De las deportaciones o los recortes a las medidas antitrans: los sucesivos varapalos de la justicia a la Administración de Trump

Tras respaldar a Donald Trump en dos docenas de casos durante el último año, lo que reforzó sus poderes y le permitió implementar a su antojo políticas sobre inmigración, servicio militar o la función pública federal, el Tribunal Supremo propinó este viernes un severo correctivo a una de las prioridades de su mandato, la guerra arancelaria. En una sentencia trascendental, el Supremo declaró ilegal buena parte de los gravámenes impuestos, al considerar que el presidente de EE UU excedía sus poderes según la ley federal.

Pero la justicia ha ido más allá de los aranceles en los 13 meses transcurridos desde que el republicano volvió a la Casa Blanca. Más de 650 demandas judiciales han intentado, y en muchos casos, logrado frenar su intento de transformar radicalmente la Administración federal —mediante el despido masivo de funcionarios, la derogación de la ciudadanía por nacimiento o políticas medioambientales abiertamente antiecológicas—, según Lawfare, una página web que recoge los recursos interpuestos contra las medidas ejecutivas del Gobierno de Trump. Lawfare traza los litigios relativos a cuestiones de seguridad nacional y, en concreto, los que impugnan las deportaciones masivas ordenadas en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros, una antigualla de 1798 que Trump ha recuperado para, como prometió en la campaña electoral, limpiar EE UU de inmigrantes.

En más de 350 casos, los tribunales han permitido que las políticas de la Administración sigan vigentes, aún pendientes de resolución. Sin embargo, en más de 150 los tribunales han suspendido, al menos parcialmente, las políticas de la Administración, ya sea mediante órdenes de restricción temporal o medidas cautelares preliminares. Hasta la cúspide del Supremo, prácticamente todos los niveles de la Administración de justicia están implicados en esta gran ofensiva contra la Casa Blanca, en especial los tribunales de distrito.

Este jueves, víspera de la decisión del Supremo, que en un año ha visto 28 casos —tres de ellos pendientes—, había 375 casos activos; 161, con suspensión de la orden o medida, y 131 resueltos, con victoria de la Casa Blanca en cinco, tablas en dos, 49 a favor de los demandantes y 75 desestimados.

El capítulo más numeroso engloba una miscelánea de casos contra el recorte de fondos federales para investigación, servicios de salud mental, programas educativos, radiotelevisión pública o la gestión de desastres naturales (150 litigios). Le sigue la política migratoria, con 119 demandas, a las que se añaden otras 14 sobre la aplicación de la citada Ley de Enemigos Extranjeros, en concreto la causa activa W.M.M vs Trump, presentada en abril pasado para deportar a venezolanos acusados de pertenecer supuestamente a bandas criminales y que se espera constituya la batalla legal decisiva para la aplicación de esa ley. El Supremo ya ha dictado una sentencia preliminar en la que establece que los inmigrantes no recibieron notificación suficiente de su deportación, pero no se ha pronunciado sobre la legalidad general de la proclamación de Trump. Un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito rechazó la afirmación de la Administración de que los venezolanos presentes en EE UU constituían una “invasión”, y el caso será ahora examinado en una nueva audiencia.

A continuación, están las causas relativas a los despidos masivos de empleados federales (69 casos), con resultado mixto para la Casa Blanca: algunos jueces federales han dictaminado que Trump no tenía autoridad para despedir a los funcionarios, mientras el Supremo, que ha fallado a favor del presidente en algunos casos, aún no se ha pronunciado definitivamente sobre la demanda presentada por Lisa Cook, despedida de la Junta de Gobernadores de la Fed pero que sigue ocupando su puesto.

Desmantelar el Estado

Menor número de casos se registran contra la imposición de aranceles (68), las políticas climáticas y medioambientales (45 casos, en los que no se incluye la reciente anulación del consenso científico sobre el efecto dañino de los gases de efecto invernadero); el desmantelamiento de la Administración federal y la eliminación de organismos gubernamentales ordenado por el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, en sus siglas inglesas) de Elon Musk, con 32 querellas; medidas contra la comunidad trans en cárceles o competiciones deportivas (30 casos), y, a la cola, acciones contra el intento de suprimir la ciudadanía por nacimiento (10 causas) y la prohibición de acceso a instituciones a varias entidades, como la agencia de noticias Associated Press en castigo por usar la denominación oficial Golfo de México (y no de América, como pretende Trump), con otros 10 casos.

El último apartado engloba 101 demandas de diversa índole contra la Administración republicana por cuestiones como su deseo de acabar con el programa de tarificación de la congestión del tráfico en el centro de Nueva York, los límites al reembolso de servicios o fármacos a la red de clínicas de planificación familiar Planned Parenthood o la retirada de libros sobre raza y género de las escuelas del Departamento de Defensa.