Cataluña no es enemiga

Los lemas propagandísticos aportan nada. El de “cupo separatista” es débil: si hay cupo, o sea, contribución al Estado de lo que una comunidad recauda para pagar los servicios centrales que recibe, es que está inserta, adscrita o integrada a ese Estado. Discútase si esa contribución se calcula adecuadamente; y si se le añade una aportación adicional “solidaria” para nivelar al alza a las menos prósperas, que es explícita en ese pacto.

Que sea “la sentencia de muerte para España” es falso e insidioso: desde hace decenios existen el concierto vasco y el convenio navarro, así como sus cupos derivados, y España sigue viva.

El pacto recuerda que “Catalunya siempre ha liderado” la mejora de la financiación autonómica. Es exacto. Desde 1983 (cesión del 15% del IRPF), al otorgamiento de la mitad de lo recaudado en impuestos clave, o las competencias en sanidad. Eso ha suscitado recelos, comprensibles desde la óptica del honesto menos próspero. Pero inaceptables desde el meridionalismo eternamente subvencionado. Muchos han seguido su ruta, asumiendo lo que criticaron como privilegio. Por eso el acuerdo pretende ser “generalizable a otras comunidades”.

Si es “generalizable”, ¿hay agravio? Seamos precisos. El sistema de financiación no predica un igualitarismo irresponsable, ni siquiera la “igualdad” abstracta, a la que contribuyen tanto o más otros mecanismos: la Seguridad Social, o los fondos estructurales europeos.

Sino que persigue (y seguirá postulando) una “nivelación de financiación” que otorgue a cada administración autónoma, a parecido esfuerzo fiscal, similares recursos por habitante ajustado para financiar los servicios esenciales del Estado del bienestar (educación, sanidad, servicios sociales). Lo asegura el Fondo de garantía de los servicios públicos fundamentales del acuerdo de 2009 (el último). Que absorbe el 75% de los recursos tributarios correspondientes a cada autonomía. Eso seguirá así aunque se modulen cantidades. La igualdad de oportunidades en servicios sociales está garantizada. Pues nadie la discute.

Así, Cataluña contribuirá, como territorio con renta superior a la media, a los gastos del Estado que la benefician (el cupo), y a la solidaridad niveladora con una aportación adicional. ¿Cuánta? La que se proponga bilateralmente y se acuerde multilateralmente. Quien niegue la bilateralidad, que se apreste a organizar policía y prisiones propias, para no restar autogobierno a quienes van más allá de las competencias básicas.

A partir de ahí, todo es complejo, pero evidente en la comparativa federal internacional. Un sistema autonómico no consiste solo en descentralizar gasto, sino también ingreso.

De ahí, una agencia tributaria propia, consorciada, delegada o coordinada según los distintos modelos disponibles (RFA, Australia, Canadá, EEUU…). Consagra la responsabilidad propia, el principio de “internalización de costes”. Y una mayor capacidad normativa (no exclusiva: a pactar grados). O una correspondencia entre lo aportado y lo recibido del sistema, se llame “ordinalidad” o proporción, y se arbitre como sea menos injusto: que hoy lo es. Todo eso, al menos. Porque Cataluña no es enemiga.