El Gobierno deja en manos de la CNMC la instrucción del expediente sobre el gran apagón

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el real decreto ley con medidas para evitar un nuevo apagón como el sufrido en la península Ibérica el 28 de abril. Y, como adelantó EL PAÍS, el texto supone un impulso a las energías renovables al incluir varias medidas que el sector había solicitado. La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha destacado el valor de estas tecnologías en un “contexto geopolítico muy complicado”.

Este real decreto ley nace en parte fruto del informe sobre el apagón que elaboró su departamento, que se presentó la pasada semana. Según Aagesen, ahí identificaron “claramente” y “con rigor” las causas del suceso, vinculado a una sobretensión que no fue debidamente controlada. Pero interrogada sobre la asunción de posibles responsabilidades en Red Eléctrica, una empresa privada pero participada al 20% por el Estado, la vicepresidenta ha asegurado que eso será algo que se derive de los procedimientos administrativos y judiciales abiertos.

Desde el punto de vista administrativo, fuentes de Transición Ecológica apuntan a que la ley que rige el sistema eléctrico señala que es la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) la que debe realizar la instrucción de este expediente. Una vez que se concluya, la CNMC deberá elevar sus conclusiones a su propio consejo de administración y al Gobierno para que adopten, si lo estiman, las sanciones o medidas que consideren oportunas. De momento, en los propios informes que han presentado tanto Red Eléctrica como las compañías propietarias de las plantas que generan la energía sobre el apagón, todos han rechazado asumir las culpas.

Una vez aprobado el real decreto ley en el Consejo de Ministros, el Gobierno tiene que negociar el apoyo en el Congreso de los partidos para su convalidación. Fuentes de Transición Ecológica han defendido la “solvencia” técnica de la norma y han confiando “en que pueda ver la luz”. “Apelamos a la responsabilidad de todo el arco parlamentario”, han indicado estas fuentes.

El real decreto ley aprobado contempla una batería de medidas como incentivar el almacenamiento; una flexibilización de los plazos para la instalación de nuevos proyectos eólicos y fotovoltaicos; un impulso a la electrificación; y que estas tecnologías puedan también participar en el control de la tensión y el respaldo del sistema (y cobrar por ello).

Llega en un momento delicado para el sector, ya que la inversión había caído con fuerza por la bajada de precios de la electricidad, las dificultades burocráticas para llevar a término los proyectos, la falta de regulación o el incremento de costes, lo que había secado en gran medida la financiación.

Entre otras medidas el texto recoge es la ampliación de los plazos para ejecutar los nuevos proyectos solares y eólicos que ya cuentan con todos los permisos pero que corren el riesgo de caducar y perder la inversión y el punto de acceso a la red. El ministerio da más margen, y argumenta que en algunos casos en la tramitación “se han introducido condicionantes ambientales, técnicos o de otro tipo, que han extendido los calendarios de ejecución”, según el texto del real decreto ley al que ha accedido EL PAÍS.

Fuentes del sector calculan que había cerca de 5 GW que corrían peligro de perder avales y toda la tramitación ya que la autorización administrativa de explotación vencía el próximo 26 de junio. Es decir, un día después de que entre en vigor este decreto que viene a salvar muchos proyectos.

Sin noticias de Almaraz

Tras el apagón, muchos apuntaron contra las renovables para, entre otras cosas, defender a las nucleares. Lo hizo, por ejemplo, el presidente de EE UU, Donald Trump, para justificar a aprobación de varias órdenes presidenciales que se supone que impulsarán la energía nuclear en su país.

Dentro de España, donde se vive desde hace meses una constante presión desde la derecha política y el sector pronuclear para que el Gobierno amplíe el calendario de cierre de las centrales españolas, el apagón hizo que el debate subiera todavía más de intensidad.

A pesar de que las compañías eléctricas públicamente abogan por esa ampliación, el ministerio ha vuelto a insistir este martes en que no ha recibido ninguna petición concreta para el caso de la central extremeña de Almaraz, la primera que empezará con el proceso de cierre en 2027.

Fuentes del ministerio aseguran que si se recibe esa petición se estudiará, pero dejan claro que esa solicitud debe ser compatible con la seguridad y no puede perjudicar a los clientes, es decir, no puede incrementar la factura. Y ahí es donde radica el problema: el Gobierno no está dispuesto a asumir el coste (ya sea en la factura o vía impuestos) de ampliar unas centrales que, según la planificación energética estatal, no serán necesarias en los próximos años por la entrada de renovables en el sistema.