La asociación de fiscales progresistas ve en la sentencia del Supremo “un giro constitucionalmente letal”

La Unión Progresista de Fiscales (UPF) considera que la sentencia de condena al ya exfiscal general del Estado implica “un desplazamiento radical del estándar penal”. La asociación que presidieron tanto Álvaro García Ortiz como su sucesora, Teresa Peramato, ha emitido este miércoles un duro comunicado en el que cuestionan la resolución del Tribunal Supremo por condenar al fiscal general pese a que la sentencia afirma que no se sabe “con certeza” si quien filtró el correo del abogado de Alberto González Amador fue el acusado “o alguien de su entorno”. “Ya no se condena porque algo esté probado, se condena porque lo contrario no resulta suficientemente convincente. Este giro es constitucionalmente letal. Porque entre ‘estar probado’ y ‘no existir alternativa convincente’ media exactamente la presunción de inocencia. Ese espacio es el que protege a cualquier ciudadano de una condena injusta”, señala esta asociación, que en las últimas emanas ha emitido otros comunicados muy críticos con el tribunal e incluso se han dirigido a la ONU para pedirle que analice las “graves anomalías” del proceso.

La nota hecha pública por la UPF advierte de que la sentencia contra el ya ex fiscal general “trasciende con mucho” al caso concreto y la convierte “en un acontecimiento de indudable relevancia histórica, jurídica y democrática”. “Cuando la confianza en la Justicia se resquebraja, el ciudadano queda solo frente al poder punitivo del Estado. La justicia no solo debe ser justa, debe verse que es justa. Y cuando un proceso de máxima trascendencia constitucional deja en amplios sectores sociales una sensación de inquietud, rigidez, precipitación o apariencia de veredicto predeterminado, la confianza se resiente, incluso aunque la sentencia sea formalmente válida”, advierte el texto.

La asociación carga especialmente contra el Supremo por, según la UPF, vulnerar la presunción de inocencia e invertir la carga de la prueba por exigir que sea el acusado quien pruebe su inocencia en lugar de ser las acusaciones quienes demuestren su culpabilidad, que es lo que exige la Constitución. “Cuando una sentencia razona así: No hay explicación alternativa razonable, luego la hipótesis condenatoria es válida; en realidad está diciendo que si el acusado no logra construir una alternativa plenamente sólida, será condenado. Eso es una inversión encubierta —pero real— de la carga de la prueba", afirma la UPF, que añade: “La sentencia no afirma que esté probado con certeza que fue el acusado. Afirma algo muy distinto: que no existe una explicación alternativa razonable”.

La asociación reprocha también al tribunal que haya dictado una sentencia que alimenta “la duda”. “La duda no ha sido aquí un elemento externo al sistema ni una controversia generada fuera del proceso. La duda ha nacido en el corazón mismo del órgano sentenciador”, advierte el texto en referencia al voto particular firmado por las magistradas Ana Ferrer y Susana Polo, quienes consideran que García Ortiz debió ser absuelto porque no hay indicios suficientes para considerar que filtró el correo y la nota de prensa emitida por la Fiscalía para desmentir la información que estaba lanzando el entorno de Isabel Díaz Ayuso no era delictiva. “Cuando la división se produce dentro del máximo órgano jurisdiccional del país, no estamos ante una discrepancia menor, sino ante una fractura jurídica de máxima relevancia constitucional”, afirma la UPF.

La asociación cuestiona otras conclusiones clave de la resolución del Supremo, como el hecho de que considere el borrado del teléfono de García Ortiz como una constatación más de su culpabilidad; o que la sentencia se haya construido “mediante la unificación artificial en una sola acción delictiva” de dos conductas “de naturaleza, autoría y contexto radicalmente distintos”: la filtración del correo y el comunicado de prensa.