Un tribunal rechaza el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros para deportar a migrantes venezolanos

La Corte de Apelaciones del Quinto Circuito en Nueva Orleans ha rechazado tarde en la noche del martes la controvertida decisión del presidente Donald Trump de invocar la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 en marzo para acelerar la deportación de migrantes venezolanos acusados de pertenecer a la pandilla venezolana el Tren de Aragua. El núcleo del argumento de la Administración para activar la ley —que solo ha sido usada en tiempos de guerra— es que las actividades criminales de la organización criminal, a la que le asignan vínculos con el régimen de Nicolás Maduro, equivalen a una invasión de un país extranjero. La demanda que ha llevado el caso a este tribunal pone en duda la acción del Gobierno de Trump en virtud de que no hay una guerra declarada, como ha sido el caso cuando la ley ha sido usada en el pasado, además de argumentar que vulnera el debido proceso al que tienen derecho los deportados. Es probable que esta decisión sea apelada y el caso termine en el Tribunal Supremo.

Leslie Southwick, una de las juezas del tribunal, argumentó en contra de la afirmación del Gobierno de Trump de que la banda venezolana Tren de Aragua había llevado a cabo una “incursión depredadora” en suelo estadounidense. La ley otorga al Ejecutivo amplios poderes para detener y deportar ciudadanos de naciones extranjeras hostiles, pero solo en tiempos de guerra o durante una “invasión o incursión depredadora”.

Southwick, nombrada por el expresidente republicano George W. Bush, estuvo acompañada en el tribunal por Irma Carrillo Ramírez, nombrada por el demócrata Joe Biden y que votó en el mismo sentido: negativo. El único voto favorable fue el del magistrado Andrew Oldham, nombrado por Trump.

“La utilización de una ley de tiempos de guerra en tiempos de paz para regular la inmigración fue correctamente bloqueada por el tribunal”, aplaudió el abogado de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), Lee Gelernt, que representa a varios afectados en diferentes casos. “Esta es una decisión de gran importancia que limita la visión de la Administración de que puede declarar una emergencia sin supervisión judicial”.

Durante la audiencia oral celebrada el 30 de junio, el juez Oldham ya había dado pistas claras sobre sus propias posiciones. En las preguntas dirigidas a los abogados de la acusación reflejó su escepticismo a poner límites al poder presidencial en tiempos de conflicto. “¿Puede un tribunal federal anular la decisión del comandante en jefe en un conflicto armado?”, preguntó.

El presidente declaró al Tren de Aragua como organización terrorista en enero y en marzo activó la Ley de Enemigos Extranjeros para ordenar la expulsión, a una prisión de máxima seguridad en El Salvador, de 137 venezolanos que su Administración identificó como miembros de la pandilla, a pesar de que la mayoría de ellos no tienen antecedentes penales. El pasado 18 de julio estos deportados, junto con otro centenar de venezolanos deportados con ellos, pero bajo una orden de expulsión regular, regresaron a Venezuela como parte de una intercambio de presos con el régimen chavista.

El Departamento de Justicia sostiene que el Tren de Aragua actúa como una fuerza paramilitar enviada por el Gobierno de Maduro para desestabilizar a Estados Unidos. A pesar de que hay algunos indicios de vínculos puntuales entre el chavismo y la pandilla surgida de la cárcel de Tocorón en la región venezolana de Aragua, no hay ningunas pruebas conocidas que respalden este argumento, ni por parte de las mismas agencias de inteligencia estadounidenses ni por expertos independientes.

Hasta el momento, varios jueces de distrito ya han fallado en contra del uso de la Ley de Enemigos Extranjeros en otros casos presentados en diferentes cortes del país. La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), mantiene que el Gobierno está usando esta herramienta a sabiendas de que no aplica al contexto como atajo para eliminar el debido proceso.

A pesar de que la situación más emblemática del uso de la Ley de Enemigos Extranjeros ha sido la deportación inédita de más de un centenar de venezolanos a El Salvador, el caso particular al que ahora responde la corte es otro. En abril, poco después de que el Supremo dictaminara que los migrantes acusados de ser invasores debían presentar sus impugnaciones en la jurisdicción donde se encontraban detenidos, las autoridades trasladaron apresuradamente a decenas de venezolanos al centro de detención de Bluebonnet, en Anson, Texas. Esa instalación se encuentra en una zona donde solo hay un juez federal con competencia: Wesley Hendrix, un magistrado de perfil marcadamente conservador y nombrado por el propio Trump. Como era de esperarse, Hendrix se negó a suspender de manera provisional las deportaciones mientras se resolvían los recursos presentados por los migrantes.

Ante el riesgo inminente de que fueran expulsados sin posibilidad de apelar —y tras recibir notificaciones en inglés informándoles que serían removidos en cuestión de días—, los abogados de la ACLU recurrieron de urgencia a tres niveles del sistema judicial federal, incluido el Tribunal Supremo. Fue esta última instancia la que, en una medida extraordinaria dictada de madrugada, ordenó suspender temporalmente las expulsiones en ese distrito mientras se evaluaba si los migrantes habían contado con las mínimas garantías procesales para defenderse. Pocas semanas después, el Supremo prorrogó esa suspensión y devolvió el caso al Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito. Pero todo indica que el asunto volverá a escalar.

Este caso es, entre los varios que hay activos sobre la Ley de Enemigos Extranjeros, el que más probablemente terminará ante el Tribunal Supremo por varias razones. En primer lugar, se trata del primer litigio que ha llegado a una corte federal de apelaciones, lo que lo sitúa un paso más cerca del máximo tribunal que otros casos similares en cortes de distrito en Texas, Nueva York o Colorado. Además, el caso plantea profundas preguntas constitucionales: ¿Puede un presidente usar una ley de tiempos de guerra para deportar migrantes acusados de formar parte de una pandilla? ¿Debe el Poder Judicial aceptar sin más la afirmación del Ejecutivo de que existe una “invasión”? Estas interrogantes, inéditas en la jurisprudencia moderna, además tienen que ver con el equilibrio de poderes y del debido proceso.

Asimismo, el Supremo ya ha intervenido dos veces en este mismo expediente, emitiendo órdenes de emergencia para suspender deportaciones mientras se resuelven los recursos, lo que sugiere un interés claro del tribunal en el caso. El propio juez Brett Kavanaugh del Supremo, en una opinión concurrente, subrayó que la legalidad del uso que Trump está haciendo de la Ley de Enemigos Extranjeros “probablemente solo podrá resolverse de forma definitiva en esta corte”.