El Gobierno convocará a la CNMC si no ve adecuada la retribución a las redes de las eléctricas

Se trata del Real Decreto-ley 1/2019. Esta norma contempla que, “con carácter previo a la aprobación de la circular normativa, el Ministerio para la Transición Ecológica podrá emitir un informe sobre la adecuación de la propuesta a las orientaciones de política energética. En caso de suscitarse discrepancias entre las partes, se convocará una Comisión de Cooperación con la finalidad de buscar el entendimiento entre ambas partes”.

El organismo independiente es el encargado de dictar las circulares con las que se regula la retribución de las redes eléctricas, un concepto que se paga en la factura como peajes. En octubre de 2024, la ministra para la Transición Ecológica, puesto que aún ostentaba Teresa Ribera, dictó una orden de política energética en la que se determinó que dicha política energética nacional, cuya competencia es del Gobierno, tenía que incentivar la inversión en electrificación y la descarbonización.

Ahora, fuentes al tanto de las negociaciones señalan que la propuesta de circular aprobada por la CNMC para determinar la tasa de retribución financiera de esas redes podría entrar en discrepancia con dichas orientaciones de política energética. El organismo que preside Cani Fernández propone que las redes tengan una remuneración del 6,46% sobre el capital invertido para los próximos seis años (2026-2031).

Las compañías eléctricas han sufrido un fuerte golpe en Bolsa tras presentarse esta propuesta. Las firmas dueñas de las redes (Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP, fundamentalmente) proponían que esa tasa estuviera entre el 7,5% y el 8% e incluso calcularon este retorno ante inversores y analistas. La diferencia entre lo que plantea la CNMC y lo que esperaba el sector son cerca de 3.000 millones menos para las empresas; de ahí el fuerte retroceso en Bolsa desde mayo.

Las fuentes consultadas señalan que el Gobierno prepara ahora un informe con su opinión respecto de las propuestas de retribución de la CNMC y, de discrepar de sus cifras, podría convocar la Comisión de Cooperación. Se trata de un comité entre las dos partes donde la CNMC está obligada a escuchar los argumentos del Gobierno. No obstante, si finalmente no llegan a un acuerdo, dicha propuesta no es vinculante, ya que la CNMC es independiente y sobre ella recae la responsabilidad de regular los costes del sistema eléctrico.

Sin embargo, fuentes del sector señalan que ante el más que posible recurso de las empresas a los tribunales, el hecho de que el Gobierno convoque el Comité de Cooperación y muestre discrepancias con la CNMC, podría ser un argumento de peso para los jueces que tengan que abordar la controversia. De hecho, el regulador está obligado a detallar que su propuesta se hizo una vez escuchada la posición del ministerio.

Este comité de cooperación ya fue convocado para cuatro circulares del anterior periodo retributivo, pero en la mayoría de casos se llegó a un acuerdo. No obstante, tanto la sala de supervisión regulatoria como el pleno del consejo de la CNMC tenían una posición más distante de la de los servicios técnicos que en la actualidad. Aunque no han logrado unanimidad al aprobar las propuestas, que actualmente se encuentran en audiencia pública hasta agosto, sí que tienen mayoría de votos a favor de las proposiciones lanzadas desde la dirección de energía que lidera Rocío Prieto.

Las grandes eléctricas están tratando de ejercer presión para que pueda elevarse algo esta tasa de retribución, pero por ahora no están teniendo todo el éxito esperado. Tampoco está claro que el Gobierno pida un aumento de esa remuneración. Aunque el ministerio es consciente que necesita los suficientes incentivos a la inversión para lograr la electrificación y la descarbonización, aún está analizando los números. Técnicos del sector creen que es prematuro hacer comparaciones a la baja con otros países dada la influencia de los plazos de retribución más largos en España que en otros territorios como Reino Unido.

Fuentes al tanto de las conversaciones creen que esta negociación, en la que eléctricas y Transición Ecológica podrían estar más próximos entre sí que con la CNMC, no se puede desligar de la amplia partida que juegan las empresas y el Ejecutivo. En este sentido, dudan de que el departamento liderado por la vicepresidenta Sara Aagesen vaya a ejercer fuerte presión sobre el regulador si, por otro lado, las compañías mantienen la fuerte beligerancia judicial en cuestiones clave como la gestión del apagón o la potencial prórroga nuclear.

Iberdrola ha recurrido al Supremo la creación del comité que formó el Ejecutivo para investigar el histórico incidente del 28 de abril que dejó a toda la península Ibérica a oscuras. Además, tal y como desveló este medio, Iberdrola y Endesa reclaman a los tribunales cerca de 800 millones de euros por las tasas relacionadas con la energía atómica mientras siguen sin presentar una propuesta de alargamiento de Almaraz, un pulso que se está yendo más allá de lo previsto en un inicio.

En esta encrucijada, las eléctricas además han perdido sorpresivamente algunos elementos de presión dentro de la CNMC. El consejero elegido este año a propuesta del PNV, Enrique Monasterio, se ha alineado completamente con los servicios técnicos y con la presidenta, Cani Fernández, en la propuesta de recorte a la retribución de las redes respecto de las aspiraciones de las compañías. Históricamente, el consejero nombrado a propuesta del partido jeltzale solía alinearse en las propuestas más cercanas a los intereses de compañías como Iberdrola, primer contribuyente de las haciendas vascas.

Eso ha provocado que los consejeros más cercanos a los postulados del Ministerio para la Transición Ecológica hayan quedado en minoría tanto en el pleno del consejo como en la sala de supervisión regulatoria. No lograron ni incorporar una propuesta que incluía revisar la retribución con parámetros objetivables aprobados ahora (tipos de interés, inflación, etc.) ya que no contaron con los apoyos suficientes. El hecho de mantener una retribución fija durante seis años ha provocado que las compañías dueñas de las redes hayan sufrido la fuerte escalada de la inflación y los tipos en los últimos años.

Por otro lado, la Comisión de Cooperación podría pedir cuentas por la similar retribución de las redes de gas a las de electricidad, lo que según las eléctricas es una agravio que va contra la descarbonización. Sin embargo, también las compañías gasistas están armándose con asesores para evitar que sus redes salgan perdiendo en esta batalla.