El Tribunal Supremo decidirá si Trump puede acabar con el derecho a la ciudadanía por nacimiento

El Tribunal Supremo ha anunciado este viernes que decidirá si el intento de Donald Trump de poner fin a la ciudadanía por nacimiento mediante una orden ejecutiva es constitucional. Los jueces escucharán la apelación del presidente contra una sentencia de un tribunal inferior que anuló el decreto por el que retiró el derecho a adquirir la ciudadanía —garantizado por la Constitución de Estados Unidos desde el siglo 19— a los hijos de inmigrantes que se encuentren en el país de forma irregular o temporal. La decisión del Alto Tribunal, que se espera para principios del verano, podría redefinir quién es considerado estadounidense y quién no.

Trump firmó la orden ejecutiva en cuestión en el primer día de su segundo mandato. En el decreto, se ordenaba a las agencias gubernamentales que dejaran de expedir documentos de ciudadanía a los hijos de padres que se encontraban en el país de forma irregular o que estaban de visita temporal. Esto a pesar de que la Decimocuarta Enmienda de la Constitución, ratificada en 1868, sostiene: “Todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de Estados Unidos y del Estado en el que residen”. Fue aprobada después de la Guerra de Secesión para garantizar el derecho a la ciudadanía de los antiguos esclavos y sus descendientes.

El decreto de Trump nunca entró en vigor. Las demandas no tardaron y la medida fue bloqueada en los tribunales rápidamente. El Gobierno del republicano recurrió al Supremo y pidió a los magistrados que consideraran si jueces de tribunales inferiores habían excedido sus facultades al conceder la suspensión a nivel nacional de una orden ejecutiva como la que acababa con el derecho a la ciudadanía por nacimiento. El Alto Tribunal obvió opinar sobre la constitucionalidad del decreto, pero sí otorgó al presidente una importantísima victoria al dictaminar que los jueces federales —de los que hay cientos por todo el país— estaban limitados en su poder para oponerse a la agenda del republicano a través de estas suspensiones.

Poco después del fallo en junio pasado, un grupo de personas representadas por la Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) presentó en el Estado de New Hampshire una demanda colectiva contra el decreto que acababa con la ciudadanía por nacimiento. Un juez federal volvió a bloquear la orden, pero antes de que un tribunal de apelaciones pudiera emitir un veredicto sobre esa resolución, el Gobierno de Trump solicitó al Supremo en septiembre que examinara el caso, el mismo que ahora los jueces aceptan escuchar.

“Ningún presidente puede cambiar la promesa fundamental de ciudadanía que establece la 14.ª Enmienda”, dijo Cecillia Wang, directora legal nacional de la ACLU, en un comunicado este viernes. “Durante más de 150 años, ha sido la ley y nuestra tradición nacional que toda persona nacida en territorio estadounidense es ciudadana desde el nacimiento. Los tribunales federales han sostenido de manera unánime que la orden ejecutiva del presidente Trump es contraria a la Constitución, a una decisión de la Corte Suprema de 1898 y a una ley promulgada por el Congreso. Esperamos poder dar fin a este asunto de una vez por todas en el Tribunal Supremo”.

El caso llega a un Alto Tribunal favorable a Trump, de mayoría conservadora y que ha emitido fallos a su favor en innumerables ocasiones durante sus primeros meses de vuelta en el cargo. En esta disputa en particular, sin embargo, una sentencia a favor del republicano trastocaría un principio fundamental de la Constitución estadounidense y la política migratoria del país. De entrar en vigor el decreto, millones de personas podrían enfrentarse a nuevos obstáculos a la hora de documentar a sus recién nacidos como ciudadanos de EE UU.

La orden ejecutiva establece varias restricciones para acceder a la ciudadanía por nacimiento. Según el decreto, este derecho no se extiende automáticamente a las personas nacidas en Estados Unidos cuando la madre de dicha persona se encontraba ilegalmente en Estados Unidos y el padre no era ciudadano estadounidense o residente legal permanente en el momento del nacimiento. Tampoco cuando la presencia de la madre en Estados Unidos en el momento del nacimiento era legal pero temporal debido a que, por ejemplo, tenía solo una visa, y el padre no era ciudadano estadounidense o residente legal permanente en el momento del nacimiento.

El deseo de Trump de acabar con la ciudadanía por nacimiento forma parte de su amplia ofensiva contra la inmigración. En su obsesión con llevar a cabo la “mayor deportación” de la historia de Estados Unidos, el presidente ha tanteado la idea de desnaturalizar a ciudadanos y ha acabado con programas y protecciones que durante años han permitido a millones de migrantes vivir y trabajar en el país de forma legal, dejándolos expuestos a ser agarrados por agentes migratorios y expulsados, muchas veces sin el debido proceso.