La factura de las comunidades por los intereses de la deuda aumentará un 50% hasta 2028

El volumen de deuda crece y la factura por intereses lo hace aún más rápido. En 2028, las comunidades autónomas tendrán que abonar por este concepto un 50% más de lo que pagan ahora, según una proyección elaborada por el centro de análisis Fedea y publicada este martes. Si el cálculo se realiza a partir de 2022, cuando el Banco Central Europeo (BCE) puso punto final a la era de tipos negativos y cerró el grifo de la liquidez, el importe se triplica: de los 3.608 millones que los territorios tuvieron que desembolsar entonces hasta los 11.789 que se anotarán en tres años. Siempre que no se produzca una nueva vuelta de tuerca.

“Los supuestos que hemos utilizado en nuestra estimación pueden considerarse conservadores respecto al escenario actual y, en cierta medida, optimistas respecto al comportamiento fiscal de las comunidades autónomas”, señalan los autores del estudio, Manuel Díaz y Carmen Marín. Su análisis parte de la premisa de que las cuentas regionales se han deteriorado de forma acelerada en las dos últimas décadas, a partir de la crisis financiera de 2008, afectadas por las presiones al alza en el gasto. Una tónica restrictiva de la política monetaria se mantendrá en los próximos años. Con estos mimbres, prevén que el volumen de la deuda autonómica crezca proporcionalmente mucho menos que el pago de intereses.

El tipo medio de la deuda autonómica —ratio entre el pago anual de intereses y el stock de deuda pública a cierre de año—, del 1,1% en 2022, llegaría al 3,2% en 2028, casi triplicándose en seis años. Algunas comunidades experimentarían repuntes más marcados y otras más suaves, en función de la composición de su deuda, la vida media de esta y las tasas a las que se han venido financiando. En Asturias, por ejemplo, el tipo medio podría alcanzar casi el 5% a finales del periodo analizado, puesto que se financia en gran medida mediante préstamos a tipo variable, lo que ha elevado su coste en los últimos años por encima de la media. Si entre 2022 y 2024 la tasa promedio para el conjunto de las autonomías subió del 1,1% al 2,2%, en Asturias saltó del 1,3% al 4%. Canarias y Castilla y León también llegarían a registrar tasas del 4% para 2028; el tipo más bajo sería el de La Rioja (2,3%).

En términos absolutos, la mayor factura en intereses la seguirían pagando las comunidades más endeudadas: Cataluña y la Comunidad Valenciana. La primera llegaría a pagar por esta rúbrica casi 1.800 millones en 2028, cuando en 2022 abonó cerca de 1.000, con un incremento del 174%; la segunda multiplicaría por más de cuatro el pago, hasta los 1.569 millones de euros. En valores porcentuales, el salto más grande lo daría La Rioja (+739%), aunque seguiría siendo el territorio que menos paga por intereses (37 millones) debido a su deuda reducida.

El tamaño de la deuda autonómica crecería a una velocidad muy inferior: rozaría los 363.000 millones en 2028, un importe un 14,5% mayor con respecto a los niveles del año 2022 (45.854 millones de euros más). Si se mide el pasivo como ratio sobre el PIB, un indicador que refleja mejor la salud de las finanzas públicas, la previsión es que la tasa vaya bajando en el periodo analizado, en casi cinco puntos: pasaría del 23,9% de 2022 al 19,1% en 2028, una reducción debida en gran medida al vigoroso crecimiento económico.

El análisis se ha realizado a políticas constantes, sin incorporar el impacto de eventuales ajustes ni de la quita parcial de la deuda autonómica, pendiente de concretarse, que han pactado el Gobierno y Cataluña para todos los territorios del régimen común. El informe se construye en torno a las estimaciones de crecimiento y la información presupuestaria y macroeconómica elaboradas por los organismos oficiales, como el Banco de España, la Autoridad Fiscal (Airef), el Ministerio de Economía y el de Hacienda. Para calcular el tipo de interés, se ha tomado como referencia el del bono soberano a 5-7 años de junio 2025 (2,5%) en el caso de la financiación de los desfases presupuestarios. Y el diferencial medio del bono soberano a 5-7 años en el periodo 2016-2023 respecto al mismo a junio 2025 (1,7%) para las nuevas emisiones de deuda.

La ratio de deuda autonómica sobre el PIB regional “se reduciría hasta el 19% en 2028. Sin embargo, los gastos por intereses más que se triplicarían en tan solo seis años. Esta situación obligaría a redirigir recursos crecientes desde otras políticas públicas hacia el pago del servicio de la deuda”, concluye el documento. A la luz de esta conclusión, sugiere a los Gobiernos regionales que calibren “con mucha prudencia” la eventual puesta en marcha de políticas fiscales expansivas. “Han de ser conscientes de que embarcarse en reducciones significativas de impuestos y/o proyectos de gasto de dudosa rentabilidad social, dañaría claramente la sostenibilidad de las finanzas públicas regionales”.