El Gobierno aprobará la quita de la deuda autonómica “a principios de septiembre”

El Gobierno aprobará la quita de deuda autonómica en uno de los primeros consejos de ministros tras el parón estival. El proyecto de ley que habilitará la condonación parcial de la deuda de Cataluña y del resto de las comunidades del régimen común que lo soliciten se tramitará “a principios de septiembre”, según han señalado fuentes del Ejecutivo. La medida, anunciada a finales de 2023 como parte del acuerdo entre el PSOE y Esquerra Republicana (ERC), fue cogiendo forma con el paso de los meses y ahora, con su elevación al Consejo, dará un nuevo paso en su camino al Congreso.

Otras fuentes gubernamentales recuerdan que los detalles de la decisión se anunciaron hace ya varios meses y que, hasta ahora, la iniciativa ha sido validada en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y sometida a consulta pública. Por ello, “tiene lógica” que se eleve al Consejo de Ministros próximamente. Varios medios catalanes han adelantado este martes que una fecha posible es el 2 de septiembre, en el segundo consejo tras las vacaciones de verano, ya que el primero se celebrará todavía en agosto, el próximo martes 26.

La condonación tiene un alcance estimado de algo más de 83.000 millones de euros, que el Estado asumirá como parte de su estrategia para reducir el sobreendeudamiento de los territorios. La mayor parte de ese pasivo corresponde a préstamos otorgados a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), un mecanismo extraordinario creado en 2012 ―durante la crisis financiera― para garantizar la financiación de comunidades con dificultades de acceso a los mercados.

El plan, ofrecido a todas las comunidades del régimen común —quedan excluidas Navarra y el País Vasco por sus regímenes forales—, tiene el objetivo de aliviar las cargas financieras de los gobiernos autonómicos a cambio de un compromiso con la estabilidad presupuestaria. El objetivo del Gobierno es cerrarlo antes de que termine 2025.

Los partidos soberanistas de Cataluña llevan años reivindicando la quita y, en paralelo, denunciando la “infrafinanciación” que sufre la comunidad. En los últimos meses, ERC aprovechó la tesitura política y la fragmentación del Parlament para acelerar la condonación a cambio de facilitar la investidura de Salvador Illa como president de la Generalitat.

ERC ha celebrado este martes los avances, aunque su presidente, Oriol Junqueras, ha recordado que hay que progresar en la financiación singular de Cataluña (la otra medida que reclaman los republicanos) si se quiere tener la posibilidad de pactar unos Presupuestos Generales del Estado en 2026 ―los últimos en ver la luz fueron los de 2023―.

“Hemos trabajado con el objetivo de que antes de final de año el Congreso de los Diputados dé luz verde a esta condonación”, ha asegurado Junqueras mediante un comunicado de prensa. El acuerdo para la quita del FLA es extensible para todas las comunidades y en el caso de Cataluña, continua la nota, el perdón de la deuda con el Fondo implicaría un ahorro de 17.104,95 millones de euros, el que representa un 19,9% del pasivo total de la Generalitat.

Junqueras, además, ha recalcado la importancia de agilizar el trámite para que la quita tenga un impacto directo e inmediato en las cuentas de la Generalitat. “Es importante que se apruebe antes de finales de este año para que así el gobierno catalán pueda incorporar en sus cuentas el ahorro en intereses de unos 1.000 millones de euros anuales, hecho que supone aproximadamente un ahorro del 20% en este concepto”, ha explicado.

Impacto desigual

La propuesta de Hacienda establece una quita total de 83.252 millones de euros, pero el reparto entre comunidades no es homogéneo. Andalucía encabeza la lista con 18.791 millones condonados, seguida de Cataluña y, después, la Comunidad Valenciana con 11.210 millones. Madrid, pese a no haber recurrido al FLA, figura también entre las más beneficiadas por volumen absoluto, con 8.644 millones. En el grupo intermedio se sitúan Castilla-La Mancha (4.927 millones), Galicia (4.010), Castilla y León (3.643), Murcia (3.318) y Canarias (3.259). Las cifras son más moderadas en Aragón (2.124 millones), Baleares (1.741), Extremadura (1.718), Asturias (1.508), Cantabria (809) y La Rioja, que cierra la tabla con 448 millones de euros.

Más allá del volumen total, el impacto de la quita varía si se analiza el porcentaje del pasivo que se elimina o la condonación per cápita en población ajustada. Canarias, por ejemplo, verá perdonada cerca del 50% de su deuda, muy por encima de la media nacional, mientras que Andalucía y Asturias se aproximan al 45% y 36%, respectivamente. En cuanto al cálculo por habitante ajustado, los mayores importes se concentran en las comunidades más infrafinanciadas: Comunidad Valenciana, Andalucía, Cataluña, Castilla-La Mancha y Murcia, con alrededor de 2.285 euros por persona. En el extremo opuesto se sitúan regiones como Madrid, Galicia, La Rioja o Castilla y León, que recibirán entre 1.368 y 1.369 euros por persona. Hacienda estima que, en conjunto, las comunidades podrían ahorrarse entre 5.000 y 7.000 millones de euros solo en intereses gracias a esta operación.

Desde que se dio a conocer el acuerdo con ERC, la propuesta ha generado un intenso debate político, especialmente entre los gobiernos autonómicos del Partido Popular, que rechazan la medida y reclaman una reforma estructural del sistema de financiación autonómica, sin actualizar desde 2009. Pese a esa oposición, el proyecto fue avalado en febrero por el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), aunque la sesión estuvo marcada por el abandono en masa de los consejeros del PP, en señal de protesta.

Una vez que pase el Consejo de Ministros, la norma deberá someterse a votación en un Congreso muy dividido, en el que el Gobierno tendrá que intentar cosechar los apoyos necesarios. A partir de ahí, en el caso de recibir el visto bueno, los gobiernos autonómicos deberán decidir si sumarse a la ola o no, ya que la quita ni está condicionada a ninguna medida ni es obligatoria. Serán los barones territoriales quienes decidan si ignorarla o acogerse a ella. Hasta la fecha, las comunidades del PP se han limitado a exigir una reforma integral del sistema de financiación y han cargado contra la condonación por haberse diseñado, aseguran, a placer de Cataluña. Sin embargo, no han dicho claramente si solicitarán o no el perdón de la deuda.