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Jesús Fernández-Villaverde y Francisco de la Torre: “La financiación singular es extender el privilegio del cupo vasco a Cataluña”

Los economistas denuncian que el acuerdo rompe la lógica de que paga el que más tiene y recibe el que más lo necesita

Francisco de la Torre y  Jesús Fernández-Villaverde, en una charla en la Fundación Rafael del Pino el pasado mayo. / Fundación Rafael del Pino.
Antonio Maqueda

Jesús Fernández-Villaverde (Madrid, 53 años) es profesor de la Universidad de Pensilvania y uno de los economistas españoles de mayor prestigio. Francisco de la Torre (Madrid, 52 años) es inspector de Hacienda y fue presidente de la Comisión de Presupuestos del Congreso. Juntos han escrito con vocación pedagógica La factura del cupo catalán: privilegios territoriales frente a ciudadanía (La esfera de los Libros). En esta entrevista opinan sobre el reciente acuerdo suscrito por el Gobierno y la Generalitat.

Pregunta. ¿Qué es esto de la financiación singular: es un cupo o algo generalizable y federal?

De la Torre. La financiación singular no es más que extender el sistema de cupo del País Vasco y Navarra a Cataluña. En este sistema, la comunidad cobra la práctica totalidad de los impuestos, y luego negocia su aportación a los gastos del Estado, incluyendo, a diferencia del régimen foral vasco-navarro, una cuota de solidaridad. Esto supone extender un privilegio, aumentando los recursos de la Generalitat catalana a costa del resto de contribuyentes en España. Es anti-federal que los demás paguen el exceso de gasto en Cataluña y no es generalizable porque los recursos son finitos.

P. ⁠¿Cómo valoran el acuerdo entre Gobierno y Generalitat?

F.D.L.T. Es un paso más hacia el abismo, aunque más corto de lo que querían los independentistas. Es un acuerdo ambiguo y contradictorio, pero que, al firmarlo Gobierno y Generalitat, legitima las aspiraciones del independentismo catalán de gestionar todos los impuestos y de obtener una financiación superior a la del resto por el hecho de tener unas supuestas singularidades. Esto no es gratis.

P. ¿Significa eso que el Estado tendría que recortar en otras políticas?

F.D.L.T. El aumento de la financiación de la Generalitat tendrá que compensarse con recortes en el gasto de otras autonomías, del Estado, o con subidas de impuestos, y eso sin tener en cuenta la inevitable pérdida recaudatoria derivada de comenzar a fragmentar la AEAT. Como el gasto propiamente del Estado es pequeño, este acuerdo pondría en riesgo la financiación de la principal partida que son las pensiones.

El sistema pactado recorta la solidaridad y tendrá que compensarse con impuestos o ajustes en otros sitios

⁠P. Pero el Gobierno afirma que se garantiza la suficiencia y la solidaridad…

F.D.L.T. No es cierto. El objetivo fundamental de la financiación singular es aumentar los recursos de la Generalitat. Como Cataluña, además de ser una comunidad rica, ya tiene una financiación per cápita por encima de la media, esto supondrá necesariamente un recorte de la solidaridad interterritorial. Como, además, pretende gastarse estos recursos adicionales, esto hay que financiarlo, por lo que pone en riesgo la suficiencia.

P. ¿Entonces Cataluña no está infrafinanciada?

Jesús Fernández-Villaverde. Cataluña no está infrafinanciada, al menos en comparación con las otras 14 comunidades del régimen común. En 2022, último año con datos consolidados, recibió 3.822 euros por persona a través del sistema de financiación, frente a una media de 3.400 euros, o los 3.105 euros de la Comunidad de Madrid. ¿Por qué esa diferencia? Porque Cataluña tiene competencias adicionales, en especial en seguridad ciudadana, y una población más dispersa que, por ejemplo, Madrid. Si consideramos estas circunstancias y la financiación extraordinaria, Cataluña recibe un 1 % más que la media del sistema. No es mucho, pero es más. Es difícil sostener que uno está infrafinanciado cuando recibe más que la media.

Es cierto que Cataluña recibe menos que el País Vasco o Navarra. Pero eso se explica por el privilegio del concierto o convenio. No es que Cataluña reciba poco, sino que el País Vasco y Navarra reciben demasiado. El problema de Cataluña es de gasto, no de ingresos: durante décadas ha creado una estructura administrativa sobredimensionada. Solo hay que comparar el presupuesto de la Generalitat con el de otras comunidades para ver gasto excesivo por todos sitios.

