El debate nuclear entra en una fase decisiva que marcará el futuro energético de España para las próximas décadas

Casi nada de lo que acontece en el mundo y en España se puede explicar sin la incidencia de la energía nuclear. Sobre todo, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial y las contribuciones científicas de Albert Einstein. Los conflictos geopolíticos, y el poder de grandes potencias mundiales como Estados Unidos, Reino Unido, Rusia, Irán, Francia, Alemania, Reino Unido o Corea del Norte, no se entiende sin el poder de disuasión que tienen los programas nucleares de aquellas naciones que tienen en su haber la bomba atómica, un arma de destrucción masiva que, paradójicamente, ha actuado en las últimas décadas como elemento clave para un entendimiento de mínimos en la comunidad internacional.

Pero su uso civil para el suministro de energía eléctrica también es un elemento clave en las relaciones entre países y en el funcionamiento interno de los estados. Desde hace décadas, la energía nuclear es un elemento crítico a múltiples niveles en las grandes potencias. La influencia de Francia, la gran potencia atómica dentro de Europa. La incidencia de EE UU, que prevé operar plantas hasta por 80 años. El plan de nuevas construcciones nucleares de Reino Unido. La incidencia de minireactores que prevén utilizar empresas como Amazon para centros de datos. La fuerte presencia de la nuclear en Finlandia, país admirado por su nivel educativo o el estado del bienestar de los nórdicos. El desmantelamiento nuclear de Alemania y su dependencia el gas ruso promovida por su excanciller Gerhard Schröder. O la casi indiferencia que presta a la nuclear China, llamada a ser el imperio dominante en este siglo. Todos ellos son elementos siempre a tener en cuenta a la hora de hacia dónde se debe dirigir España, en un debate que nunca termina. Incluso la visita que Henry Kissinger, el secretario de Estado más poderoso del siglo XX, hizo a la España tardofranquista presidida por Luis Carrero Blanco también pudo tener razones relacionadas con el supuesto desarrollo español de un programa nuclear que nunca llegó.

En tiempos de democracia la energía nuclear ha ocupado un lugar preferente en el debate público. Desde el distanciamiento que generó en la sociedad por desastres como Chernóbil en la extinta URSS o posteriormente Fukhushima (Japón) a un renacer tras la invasión de Rusia sobre Ucrania, que ha evidenciado la debilidad que implica depender del gas de terceros. No solo por razones económicas sino también de autonomía estratégica, la bandera que enarbola ahora Bruselas. Incluso medioambiental, ya que es una tecnología que no emite CO2. Su punto débil son los residuos. Tras un difícil acuerdo entre las empresas propietarias de las centrales y el Ejecutivo para pactar un calendario de cierre de 2027 a 2035, ahora que se acerca la hora de la verdad las dudas afloran y ya se ha puesto encima de la mesa si conviene o no, alargar la vida útil de las plantas. Al cierre de José Cabrera y Garoña debería sumarse en dos años Almaraz, pero la posible clausura genera debate social, político, territorial y económico. Sobre esa decisión estratégica se pronuncian varios expertos.

Una de las voces más influyentes en el sector energético es Joaquín Coronado, para quien, pese a no haber sido nunca pronuclear e incluso en su momento le pareció bien el calendario de cierre pactado en 2019, “el contexto ha cambiado”. “Hoy la prioridad es reforzar la autonomía energética, lo que exige reducir el consumo de gas (que aumentaría con el cierre), contener el precio de la electricidad y seguir eliminando emisiones de CO₂”.

El debate de fondo ya no es tanto si cerrar o no cerrar sino a qué coste. Para el Gobierno, la actual fiscalidad es adecuada; y para las empresas, hace inviable su situación. Ahí Coronado cree necesario aliviar algunos tributos. En la misma línea se expresa el exministro y expresidente de Red Eléctrica, Jordi Sevilla. Según considera, una vez el déficit del sistema eléctrico se acerca a su fin, es posible dar una señal de rebaja fiscal a las empresas sin que eso suponga un sobrecoste para los contribuyentes ni para los consumidores.

