El Supremo de Estados Unidos tumba gran parte de los aranceles de Trump

El Tribunal Supremo de Estados Unidos, de mayoría conservadora, ha decidido tumbar los aranceles llamados “recíprocos” que el presidente Donald Trump impuso de forma indiscriminada a más de un centenar de países. El fallo, de 170 páginas, amenaza al Gobierno estadounidense con la obligación de tener que devolver decenas de miles de millones de dólares por gravámenes cobrados inconstitucionalmente. No está claro cómo se podría producir esa devolución; la sentencia no lo establece. Tampoco su alcance definitivo, salvo porque reviste una enorme trascendencia.

La decisión del Supremo, que Trump corrió a definir como una “desgracia”, no afecta a todos los gravámenes comerciales impuestos por la Administración de Trump. Se pronuncia solo sobre los llamados aranceles recíprocos, la mayoría, dirigidos a los socios comerciales, y otros destinados a China, Canadá y México. Son los que Trump aprobó invocando la ley de poderes de emergencia de 1977 (IEEPA son sus siglas en inglés) y anunció con gran fanfarria el 2 de abril de 2025 en el jardín de la Casa Blanca, en un acto que bautizó como el Día de la Liberación. Hay otras tasas comerciales específicas sobre el aluminio, los coches, por ejemplo, que no se ven afectadas esta decisión. El tribunal considera que Trump hizo un uso generalizado de los poderes de emergencia de la ley y que por tanto abusó de ella.

La opinión mayoritaria la firma el presidente del Supremo, John Roberts, y cuenta con el apoyo, esperado, de las liberales Ketanji Brown Jackson, Elena Kagan y Sonia Sotomayor, y de los magistrados conservadores Neil Gorsuch y Amy Coney Barrett que, nombrados por Trump en su primera presidencia, ya se mostraros escépticos con los aranceles del republicano durante la vista oral, celebrada en noviembre. Ese resultado (6-3) es habitual en el Supremo actual, con una supermayoría conservadora inédita desde los años treinta, pero normalmente sirve para dejar en minoría a las tres juezas liberales.

El alto tribunal ha demostrado una robusta tendencia a darle la razón a Trump en su sostenida estrategia de ampliación del poder ejecutivo que esta sentencia contradice. La noticia llega cuatro días antes del discurso del Estado de la Unión, el primero que dará el presidente de Estados Unidos desde su regreso al poder. El revés recibido este viernes influirá sin duda en la redacción de ese texto, tras semanas en las que el republicano ha presionado directa e indirectamente a los magistrados del Supremo para que fallaran en favor de sus intereses.

Hay dos opiniones disidentes: la de Clarence Thomas, el más veterano y el más a la derecha de los jueces, y la de Brett Kavanaugh, uno de los tres magistrados nombrados por Trump en su primer mandato. El tercero discordante es Samuel Alito.

En la de este último, de 63 páginas, Kavanaugh anticipa que lo que se avecina con este fallo para la economía estadounidense será un “desastre”. “Los efectos provisionales de la decisión del tribunal podrían ser sustanciales. Estados Unidos podría verse obligado a reembolsar miles de millones de dólares a los importadores que pagaron los aranceles de la IEEPA, aunque algunos importadores ya hayan trasladado los costos a los consumidores u otros”, escribe Kavanaugh. “Como se reconoció en los argumentos orales, es probable que el proceso de reembolso sea un desastre”.

El delegado comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, ya aseguró hace unas semanas que si el Supremo falla en contra de los aranceles, la Administración “comenzará al día siguiente a restablecerlos para responder a los problemas que el presidente ha identificado”.

Escepticismo previo

La decisión, que deja tocada de muerte la agenda económica de Trump, llega tres meses después de la vista oral celebrada en la Corte Suprema para estudiar la legalidad de los gravámenes comerciales. Los jueces escucharon entonces los argumentos de ambas partes sobre la potestad del presidente para recurrir a la IEEPA al diseñar su política arancelaria. En aquella vista, de más de dos horas, salió a relucir el escepticismo de los magistrados sobre su legalidad.

La Ley de poderes de emergencia (IEEPA) fue aprobada hace casi medio siglo por Jimmy Carter para limitar el poder presidencial en materia de economía exterior después de los intentos de Richard Nixon de saltarse los límites del ejecutuvo.

