Quién recaudará el IRPF en Cataluña y otras cuatro preguntas sobre el pacto entre el Gobierno y la Generalitat

Los acuerdos firmados este lunes en Barcelona, en el marco de la Comisión Bilateral Estado– Generalitat, tienen un alcance potencial que va mucho más allá de la relación entre ambos Ejecutivos. La obligación del Gobierno central de cumplir el compromiso adquirido con Esquerra Republicana para que Cataluña tenga una “financiación singular” también ha llevado a reabrir la carpeta de la actualización del sistema de financiación autonómica, pendiente desde 2014.

Cataluña, como ha sido una constante en las pasadas reformas del sistema de financiación, vuelve a jugar el papel de palanca de cambio en este debate. No es lo único que se repite. En el pasado, lo defendido por la Generalitat en sus negociaciones políticas —y criticado por otros actores territoriales y políticos como supuesto trato de favor—, ha terminado siendo adoptado por el resto de comunidades. Aquí cinco preguntas para entender el alcance de lo firmado este lunes en Barcelona.

¿Se ha pactado un concierto catalán, como el vasco?

No exactamente. El acuerdo del Gobierno y la Generalitat reconoce la singularidad de Cataluña, justificada en el hecho que ha optado por exprimir las posibilidades del autogobierno, y le ofrece una fórmula de financiación a la medida trasladable a otras comunidades. Con un espíritu federal, la idea de fondo es que sean los Gobiernos autonómicos quienes decidan el nivel de avance en la corresponsabilidad tributaria y recauden los impuestos. De momento, solo cinco tienen Agencias Tributarias propias, siendo la catalana la más evolucionada, pero aún así sin el músculo para asumir en el corto plazo el 100% de la recaudación y gestión de los impuestos.

Las comunidades tendrían así la llave de la caja, pero se pactarían dos contribuciones al Estado: una por los servicios que este ejecuta en cada territorio y otra por concepto de solidaridad territorial. El cálculo de a cuánto ascenderían está por verse. El modelo establecerá el porcentaje de qué impuestos estatales han de sufragar esas dos partidas, así como cuánto se debe dedicar para pagar las competencias homogéneas (por ejemplo, la educación o la salud) y las singulares (en el caso catalán, entre otras, las prisiones).

¿Cataluña dejará de ser solidaria con el resto de comunidades?

No. El acuerdo deja claro que Cataluña, y posteriormente las otras que se quieran sumar, tendrán que contribuir para nivelar el sistema, es decir para que los servicios públicos básicos que prestan las comunidades tengan una calidad parecida. Es verdad que no se concreta cómo se calculará la cuota que garantizará que los territorios con menos capacidad puedan tener una mejor calidad de los servicios. El modelo fijará el porcentaje de ciertos tributos con los que se hará frente a esta partida. El planteamiento de la nueva financiación simplifica las condiciones del modelo actual. Ahora, la nivelación se hace a través de tres mecanismos diferentes. De salir adelante, sería en uno solo.

¿El nuevo modelo de financiación respetará la ordinalidad?

Se trata de un punto que el Gobierno catalán apunta dentro de la exposición de motivos del acuerdo, pero que no queda claro si el Ministerio de Hacienda hace suya. “Cataluña considera que esta aportación debe ser calculada, de manera transparente, con criterios objetivos y es condición necesaria que su aplicación no desvirtúe el principio de ordinalidad en el resultado final”, dice el texto.

Que se cumpla la ordinalidad, es decir, que quien más aporta no quede en peor posición relativa después del reparto de los recursos del sistema, es una de las líneas rojas de Esquerra. Cataluña, actualmente, es la tercera en aportar al sistema, pero baja hasta el décimo lugar tras el reparto. Aunque la Generalitat insiste en que la posición que ocuparía Cataluña bajo los futuros parámetros sería idéntica “antes y después” de aportar la cuota de solidaridad, no queda específicamente recogido.

¿Qué validez tiene que ese acuerdo sea entre dos Gobiernos?

Los cambios en el sistema de financiación autonómica tienen como espacio natural el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), el órgano que reúne a todos los titulares de Hacienda de las comunidades y el Gobierno. Si bien es cierto que una alianza entre el Ministerio de Hacienda y Cataluña bastaría para que se apruebe (el 50% del voto lo tiene el Gobierno), la voluntad es abrir una negociación más amplia. De hecho, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha pedido en la rueda de prensa posterior a la presentación que el PP se involucre en la negociación y le instó a que ponga sobre la mesa sus propuestas.

El otro frente abierto es el camino de la reforma legislativa necesaria para que el modelo salga adelante. Es necesario tocar en el Congreso la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), la norma que regula el sistema de financiación de régimen común (Ley 22/2009) y la ley 16/2010, del régimen de cesión de tributos del Estado a Cataluña. En las dos primeras se ha de definir el marco general. En la última, Cataluña decide acogerse y explica qué tributos quiere asumir. Cada comunidad tiene una norma similar.

¿Se cumplirá con la condición de que Cataluña gestione el próximo año el IRPF?

El pacto de investidura de Salvador Illa con Esquerra, firmado hace un año, asegura que la gestión de todos los impuestos por la Generalitat comenzaría con el IRPF y que eso se cumpliría “a lo largo de 2026”. Esa meta queda recogida dentro del acuerdo. Se establece un compromiso para seguir analizando “la cobertura convencional y, en su caso, legal”, para que las declaraciones del IRPF de 2025 se puedan presentar el año que viene ante Agencia Tributaria catalana. Sin embargo, el consejero de Presidencia, Albert Dalmau, matizó que de momento la agencia catalana no está en condiciones de asumir la gestión del impuesto más importante de todo el sistema fiscal. Ahora, esa entidad gestiona 5.000 millones de euros y se enfrenta a asumir 30.000. También está la realidad legal: hasta que no se complete el cambio normativo en el Congreso no se puede avanzar completamente y ese calendario es muy incierto.