El Gobierno limita el FLA y espolea a las comunidades a financiarse en los mercados

Las comunidades contarán en 2026 con mayor libertad para buscar recursos en los mercados con los que financiar sus números rojos, aunque seguirán contando con el respaldo del Estado. Así lo ha acordado la Comisión Delegada del Gobierno de Asuntos Económicos (CDGAE), que ha restringido el acceso al FLA (Fondo de Liquidez Autonómico) y flexibilizado los criterios para que las autonomías, a partir del próximo año, puedan combinar la financiación privada con los préstamos a bajo coste que el Tesoro les viene ofreciendo desde hace más de una década. Solo tres de los 17 Gobiernos regionales tendrán precluida esta nueva opción para cubrir los vencimientos de su deuda: Cataluña, la Comunidad Valenciana y Murcia, que presentan los balances más deteriorados. Al no cumplir con los nuevos requisitos, solo podrán financiar un máximo del 10% de sus necesidades anuales en el mercado.

“El objetivo es reforzar la autonomía y responsabilidad financiera de los territorios”, asegura el Ministerio de Hacienda en una nota en la que comunica escuetamente los nuevos criterios —haber cerrado el ejercicio sin déficit y tener una deuda inferior al 19,5% de su PIB—, a la espera de que se publique el acta de la CDGAE. En realidad, el departamento dirigido por la vicepresidenta María Jesús Montero ha hecho de necesidad virtud porque no tenía margen de maniobra. Los objetivos de deuda y déficit son la referencia que se emplea para determinar si una comunidad puede financiarse en el mercado y a la vez acceder a los préstamos del Estado, pero el Congreso, que los tiene que refrendar para que entren en vigor, tumbó la propuesta presentada el año pasado por el Ejecutivo.

“No habrá con carácter general adhesión a FLA en 2026 porque no se han acreditado (...) incumplimientos a nivel individual de cada comunidad autónoma de déficit o deuda, al no haberse establecido objetivos individuales en 2024”, señalan fuentes ministeriales. En otras palabras, Hacienda flexibiliza los criterios porque no hay objetivos en vigor.

La cuestión es intricada, como suele ocurrir con los asuntos vinculados a la financiación autonómica, y hay que volver atrás en el tiempo para desentrañarla. En 2012, el año del rescate financiero y uno de los momentos más duros de la Gran Recesión, el Ministerio de Hacienda diseñó unos instrumentos para apoyar a las autonomías y evitar que sus cuentas cortocircuitaran. Entre ellos estaba el FLA, la clave de bóveda de los llamados mecanismos extraordinarios de liquidez: unos préstamos baratos del Tesoro para que las autonomías pudieran atender sus necesidades de financiación sin enfrentarse a los tipos de interés desorbitados que exigían los mercados en aquella época.

Al FLA se le sumó después otro compartimento, la Facilidad Financiera. La diferencia no es trivial. El primero está restringido a aquellas autonomías que no han logrado cumplir con los objetivos de déficit, deuda y regla de gasto, y es incompatible con la financiación privada: las comunidades que lo soliciten no pueden a la vez emitir deuda en los mercados, además de estar sujetas a un control más estricto del Estado sobre sus cuentas. La Facilidad Financiera, en cambio, permite combinar los préstamos del Tesoro con el crédito privado, pero solo está abierta a los territorios que han satisfecho, a la vez, los tres requisitos contables exigidos.

“Por una cuestión técnica, las comunidades en 2026 estarán adheridas directamente al compartimento de Facilidad Financiera y no al Fondo de Liquidez Autonómico”, señala la nota de Hacienda. “Esto se debe a la falta de objetivos individualizados de déficit y deuda en 2024, ya que la propuesta presentada por el Gobierno que flexibilizaba el déficit para las comunidades autónomas fue rechazada en el Congreso con los votos en contra del PP”, insiste.

El cambio —forzoso— de criterio se produce en un momento en el que debate sobre las cuentas autonómicas está particularmente encendido. El Gobierno ha acordado una financiación singular para Cataluña, a la que los demás territorios son reacios, además de una quita de parte de la deuda regional. También esta última propuesta ha sido pactada con los partidos independentistas catalanes y ha provocado encontronazos entre el Ejecutivo central y los demás barones regionales, que exigen modificar el sistema de financiación y corregir de una vez los desequilibrios que genera, una reforma pendiente desde 2014.

Anomalía

Los mecanismos extraordinarios de liquidez, como su mismo apellido dice, suponen una anomalía. Se aprobaron para encarar un momento delicado, pero según la mayoría de los expertos deberían haberse eliminado hace tiempo porque suponen un rescate encubierto a las comunidades que desincentiva la disciplina fiscal. Sin embargo, siguen vigentes más de una década después y la mayoría de las autonomías continúa enganchada a ellos. Este año, Andalucía se acogió a la Facilidad Financiera; Aragón, Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña —el territorio que más se ha beneficiado de los mecanismos extraordinarios de liquidez—, Extremadura, Murcia, La Rioja y Comunidad Valenciana han solicitado el FLA.

El acuerdo aprobado por la CDGAE —el órgano colegiado del Gobierno que analiza los asuntos económicos más relevantes— establece que, en 2026, podrán combinar los recursos del Tesoro con el mercado solo aquellos territorios que registraron superávit o equilibrio presupuestario al cierre de 2024 o que, a la misma fecha, acumulaban una deuda inferior al 19,5% de su PIB. Deberán, además, elaborar un Plan Plurianual de Endeudamiento y someterlo a la evaluación de Hacienda, que tendrá la última palabra. La adhesión al FLA el próximo ejercicio se limitará a las autonomías que incumplan durante dos meses seguidos el periodo medio de pago a proveedores de 30 días.

Según los datos de Hacienda, seis autonomías registraron déficit en 2024: Comunidad Valenciana (con un saldo negativo del 1,88% de su PIB), Murcia (-1,11%), País Vasco (-0,63%), Cataluña (-0,41%), Madrid (-0,19%) y La Rioja (-0,04%). Sin embargo, solo tres de ellas también presentaban al cierre de ese ejercicio una tasa de deuda superior al 19,5%: Comunidad Valenciana (40,7%), Murcia (31,5%) y Cataluña (29,7%). Estos tres territorios solo podrán captar en los mercados un máximo del 10% de sus necesidades anuales de financiación si quieren combinar las dos opciones, salvo que decidan financiarse exclusivamente a través del Tesoro o solo en los mercados. Esta última opción, sin embargo, se antoja complicada. Aunque los tipos de interés han bajado, los fuertes desequilibrios en sus cuentas podrían elevar el precio a pagar.