Una entidad financiada por la Comunidad de Madrid adjudicó contratos por casi dos millones al despacho de Montoro

Madrid Network, una asociación empresarial sin ánimo de lucro creada por el Gobierno de Esperanza Aguirre en 2007 para fomentar la innovación tecnológica, pagó entre 2008 y 2011 1,8 millones de euros a Equipo Económico (EE), el despacho fundado por el exministro Cristóbal Montoro, que acaba de ser imputado por la supuesta comisión de siete delitos.

Así lo refleja un informe de la unidad central anticorrupción de los Mossos d’Esquadra, cuyos investigadores citan la exclusiva de 2015 de EL PAÍS que destapó esos pagos. EE también asesoró al Gobierno capitalino de Alberto Ruiz-Gallardón, para quien elaboró un informe sobre dependencia presentado en 2009. Ese mismo año, el Gobierno regional de Aguirre le pagó 67.280 euros por un análisis de esa normativa. Finalmente, en los últimos años, el despacho fundado por Montoro ha realizado cinco estudios para el Ayuntamiento de José Luis Martínez-Almeida y el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso a través de convenios firmados con CEIM financiados con dinero público. La patronal afirma que fue ella quien seleccionó a EE, y que por ello pagó alrededor de 77.000 euros en total.

Las huellas de la relación entre Madrid Network y EE se explicitan en un informe de 2019 de la unidad central anticorrupción de los Mossos d’Esquadra. La entidad privada, presidida por un consejero del Gobierno regional, y financiada, entre otras vías, con subvenciones directas de la Comunidad de Madrid, la Cámara de Comercio y la patronal CEIM, pagó por servicios de asesoría de EE 164.720,00 euros en 2008; 454.721,16 en 2009; 662.359,93 en 2010; y 581.224,36 en 2011, según detallan los investigadores basándose en las declaraciones de operaciones con terceros del propio EE. Para entonces, Montoro ya había abandonado el despacho: lo fundó en 2006, y dijo haberse desvinculado de él en 2008, cuando fue elegido diputado.

Sin embargo, para entonces la influencia y los contactos de Montoro en las administraciones gobernadas por el PP eran ya inmensos. También en Madrid, una región que los conservadores han gobernado ininterrumpidamente desde 1995.

Así, cuando se produjeron esas adjudicaciones, el presidente de Madrid Network era Antonio Beteta, consejero de Hacienda con Aguirre. Beteta había sido secretario general de Política Fiscal, Territorial y Comunitaria con el ministro Montoro entre 2000 y 2003. Finalizada su etapa en Madrid Network, volvería a trabajar con él: entre 2011 y 2016, Montoro hizo de Beteta su secretario de Estado de Administraciones Públicas.

Cuando EL PAÍS desveló estos pagos, fuentes próximas a Beteta aseguraron que “jamás firmó una adjudicación”. “Beteta solo era un cargo político. Estaba centrado en su labor en la consejería [era el titular de Economía y Hacienda]”.

Ahora, casi 20 años después de que comenzaran los pagos, el actual Gobierno regional defiende la actuación de la Comunidad en Madrid Network, donde trabajó Isabel Díaz Ayuso hasta el mes anterior a ser diputada por primera vez (2011), a razón de 4.219 euros al mes.

“No tenemos ninguna información sobre el contrato que tenía la consultora Equipo Económico porque eso era un contrato interno que tenía con Madrid Network”, explica una fuente que cuenta con la confianza de la presidenta regional. “Madrid Network era una asociación de empresas, no formaba parte de la Comunidad de Madrid, que era un asociado más, y dejó de serlo”, sigue. “La hoy presidenta, entonces era asesora del departamento de prensa”, añade este interlocutor. Y precisa: “Era la tercera en ese departamento. Redactaba notas de prensa. Hace más de 15 años”.

En aquella época Aguirre gobernaba la Comunidad de Madrid y Alberto Ruiz-Gallardón, también del PP, el Ayuntamiento de la capital. Allí, en 2009, presentó la concejala Concepción Dancausa Treviño, Delegada del Área de Familia y Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid, un informe sobre dependencia con el sello de EE. No fue el único trabajo del despacho para las administraciones del PP. Ese mismo año, el Gobierno regional de Aguirre le pagó 67.280 euros por un análisis de esa normativa, según se puede comprobar en la lista de acuerdos que adoptó el Consejo de Gobierno.

“Cuando montas un despacho en el que todo el mundo que está estaba a su vez en el mundo político es imposible que no acabes entrando en la administración, aunque sea legal, porque es de lo que sabes”, opina un político que lo ha sido todo en la Comunidad de Madrid, y que conoce las entrañas del PP. “Pero esto era más”, lamenta a la luz de la investigación ahora conocida. Y remata: “Para la gente del PP Montoro era el coco, el antiliberal, ha tenido la mala suerte de que no le ha caído bien a nadie, y por eso ahora nadie le va a amparar”.

Para la gente del PP Montoro también fue durante mucho tiempo un político poderoso, el influyente ministro con las llaves de los Presupuestos Generales del Estado. La huella en Madrid del despacho que fundó no es profusa, pero existe. Y llega hasta tiempos recientes. Así, en los últimos años EE ha elaborado varios informes sobre la industria madrileña o el tejido económico de Madrid para la patronal CEIM a través de los convenios firmados por esta con el Ayuntamiento de José Luis Martínez-Almeida y el Gobierno regional de Díaz Ayuso, que financian los distintos objetivos de los distintos acuerdos con cientos de miles de euros en total.

“Los Convenios suscritos por CEIM con Comunidad y Ayuntamiento dan libertad a la Confederación para elaborar estudios, informes y distintos trabajos, en colaboración con diferentes consultoras que CEIM selecciona en base a su solvencia técnica”, explica un portavoz de la patronal. “Es CEIM por tanto quien selecciona a sus proveedores y quien paga sus servicios”, añade. “Desde el año 2020 la Confederación ha contratado más de 45 estudios y trabajos con al menos 15 empresas diferentes, por un importe total aproximado de 650.000 euros”, sigue. Y concreta: “La colaboración con Equipo Económico en ese mismo periodo de tiempo se ha circunscrito a la contratación de un total de cinco estudios por un importe total aproximado de 77.000 euros”.

Este diario pidió su opinión al Ayuntamiento, sin haber obtenido respuesta en el momento de publicación de este artículo.