La Casa Blanca ya había contemplado la posibilidad de un revés del Supremo y adelantó que recurrirá a otras fórmulas legales para mantener los aranceles. El Gobierno había barajado al menos cinco vías alternativas por las que mantener o volver a aprobar los aranceles.

Aunque el fallo no lo menciona expresamente abre una enorme amenaza para la Administración Trump por los gravámenes cobrados indebidamente. Economistas de Penn-Wharton Budget Model calculan que la Casa Blanca podría enfrentarse a devoluciones por 175.000 millones de dólares, según cálculos realizados para Reuters.

La sentencia resuelve dos demandas impuestas por una empresa juguetera de Illinois y otra compañía familiar importadora de vinos y licores de Nueva York, que representan a varios centenares de pequeñas y medianas empresas agrupadas en torno a la plataforma We Pay the Tariffs (Nosotros pagamos los aranceles), que se suman a las presentadas por un puñado de legisladores demócratas.

Las demandas llegaron al Tribunal Supremo después de que otros tribunales inferiores sentenciaran que la IEEPA no concede al presidente poderes ilimitados y no le otorga la autoridad para imponer aranceles de forma indiscriminada.

Los demandantes argumentan que la ley aprobada por el presidente Carter en 1977, sobre la que se ha apoyado ahora Trump para justificar sus aranceles, no menciona los términos “aranceles”, “derechos aduaneros”, “impuestos” o “gravámenes”. Ese fue precisamente uno de los argumentos del letrado Neal K. Katyal, quien representó a las empresas durante su intervención en la audiencia del Supremo. El otro es que la IEEPA se ha usado en numerosas ocasiones durante los últimos 50 años para “decretar sanciones, pero nunca”, proclamó el abogado, “ni una sola vez, para dictar política arancelaria”. Katyal recordó que la potestad para imponer impuestos se la otorgaron los “padres fundadores” al Congreso.

La vista oral ofreció algunas pistas de por dónde podían ir los jueces. La mayoría de los magistrados, incluyendo los conservadores que han mimado a Trump con sus decisiones, expresaron sus dudas sobre la potestad del presidente de aprobar aranceles en virtud de la ley de emergencia.

Desde el pasado 2 de abril, la jornada proclamada por Trump como Día de la Liberación, Estados Unidos ha impuesto aranceles indiscriminados a más de un centenar de países. Se trata de gravámenes a la importación que van desde el 15%, que ha fijado para la mayoría de bloques, hasta el 50% para India o Brasil. La Administración Trump también ha establecido tasas especiales para países, para sectores generales, pero también para productos específicos en función de sus intereses, que no son necesariamente comerciales, como los aranceles al acero y el aluminio, al sector automovilístico e incluso a los tocadores del cuarto de baño.

“Los aranceles de 2025 afectarán con mayor fuerza a la ropa, los productos con alto contenido metálico, como equipos eléctricos y computadoras, y los vehículos motorizados. Si se invalidan los aranceles de la IEEPA, la carga sobre la ropa y los productos relacionados se aliviaría en gran medida”, señala el Laboratorio de Presupuesto de la Universidad de Yale.

La Casa Blanca ha esgrimido la IEEPA para imponer cinco tipos de aranceles: los recíprocos, los relacionados con el fentanilo, los vinculados a las importaciones de petróleo ruso, los que se aplican a los productos indios y de Brasil y los acuerdos comerciales negociados otros países en virtud de la ley.

Este think tank, que ha seguido la evolución de la política comercial de Trump durante el último año, sostiene que la tarifa arancelaria promedio de Estados Unidos ha fluctuado enormemente este año. Ha pasado del 2,4% a principios de enero a una tasa próxima al 28% a finales de abril tras la declaración de la guerra comercial de Trump. Y luego han bajado al 16,8% cuando negoció con la Unión Europea y al 14,4% tras las últimas modificaciones que recogen rebajas de los aranceles para Suiza y para un amplio catálogo de productos alimenticios como el café, la carne roja o frutas y verduras habituales de la cesta de la compra producidos en algunos países latinoamericanos. En cualquier caso, la tasa arancelaria actual ronda el 15%, la más elevada desde 1935.