ha advertido que “no admitirá” privilegios a Cataluña en el modelo de financiación. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a la sazón líder también de los socialistas andaluces, se ha comprometido a no promover “ningún acuerdo ni ninguna política que suponga un agravio territorial con otras comunidades autónomas”.

El compromiso del PSC con ERC suscrito en julio del año pasado consiste en dar al Govern la gestión, recaudación, liquidación e inspección de todos los impuestos soportados en Cataluña. La Generalitat daría después al Gobierno central una cuota de solidaridad interterritorial y un pago por concepto de los servicios prestados al Estado, en un modelo que, según sus detractores, asemejaría a Cataluña con el del País Vasco o Navarra. Las cantidades no se han especificado y según las fuentes consultadas, en el documento que se aprobará el lunes no figuran. Una de las grandes incógnitas es si el modelo, cuya tramitación será compleja y estará repleta de obstáculos, tendrá el respaldo necesario, ya que por ejemplo implica la modificación de la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), que regula el sistema de financiación de régimen común.

El Congreso Federal del PSOE de Sevilla, a finales del año pasado, sirvió a los socialistas para alinear a todos los territorios en materia de financiación autonómica. Se dieron una tregua y aprobaron por unanimidad lograr un modelo de financiación “más justo y sostenible” y basado en un modelo federal del Estado al gusto de todos los barones. Todas las partes, tanto el PSC como el resto de federaciones, salieron satisfechas de ese cónclave. “La reforma del sistema de financiación autonómica deberá garantizar mayores recursos para todas las comunidades autónomas, reforzando los servicios públicos y reconociendo las singularidades y las diferentes variables determinantes en su coste, de manera que garantice la igualdad de derechos en el acceso a los servicios públicos independientemente del territorio en el que se viva”, fue el compromiso que se adquirió tras más de tres horas de debate en la comisión que abordó la propuesta del PSC. “Dicho modelo será aprobado de manera multilateral en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, sin perjuicio de la relación bilateral del estado con cada comunidad autónoma en función de lo recogido en los diferentes estatutos”, se especificaba en el documento. El PSC se volcó en lograr un texto de consenso en el que fuera compatible el respeto a la multilateralidad y a las relaciones bilaterales y las singularidades de cada territorio con una redacción lo suficientemente ambigua.

A pesar de ese acuerdo, el ruido interno ha vuelto a subir en medio de una situación muy delicada para el PSOE tras el estallido de la trama de corrupción y el encarcelamiento de Santos Cerdán. Pese al cierre de filas del comité federal del sábado pasado, Pedro Sánchez está hoy más débil que hace un año y García-Page ha vuelto a buscar su espacio y diferenciarse del líder socialista. “Confío en que no salga adelante”, ha asegurado, al tiempo que ha dicho sentirse “dolido” con el PSOE porque el comité federal no debatió sobre la financiación y “deliberadamente se ocultó el debate”. “Se atrasaron los acuerdos con Esquerra Republicana para hurtar el debate al comité federal”, ha afirmado. A su juicio, el acuerdo en el que trabajan el Gobierno, la Generalitat y ERC se debe al “chantaje” independentista para establecer lo que ha denominado como un “cupo catalán”, terminología que el Ejecutivo rechaza. “A más corrupción, más debilidad, más negocio para independentistas y más cesiones. La corrupción ha traído barra libre“, ha apostillado. Según el dirigente socialista, “ahora los socios van a hacer un saqueo todavía mayor al concepto de unidad de España, que va íntimamente ligado al concepto de igualdad entre los españoles”. “No comparto esas palabras. A mí me parece un despropósito todo lo que dice Page últimamente”, le ha contestado con una dureza similar Óscar López, ministro de Transformación Digital y secretario general de Madrid.

Con otro temple, Montero ha salido rápidamente a tratar de perimetrar el incendio y evitar que se propague a otras federaciones del PSOE. “Mientras que haya un socialista al frente del Gobierno de España, y un socialista, en este caso una mujer, al frente del Ministerio de Hacienda, nunca, jamás, el Gobierno de España va a promover ningún acuerdo ni ninguna política que suponga un agravio territorial con otras partes de nuestro territorio, con otras comunidades autónomas, con otras sensibilidades o con otra forma de entender la autonomía”, ha aseverado en un acto en Sevilla.

“Las comunidades autónomas del régimen común tenemos que concurrir en un plano de igualdad a negociar el nuevo modelo de financiación. No admitiremos ningún privilegio y, sobre todo, lo que no admitiremos de ninguna manera es ningún perjuicio al Principado”, ha asegurado a su vez Guillermo Peláez, el consejero de Hacienda de Asturias. La posición del Ejecutivo de Adrián Barbón —de baja médica desde el viernes pasado por una infección bacteriana— no es exclusiva del PSOE, sino que es la que se ha aprobado en la Junta General del Principado, el Parlamento autonómico. “Ese es nuestro compromiso: la financiación autonómica se debe negociar de forma multilateral y todas las comunidades autónomas deben participar exactamente igual en esas negociaciones”, ha insistido el responsable regional de Hacienda.

Barbón ya marcó perfil propio el año pasado en la ronda de reuniones que Sánchez mantuvo con todos los presidentes autonómicos salvo Isabel Díaz Ayuso, la única que declinó acudir a La Moncloa. El barón socialista le explicó al presidente la propuesta de financiación pactada en Asturias. “La garantía que se me ha dado es que el sistema se reformará dotando de más recursos a las comunidades”, valoró. “Esto solo se soluciona a través de una negociación que es muy compleja y con más recursos en el sistema”, observó el pasado mayo en un desayuno informativo en Madrid, en el que incidió en las diferencias entre las comunidades del PP, que preside 11 autonomías y las ciudades de Ceuta y Melilla. “Es donde tienen el mayor debate interno, no piensan lo mismo el presidente de Galicia o el de Castilla y León que los de Madrid o Andalucía”, zanjó.

“Desde luego tiene que haber un acuerdo con todas las comunidades autónomas, pero siempre ha habido acuerdos bilaterales. Cuando [José Luis Rodríguez] Zapatero consiguió un acuerdo con todas las comunidades autónomas para actualizar el modelo de financiación, antes había alcanzado acuerdos también con comunidades como Cataluña y ahora ocurre lo mismo (...) Yo el problema lo veo en el PP, que no tiene un modelo propio de financiación. [Isabel Díaz] Ayuso o [Carlos] Mazón defienden modelos de financiación que son radicalmente opuestos al que defiende Castilla y León y Galicia. Hay comunidades que defienden [que se tenga en cuenta] el incremento de la población y otras defienden la dispersión geográfica o tener una población en edad avanzada que hace que la sanidad se destine mucho más a personas mayores”, ha compartido López.

Compromís, uno de los socios del Ejecutivo, ha recordado que el sistema vigente de financiación caducó en 2014 y exige al PSOE que presente “ya” una propuesta al conjunto de las comunidades “que suponga terminar con la infrafinanciación autonómica que supone una merma importante en la calidad de los servicios públicos valencianos”. Compromís ha lanzado el aviso de que “cualquier reforma o mejora” de la financiación autonómica “deberá resolver primero la situación de agravio y maltrato” de la Comunidad Valenciana. Para contrarrestar las críticas de Compromís y otros socios, el Gobierno insiste en que ha destinado en siete años 300.000 millones de euros más a las comunidades que cuando gobernaba Mariano Rajoy en el mismo periodo de tiempo.