Para otro expresidente de operador del sistema eléctrico, Luis Atienza, hay más dudas sobre los números. Estos tres expertos tienen claro que cerrar nucleares implicará usar otras centrales de gas y, si los precios del CO2 y el propio hidrocarburo sube mucho, puede ocurrir que cerrar las nucleares sea un error. Ninguno contempla la creación de nuevos reactores. Atienza, pide hilar muy bien a la hora de hacer los cálculos, ya que, con un gas más caro, podría ser una buena decisión extender unos años más la vida de las centrales nucleares.

Para la economista experta en energía y catedrática universitaria Natalia Fabra la cuestión no es tan binaria y las consecuencias van más allá de lo que aparentemente implica la extensión nuclear. “El simple anuncio de que se alargará la vida de las nucleares puede frenar decisiones de inversión en energías renovables que ahora mismo se están estudiando”.

La cuestión no es baladí: la contribución de las renovables en España se está revelando estratégica. Uno de los últimos informes de la OCDE pide a la industria europea intensiva en consumo energético relocalizarse en España por la competitividad de precios energéticos que aportan las energías verdes. Europa, muy influida por Francia, ha calificado de verde la energía nuclear, ya que no produce emisiones de CO2.

A nivel político, tras el apagón del 28 de abril, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se abrió a negociar una prórroga, pero dejó un recado a los dirigentes de las eléctricas y la oposición, que ya ha manifestado su deseo de mantener la energía nuclear. Sánchez dijo que si las nucleares siguen no será para que los ultrarricos de las empresas ganen más. En el extremo opuesto, desde las compañías (Iberdrola y Endesa, fundamentalmente) han emprendido una cruzada en los tribunales y aseguran que la situación de impuestos actual hace que las plantas atómicas sean inviables.

Hay expertos que corroboran esa inviabilidad. Óscar Barrero, socio de PwC y responsable de energía, asegura que en sus estudios todos los escenarios de cierre provocarán que los consumidores tengan una electricidad más cara, incluso en los supuestos más favorables. En su opinión, el Gobierno es consciente de que la carga impositiva sobre las plantas atómicas es excesiva y, si no lo ha rebajado ya, es por una cuestión de opinión pública, de no parecer que cede ante las eléctricas.

En las antípodas de Barrero se encuentra Fernando Ferrando, presidente de la Fundación Renovables, y abiertamente contrario a cualquier prórroga atómica. Recurre al preámbulo de la Ley 15/ 2012 de medidas fiscales para el sector energético que aprobó el Gobierno del PP. En la misma se dice que la sociedad tiene que asumir la responsabilidad por los residuos radiactivos. La cuestión no es menor para Ferrando, quien considera que producir con nucleares es dejar una hipoteca durante muchas décadas a la sociedad española.

Su conclusión es que la energía atómica está marcada actualmente por la opacidad (en referencia a cuestiones de seguridad) y la incertidumbre. Cree que no se internalizan bien los costes: “Cómo se puede calcular el coste de la energía nuclear cuando la Enresa francesa (Andra) asegura que los residuos nucleares necesitan de una gestión de 150 años”. “Un plazo tan largo es asumir una incertidumbre imposible de manejar”, concluye.

La energía nuclear en España está muy marcada a distintos niveles. Actualmente genera tensión territorial. Casi todas las fuerzas políticas en Extremadura o Cataluña se niegan a cualquier cierre, dada la amplia actividad que generan en sus territorios las centrales nucleares. Sin embargo, por ahora solo el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, ha eliminado los impuestos regionales a las nucleares (la ecotasa) mientras el resto se resiste a perder ingresos. Incluso los líderes sindicales se han mostrado favorables a mantener estas plantas, ya que son una fuente de empleo en zonas donde están sufriendo las consecuencias de la despoblación.

Con todos estos condicionantes, el Gobierno y las empresas tendrán que ir tomando decisiones que marcarán el futuro de España. Un escenario que se verá muy influenciado por el resurgir de la energía atómica en diversos países del mundo. Ese resurgir también puede condicionar la situación española. El debate nuclear que viene de décadas, seguirá vivo aún durante muchos años.