El Supremo de Estados Unidos estudiará por la vía rápida la legalidad de los aranceles de Trump

El Tribunal Supremo de Estados Unidos aceptó este martes estudiar por la vía rápida la legalidad de los aranceles de Donald Trump. En contra de lo que suele ser la práctica habitual −una vista oral que se celebra entre final de año y primavera cuya sentencia tienen los nueve magistrados hasta junio para sopesarla y hacerla pública− esta vez, la audiencia, más breve también que de costumbre, ha quedado fijada para principios de noviembre.

Así lo habían pedido los abogados de la Administración de Donald Trump, que se juega mucho con este caso, porque podría desembocar en una estocada mortal para la agenda económica del presidente. Los demandantes, una coalición de cinco pequeñas empresas y una docena de Estados demócratas cuyos negocios consideran afectados por el aislacionismo comercial de Washington están de acuerdo con que el asunto se resuelva cuanto antes.

El caso ha llegado al Supremo después de que el mes pasado un tribunal federal de apelaciones considerara que la Casa Blanca está infringiendo la ley al imponer unilateralmente los gravámenes. Esto es: sin pasar por el Congreso y en virtud de la norma excepcionalmente invocada para imponer aranceles sin precedentes a decenas de socios comerciales. Se trata de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional. La sentencia del tribunal se resolvió por 7 votos a favor de tumbar las tarifas con las que Trump ha puesto patas arriba el comercio internacional y 4 en contra.

Desde que el pasado 2 de abril Trump anunció la imposición de sus aranceles, mal llamados “recíprocos”, el Gobierno de Estados Unidos ha recaudado decenas de miles de millones de dólares. Si el Supremo decidiera que estos están en contra de la ley federal, ese dinero deberá ser reembolsado. No está claro cuánto dinero está en juego, pero los cálculos oscilan entre 750.000 millones y un billón de dólares (trillion), según advirtió el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en una declaración presentada ante el Supremo la semana pasada.

De ahí la prisa de la Administración de Trump en que la situación se aclare cuanto antes.

La Constitución otorga al Congreso la facultad de imponer impuestos. La citada ley, de 1977, concede al presidente amplios poderes de emergencia para “hacer frente a cualquier amenaza inusual y extraordinaria” a “la seguridad nacional, la política exterior o la economía de Estados Unidos”. Y eso incluye la facultad de regular las importaciones.

Sin contar con el Congreso

La Administración de Trump considera que el “maltrato” que Estados Unidos recibe desde hace décadas de sus socios, que, asegura Trump, se benefician de unas balanzas comerciales desfavorables para Washington, son esa “amenaza inusual y extraordinaria” de la que habla la ley de 1977, porque está en juego recuperar el poderío económico perdido del país.

El tribunal de apelaciones no estuvo de acuerdo con esa idea. Los jueces que votaron contra Trump consideraron que los aranceles impuestos son tan extensos y tienen la capacidad de alterar el comercio de un modo tan profundo que deben ser autorizados expresamente por el Congreso. No especificaron si cambiarían de criterio si esos gravámenes fueran más modestos.

El Supremo actual, con una supermayoría conservadora inédita desde los años 30, ha dado sobradas muestras de su tendencia a allanar la agenda de Trump, especialmente en lo que respecta a las decisiones que tomaron de urgencia en el curso pasado, el primero en el que parcialmente han coincidido sus nueve magistrados con su segunda presidencia.

En total, la Administración de Trump pidió en sus primeros cinco meses, antes del cierre del último curso judicial, que el Supremo actuara a toda prisa 19 veces, las mismas que lo hizo la de Biden en cuatro años. Eso se explica porque el actual presidente batió récords de gobernar a golpe de poder ejecutivo: firmó en ese tiempo 165 decretos, 45 memorandos y 70 proclamaciones presidenciales. También, porque la principal resistencia a su agresiva agenda ha estado hasta ahora en los tribunales inferiores, que admitieron a trámite más de 300 demandas contra la Administración de Trump en esos meses, una tendencia que no se ha revertido durante el resto del verano.

Solo la semana pasada magistrados de todo el país tumbaron a Trump su idea de recurrir a la Ley de Enemigos Extranjeros, del siglo XVIII y pensada para tiempos de guerra, para deportar sumariamente a inmigrantes irregulares, le han reprendido por retener 2.200 millones de dólares (casi 1.900 millones de euros) en fondos federales a la Universidad de Harvard como medida de presión para que la institución educativa más poderosa del país se pliegue a las exigencias del Gobierno y han considerado ilícita la orden de desplegar a la Guardia Nacional en Los Ángeles.

Ahora es el turno del Supremo para sentar precedente sobre todos esos asuntos. Para decidir, también, si paran los pies o no a un Trump desatado en su misión de tintes autoritarios de ampliar el poder ejecutivo. Principios de noviembre será una fecha clave para empezar a salir de dudas. La sentencia se espera que llegue poco después.