Los aranceles de Trump aterrizan en el Supremo en un nuevo test a los límites de su poder presidencial

El Tribunal Supremo de Estados Unidos escuchará este miércoles los argumentos orales del caso en el que Donald Trump se juega el futuro de sus aranceles. Será una caprichosa coincidencia: es también el día en el que se cumple un año de la victoria en las urnas que lo devolvió a la Casa Blanca con la promesa de poner patas arriba la economía mundial a base de gravámenes a las importaciones.

De la audiencia no saldrá una decisión, pero es de esperar que sí la impresión de por dónde irán los tiros del fallo del alto tribunal, cuando este dicte sentencia de urgencia. Tampoco será en junio, al final del curso judicial, como es costumbre, sino antes de final de año.

Las prisas se deben a que la agenda económica del presidente de Estados Unidos, que ha repetido hasta la saciedad que “arancel” es una de sus palabras favoritas del diccionario, pende de esa sentencia del Supremo. Es el caso más importante entre los muchos relacionados con la ampliación del poder ejecutivo que ha emprendido Trump sin contar con el Congreso y como parte de su agenda autoritaria, y estudia la constitucionalidad de los gravámenes que Washington ha impuesto a decenas de países en virtud de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, que desde 1977 permite al presidente regular las importaciones en circunstancias excepcionales.

Los demandantes son una coalición de cinco pequeñas empresas y una docena de Estados demócratas cuyos negocios consideran afectados por la agenda comercial de Washington. Estos consideran que Trump se extralimita al recurrir a esa norma extraordinaria.

Mucho en juego

El presidente, por su parte, ha dejado claro que hay mucho en juego para él. “En mi opinión, será una de las opiniones más importantes y trascendentales tomadas por el Supremo”, escribió Trump el domingo pasado en su red social, Truth, lo cual es, incluso para él, mucho decir: el alto tribunal ha tomado decisiones de enorme calado para la sociedad estadounidense muchas veces antes.

En ese mensaje, el presidente estadounidense también despejó la duda sembrada por él mismo cuando aventuró que estaba listo para convertirse en el primer presidente en el cargo de la historia en asistir a una audiencia en la sede del Supremo en Washington, que en esta ocasión se espera que dure más de dos horas. “No iré al tribunal el miércoles, porque no quiero desviar la atención de la importancia de esta decisión”, argumentó. Si no le dan la razón, Trump considera que Estados Unidos se convertirá en “un país debilitado, con problemas y en una situación financiera desastrosa durante muchos, muchos años”.

El caso en realidad son dos. En Learning Resources Inc. contra Trump, el Tribunal de distrito de la ciudad de Washington, dio la razón a una empresa de juguetes educativos y decidió en mayo pasado que los aranceles, decretados por la Casa Blanca el 2 de abril y seguidos por múltiples acelerones y marchas atrás, eran inconstitucionales.

En Trump contra V.O.S. Selections (una compañía de importación de vinos y licores de Nueva York), fue el Tribunal de Comercio Internacional de los Estados Unidos (CIT) el que dictaminó, también en mayo, que al presidente no le asiste facultad de utilizar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional para establecer aranceles. El fallo del CIT fue confirmado después en apelación por un tribunal que reconoció el poder del presidente para imponer ciertas tasas, pero no con el alcance que a él le gustaría

Además de los miles de millones de dólares que están en juego ―según el Departamento del Tesoro, se han recaudado 195.000 millones en aranceles hasta el cierre del año fiscal, el 30 de septiembre―, la cita en el Supremo servirá para sentar un nuevo precedente en la relación entre los poderes ejecutivo y legislativo.

La veterana analista del Supremo Linda Greenhouse auguró este martes en un artículo en The New York Times las dificultades que tendrán “los magistrados conservadores” ―que son mayoría, de seis contra tres― para conjugar “su deferencia” hacia el presidente —evidentemente patente en los últimos meses con sus múltiples órdenes no firmadas y sin explicación, que le concedieron prácticamente todo lo que pedía— y el método que emplean en otros contextos para interpretar las leyes.

Este mismo Supremo, que luce una supermayoría conservadora, gracias, en parte, a los tres magistrados nombrados por Trump durante su primera presidencia, decidió en varias ocasiones que su antecesor, Joe Biden, no tenía el permiso de tomar decisiones como la condonación de la deuda estudiantil, sin contar con el Congreso. La semana pasada, el Senado aprobó varias resoluciones, con el apoyo de algunos parlamentarios republicanos, para tumbar los aranceles de Trump. Son simbólicas, en cualquier caso, y están destinadas a morir en la Cámara de Representantes.

Greenhouse calcula que el poder del Congreso para establecer la política comercial se ha sedimentado “a lo largo de 150 años con unas 260 leyes, decretos y proclamaciones”. Y recuerda que el presidente Richard Nixon ya trató de cambiar esa tradición, pero no pudo lograrlo. Como consecuencia de ese ataque al precedente, fue en tiempos de Jimmy Carter cuando se firmó la ley que Trump ahora invoca. Se aprobó para, paradójicamente, limitar el poder del presidente para imponer aranceles.

En otra pirueta destinada a poner patas arriba las reglas de la democracia estadounidense en su provecho, Trump se apoya ahora en ella para todo lo contrario.