Cataluña ya recibe un 1% más que la media teniendo en cuenta sus mayores competencias

P.⁠ Pero en Cataluña se afirma que hay un déficit fiscal de 30.000 millones…

J. F-V. Nos negamos a aceptar el término déficit fiscal aplicado a un territorio. Los impuestos los pagan los ciudadanos, no los territorios, salvo, claro, en el País Vasco y Navarra. Los catalanes pagan lo que les corresponde: el IVA no es más alto en Cataluña que en Murcia, ni el tramo estatal del IRPF cambia entre Mérida y Tarragona. Y, como ya vimos, Cataluña recibe lo que le corresponde en financiación. ¿De dónde salen esos 30.000 millones? Primero, de metodologías contables delirantes. Segundo, del hecho de que hay más ciudadanos de renta alta en Cataluña y, por tanto, pagan más. Pero ese argumento aplicado a Cataluña sería el mismo que afirmara que Pedralbes tiene un déficit fiscal con Hospitalet.

P. En el libro critican la ordinalidad (que la financiación no altere el orden de riqueza).

J. F-V. Sí, porque la ordinalidad quiebra la lógica de la redistribución del Estado del bienestar: contribuir según la capacidad, recibir según la necesidad, incluso en su versión más light, que no es la de la financiación singular catalana. Supongamos que Pedro gana 1.000 euros más que su vecina María. Sin embargo, ella es madre soltera con tres hijos, uno con necesidades médicas; él es soltero, sano y sin cargas familiares. ¿Tiene sentido que Pedro conserve mayor renta neta solo por haber ingresado más? No. María necesita adelantar a Pedro en renta después de impuestos. Lo mismo ocurre entre territorios. Si una comunidad tiene muchos más niños en edad escolar que otra, debe recibir más financiación, aunque esto altere el orden de renta.

La Generalitat no está infrafinanciada, tiene una sobredimensión del gasto

P. Pero el Gobierno sostiene que hay ordinalidad en países como Alemania o Canadá.

J. F-V. Es falso. El artículo 107(2) de la Ley Fundamental alemana (su constitución) garantiza redistribución suficiente para que un ciudadano en Múnich y en Leipzig acceda a los mismos servicios. Para ello, por ejemplo, el 107(1) dice que el IVA se reparte por población, no según la recaudación territorial, violando claramente la ordinalidad. El origen del mito de la ordinalidad en Alemania son un par de sentencias del Tribunal Constitucional alemán en los años 80 y 90 que limitaban la nivelación territorial, pero esta jurisprudencia se aplicaba a un sistema ya derogado y antes de varias reformas constitucionales recientes que permiten más redistribución. En Canadá, la Sección 36(2) del Acta de Constitución de 1982 establece que las provincias deben poder ofrecer servicios públicos comparables con niveles impositivos también comparables. Y eso lleva a que se viole la ordinalidad, que, por otra parte, la legislación canadiense ni reconoce ni ampara. Entre 2009 y 2010, Quebec recibió tantas transferencias que adelantó a Ontario en renta post-impuestos, pese a que Ontario era más rica antes de impuestos. Dicho de manera clara: en ningún sitio de la legislación alemana o canadiense hay principio de ordinalidad alguno.

La fragmentación de la Agencia Tributaria tendría consecuencias muy negativas con duplicidades, más gasto por euro recaudado y un incremento sustancial del fraude

P. ⁠¿Cómo va a gestionar Cataluña el IRPF en 2026 y luego el resto?

J. F-V. La Agencia Tributaria de Cataluña no tiene capacidad, ni técnica, ni informática, ni de recursos humanos, para asumir la gestión del IRPF, que es medio sistema fiscal, a corto o medio plazo. Esto solo deja la opción de una opa hostil, de momento parcial, a la Delegación Especial de la AEAT en Cataluña. Esta inevitable fragmentación, para dar las llaves de la caja a la Generalitat, tendría consecuencias muy negativas con duplicidades, más gasto por euro recaudado, un incremento sustancial del fraude y, por último, graves perjuicios en la lucha contra la corrupción, que se basa en seguir el rastro del dinero. Un sistema fiscal vale lo que su administración tributaria, y fragmentada vale mucho menos.

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Sobre la firma

Antonio Maqueda
Periodista de la sección de Economía. Graduado en Periodismo en la Universidad de Navarra y máster por la Universidad de Cardiff, ha trabajado en medios como Cádiz Información, New Statesman, The Independent, elEconomista y Vozpópuli.
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