El Gobierno lanza un balón de oxígeno a las renovables en su decreto antiapagones

Lejos de dar marcha atrás por el inédito apagón del 28 de abril, el Gobierno sube su apuesta por las energías renovables. Así se refleja en un borrador del real decreto ley, al que ha tenido acceso EL PAÍS, que el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes y que supone un balón de oxígeno para ese sector. El Ministerio para la Transición Ecológica, competente en materia energética, plantea en el texto una batería de medidas como incentivar el almacenamiento; una flexibilización de los plazos para la instalación de nuevos proyectos eólicos y fotovoltaicos; un impulso a la electrificación; y que estas tecnologías puedan también participar en el control de la tensión y el respaldo del sistema (y cobrar por ello).

Este real decreto ley, que el Gobierno sigue negociando con diversos grupos parlamentarios para atar su convalidación, es la respuesta normativa que ofrece el Ejecutivo ante el histórico cero energético que en la primavera dejó sin suministro a la península Ibérica al completo. En su informe sobre el apagón, en el que el Gobierno repartía culpas entre Red Eléctrica y las grandes compañías, ya se apuntaban a algunas de las medidas que ahora se concretan en el texto del borrador al que ha accedido este medio. Por ejemplo, el informe de la pasada semana concretaba la necesidad de fomentar el almacenamiento eléctrico y la pertinencia de poner en marcha un plan de repotenciación de proyectos renovables.

Solo una semana después del gran apagón, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, en una entrevista con este diario, se reafirmaba en la apuesta por estas tecnologías, que han sido cuestionadas tras al apagón: “Las renovables le están dando la posibilidad a España de lograr una independencia energética muy importante en un mundo vulnerable geopolíticamente”.

Pero, además, el apagón se produjo en un delicado momento para el sector renovable en España. La inversión en renovables había caído con fuerza por la caída de precios de la electricidad, las dificultades burocráticas para llevar a término los proyectos, la falta de regulación o el incremento de costes, lo que había secado en gran medida la financiación. La banca de inversión se ha atascado en muchos de los procesos de venta que tenía encargados en los últimos años. Desarrolladores puros de fotovoltaica como Solaria, que había caído a mínimos históricos, ha subido casi un 50% en el último mes, prueba de que el mercado espera medidas a favor del sector. Ante esta coyuntura, el Gobierno despliega una batería de medidas que puedan reactivar la inversión en un sector que necesita más de 200.000 millones de euros para cumplir con los objetivos comprometidos con Bruselas en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC).

Almacenamiento

Una de las demandas del sector renovable era, precisamente, la del impulso al almacenamiento, que permitiría a las plantas solares y eólicas acumular la energía que producen cuando hay sol y viento para luego soltarla en otro momento, y ser remuneradas por ello. En el preámbulo del real decreto ley el ministerio defiende que el almacenamiento permite “una mayor integración de energías renovables, reduciendo la dependencia de fuentes fósiles y disminuyendo las emisiones de CO₂”. Y añade: “Además, fortalece la resiliencia ante eventos extremos y contribuye a la soberanía energética. La rapidez en los trámites también impulsa la inversión privada y la innovación tecnológica. Acelerar los procesos reduce costes, mejora la competitividad y apoya los objetivos climáticos nacionales y europeos”.

Entre las medidas concretas que se plantean en este ámbito está la agilización de los permisos y la exención del trámite de evaluación ambiental si la instalación de almacenamiento se encuentra dentro del perímetro de una planta que ya haya recibido ese visto bueno.

Otro de los puntos importantes que recoge el texto es la ampliación de los plazos para ejecutar los nuevos proyectos solares y eólicos que ya cuentan con todos los permisos pero que corren el riesgo de caducar y perder la inversión y el punto de acceso a la red. El ministerio aboga por dar más margen, y argumenta que en algunos casos en la tramitación “se han introducido condicionantes ambientales, técnicos o de otro tipo, que han extendido los calendarios de ejecución”.

Además, el departamento de Aagesen aborda otro problema que preocupaba mucho al sector: la paralización desde la vía judicial de algunos proyectos renovables, como ha ocurrido en Galicia. El real decreto ley lo que hace es detener el contador de tiempo para los proyectos que se vean afectados por las paralizaciones cautelares judiciales.

Fuentes del sector señalan que había cerca de 5 GW que corrían peligro de perder avales y toda la tramitación ya que la autorización administrativa de explotación vencía el próximo 26 de junio. Es decir, un día después de que entre en vigor este decreto.

Se simplifica también la tramitación de la repotenciación de las instalaciones renovables (cambiar los generadores antiguos por nuevos, más potentes y eficientes).

Por otro lado, el texto pretende impulsar la electrificación de la demanda. Y se apunta a dos frentes: la agilización en la instalación de puntos de recarga para coches eléctricos y el impulso a las bombas de calor y la aerotermia, abriendo la puerta a reducciones en impuestos como el IBI o el ICIO y modificando la Ley de Propiedad Horizontal. Por otro lado, el ministerio pretende volver a prorrogar el mecanismo de apoyo a las industrias electrointensivas (otros 250 millones para pagar parte de su factura). El decreto también deja espacio a la mejora de determinadas cuestiones regulatorias del autoconsumo.

Tensión

“La adopción de las medidas de incremento de la demanda eléctrica es urgente para dar una señal inmediata que permita a los distintos agentes avanzar en la electrificación en los ámbitos industrial, de movilidad y de climatización”, afirma el decreto, donde se recuerda también que el apagón se produjo en un contexto de baja demanda.

Pero la principal causa del cero fue, según el informe del Gobierno de la semana pasada, una sobretensión que aparentemente no fue debidamente controlada por Red Eléctrica y las compañías que generan la energía. El ministerio puso el foco sobre algunas plantas convencionales, de gas y nucleares, que cobran precisamente por estar activas para controlar la tensión y que, según el informe gubernamental, no habrían operado correctamente el día del apagón.

Ahora, en el real decreto ley se incluyen varios cambios normativos para que las plantas renovables también puedan contribuir a controlar esa tensión y ser retribuidas por ello. Este punto ya ha sido revisado por al CNMC, que ha autorizado a que las energías verdes puedan ser partícipes de un procedimiento de operación que llevaba años sin actualizar.

El decreto también activa los pagos por capacidad, una histórica demanda de las grandes energéticas que quieren que sus centrales que dan respaldo (nuclear, ciclos combinados, etc.) puedan cobrar por estar disponibles. También se pone en marcha el agregador de demanda, para que los consumidores puedan participar en dar flexibilidad al sistema y cobrar por evitar apagones.

Además de hacer más requerimientos de información a la CNMC, Red Eléctrica, distribuodpras y eléctricas, propone revisar la planificación de redes cada tres años, en el ecuador de cada plan de inversión. Fuentes de Transición Ecológica han evitado hacer comentarios sobre el contenido del real decreto, que no será definitivo hasta que no se apruebe.