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Uno de los periodistas del juicio del fiscal general: “Conmino al Supremo a que deduzca testimonio”

Miguel Ángel Campos, de la Cadena SER, niega que García Ortiz le facilitase el correo filtrado, como apunta la sentencia del tribunal

J. J. Gálvez

Miguel Ángel Campos, periodista de la cadena SER, fue uno de los testigos que declaró en el juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Él fue el reportero que publicó las primeras informaciones sobre el correo electrónico filtrado en la noche del 13 de marzo de 2024. Durante la vista, Campos reiteró ante el tribunal que su fuente no era el máximo representante del ministerio público; que no se comunicó con él aquel día; y que había visto, leído y copiado ese documento seis horas antes de que lo tuviera García Ortiz. Sin embargo, la sentencia que condena al fiscal general lo contradice. “Se pone en duda mi relato”, ha afirmado irritado el periodista en la noche de este martes, antes de añadir: “Lo que extraña es que [los magistrados] no cumplan con la obligación del tribunal; que nos hizo esa prevención de que, en caso de no decir la verdad, esto podía tener una consecuencia: la deducción de testimonio. Pues que lo haga”.

“Yo conmino al Tribunal Supremo a que lo haga. O las acusaciones particulares o populares: que pidan deducción de testimonio”, ha insistido el reportero, especializado en el área de Tribunales, durante una intervención en Hora 25.

—¿Crees que lo harán? —le preguntó el presentador del programa.

—Espero que sí, espero que lo hagan, que se deduzca testimonio y que un tribunal distinto abra una causa por falso testimonio contra los periodistas, incluido a mí mismo. Y que veamos si es posible con la prueba que existe que se pueda concluir por parte de un juez imparcial que somos mentirosos.

La sentencia del Supremo, rubricada por cinco de los siete miembros que componía el tribunal, hace equilibrios al referirse a los informadores. Los magistrados se esfuerzan para no cuestionar la credibilidad de los periodistas que declararon en el juicio —media docena afirmó que tuvo acceso al email de la defensa de Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso, antes que García Ortiz (de forma total o parcial—. Y la Sala no afirma expresamente, en ningún momento, que Campos mienta. Pero su relato de “hechos probados” contradice directamente el testimonio del reportero de la cadena SER.

Según el fallo, tras publicar El Mundo la primera información tergiversada (que decía que el ministerio público había ofrecido un acuerdo al novio, cuando había sido realmente al revés) y cuando ya se extendía el bulo de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso (que mantenía que esa supuesta oferta se había retirado como una especie de chantaje político); la Fiscalía General comenzó a acopiar documentación para conocer el contenido de la supuesta negociación. Y entonces: “La información recopilada, concretamente el correo electrónico de 2 de febrero [que desmentía la falsedad extendida], fue comunicado desde la Fiscalía General del Estado, con intervención directa o a través de un tercero, pero con pleno conocimiento y aceptación por parte García Ortiz, al periodista de la Cadena SER”, escribe la mayoría del tribunal.

En el juicio, al igual que hizo durante la fase de instrucción, Campos puso sobre la mesa un relato muy distinto. Este afirmó que accedió al contenido del correo sobre las 16.00 del 13 de marzo, pero que su fuente le prohibió publicarlo y solo le dio permiso una vez que El Mundo difundió, a las 21.59, la versión tergiversada. El reportero se acogió al secreto profesional para no revelar quién le facilitó el email y relató que, aunque llamó al fiscal general por teléfono para intentar confirmar la noticia antes de que se lo autorizara su fuente, este no le cogió ni le devolvió la llamada. Sin embargo, el Supremo también contradice ese punto y mantiene que “mantuvo una comunicación” con García Ortiz en la noche del 13 de marzo.

Para ello, el tribunal se apoya en un informe sobre los registros telefónicos, que plasman una llamada de cuatro segundos. El testigo dijo que saltó el buzón de voz. Los magistrados lo cuestionan: “De todas las llamadas analizadas en el período de tiempo investigado, esta es la única en la que registra estos datos. Todas las demás llamadas que se recogen a lo largo del informe en las que el fiscal general del Estado no atiende la llamada, la compañía telefónica reporta cero segundos en la comunicación, lo cual llama sumamente la atención y es sugerente de una comunicación personal indiciaria de contactos ulteriores por otras vías telemáticas”.

Este martes, Campos contestó así a esa tesis en Hora 25: “El tribunal sugiere que, en esa llamada de cuatro segundos, he hablado efectivamente con el fiscal general del Estado y me ha podido filtrar la información. ¡Cuatro segundos! Esa llamada es a las 21.38. A las 21.38, el fiscal general del estado no tenía todavía los correos. Está sugiriendo el tribunal que, en cuatro segundos, el fiscal general me filtra una información que no tenía en ese momento”.

El voto particular, de las dos magistradas que defienden la absolución, también se refiere a ello: “La sugerencia de la sentencia mayoritaria no es más que una mera sospecha, que se decanta, entre las varias opciones igualmente posibles, por la más perjudicial para García Ortiz. Y además la más artificiosa: entender que en una conversación de cuatro segundos se pudo revelar o confirmar el contenido del correo”.

El voto particular incide precisamente en que, pese a que la mayoría del tribunal “no cree” las afirmaciones de los “citados periodistas” (“pues no se tienen en cuenta como prueba de descargo”), “no [se] acuerda deducir testimonio” contra ellos. “A mí me da la sensación de que al fiscal general del Estado le han aplicado el derecho penal del enemigo; que sus garantías procesales han sido relativizadas e incluso suprimidas, como es el caso de la presunción de inocencia; y que, ante cualquier duda, se ha concluido en contra de reo”, ha subrayado Campos, que ha acusado al Supremo de “ir de la mano de la acusación”.

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Sobre la firma

J. J. Gálvez
Redactor de Tribunales de la sección de Nacional de EL PAÍS, donde trabaja desde 2014 y donde también ha cubierto información sobre Inmigración y Política. Antes ha escrito en medios como Diario de Sevilla, Europa Sur, Diario de Cádiz o ADN.es.
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