Iberdrola pide al Supremo que invalide el comité creado por el Gobierno que le responsabiliza del apagón

La guerra de culpas en torno al apagón del pasado 28 de abril escala todavía más ante la justicia. Iberdrola lleva a los tribunales al Gobierno por el peor incidente sufrido por el sistema eléctrico en la península y que provocó fuertes pérdidas económicas y también humanas.

La compañía presidida por Ignacio Sánchez-Galán presentó el pasado 30 de mayo un recurso ante la sala tercera de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo en el que pide invalidar la actuación del comité formado por el Ejecutivo para la investigación de la desconexión eléctrica que dejó sin luz a toda la península Ibérica durante horas, según ha avanzado el diario Público y han confirmado a este diario fuentes al tanto de la causa. Iberdrola considera que la competencia para analizar este tipo de recursos es del alto tribunal porque es un comité creado e integrado por varios ministerios, además de Presidencia, a través del departamento de Seguridad Nacional.

El escrito, elaborado por el despacho de abogados Clifford Chance, argumenta que la creación de dicho comité “carece de presupuesto habilitante” y de ”la más elemental cobertura jurídica". Así, el Consejo de Seguridad Nacional (CSN) formó este grupo para la gestión de una crisis “sin que se haya declarado la existencia de una situación de interés para la seguridad nacional por el Presidente del Gobierno”.

Con estas argumentaciones, Iberdrola pretende a través del recurso dejar sin validez el informe presentado el pasado 17 de junio en el que se apuntaba a Iberdrola -aunque no la mencionaba- como uno de los responsables del apagón. En este documento, se señala que algunas de sus plantas operaron de forma indebida y contribuyeron a que se fuera la luz y todo el país.

En el mismo recurso, los abogados de Iberdrola también acusan al Gobierno de “deslealtad” por “crear una apariencia de coactividad sin sustento legal” con el objetivo de recabar información de las empresas sobre el apagón. Dicho de otro modo, entiende la eléctrica que la petición de datos, incluso mostrando voluntariedad y colaboración, se produce en un escenario donde se le fuerza a entregar los datos. “El planteamiento es sencillamente absurdo”, ya que la recopilación de datos de las eléctricas “incluso admitiendo que la colaboración sea voluntaria, supone producir efectos jurídicos frente a terceros”. Desde que se produjo el incidente, las eléctricas, el Gobierno y Red Eléctrica se han lanzado acusaciones sobre la falta de datos reportados.

Desde Iberdrola y Clifford Chance han declinado hacer comentarios sobre esta acción judicial. Sin embargo, los responsables de la eléctrica han reiterado en diversas ocasiones desde el pasado 28 de abril que defenderían los intereses de sus accionistas y la reputación de la empresa.

Aunque en todo momento se ha preservado la confidencialidad de los datos utilizados para los diversos informes, el informe de Red Eléctrica y el del Gobierno han señalado que uno de los principales problemas que contribuyó al apagón fue una fuerte oscilación inusual y anómala que se produjo en una planta fotovoltaica de Badajoz. Eldiario.es publicó que dicha planta es la instalación solar Núñez de Balboa, propiedad de Iberdrola. Fuentes del sector también apuntan a dicha central.

Este recurso se planteó ante el Tribunal Supremo 17 días antes de que el Gobierno presentara las conclusiones del comité de expertos que investigó el apagón. Dicho comité estaba formado por diversos ministerios y organismos de la Administración.

“Además del MITECO, el Comité está integrado por representantes de Presidencia del Gobierno, a través del Departamento de Seguridad Nacional, y otros ministerios: el Ministerio de Defensa, con el Centro Nacional de Inteligencia y el Estado Mayor; el Ministerio del Interior, por medio del Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas y la Oficina de Coordinación Cibernética; y el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública. También forman parte del Comité otras entidades, como el Consejo de Seguridad Nuclear y el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España. Contará con el apoyo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, y podrá incorporar a expertos en la materia y a representantes de otras administraciones y del sector público o privado con el fin de disponer de la mejor información sobre lo sucedido”, señaló el Gobierno en un comunicado el pasado 30 de abril.

Justo un mes después de la creación del órgano, se interpuso el recurso por parte de Iberdrola solicitando su invalidez. Esta acción judicial llegó 17 días antes de que se presentaran las conclusiones del comité de expertos, que señalaba la responsabilidad de Iberdrola y otras compañías eléctricas, aunque no se citaba a ninguna compañía en concreto. También Red Eléctrica señalaba a las compañías energéticas como responsables únicas del cero nacional. La firma no admite culpa en el apagón, como sí le responsabiliza el informe del Gobierno.

Aunque el recurso se planteó antes de las conclusiones del comité, para el 30 de mayo Red Eléctrica ya había lanzado acusaciones a la operativa de las centrales de las eléctricas, después de que las compañías consideraran que la responsabilidad del apagón era del operador del sistema. La presidenta de la compañía, Beatriz Corredor, puso encima de la mesa que las centrales síncronas (nucleares y ciclos combinados, fundamentalmente) no estaban operando en los rangos debidos. Según explicó en diversos foros públicos, no absorbían tensión como debían hacerlo, lo que en última instancia provocó una sobretensión que llevó al histórico apagón.