La Audiencia Nacional investiga una red de blanqueo de millones desde Venezuela que implica al dueño de la marca de gafas Hawkers

El titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, investiga una enorme red de blanqueo de capital procedente de la petrolera estatal venezolana PDVSA. La investigación, que tiene ramificaciones en distintos países europeos, mantiene imputadas a seis personas, entre ellas a Alejandro Betancourt, un magnate venezolano que es dueño de la rentable marca de gafas de sol española Hawkers, entre otros muchos negocios. El juez Pedraz, tras emitir una orden de detención a Londres, logró tomarle declaración allí el pasado octubre y acaba de levantar el secreto de sumario de la causa. España solicitó a Reino Unido su extradición, según confirmaron distintas fuentes jurídicas, si bien el magistrado tras escucharle dejó esta orden sin efecto.

La Fiscalía Anticorrupción recibió el 10 de septiembre de 2024 una petición de la Fiscalía de Zúrich (Suiza) para que España se incorporara aportando información a una investigación en curso ya allí que analizaba el blanqueo de dinero relacionado con la Petrolera Estatal Venezolana (PDVSA) y con la Oficina Nacional del Tesoro de aquel país. Lo llamaban ‘Operación Bolívar’.

Zúrich explicaba que llevaban años de pesquisas tras una “información espontánea” del departamento de investigaciones de seguridad de Estados Unidos (Homeland Security Investigations) que alertó del lavado de dinero por esta vía. El origen delictivo está, precisamente, en el país americano. Ante “la gravedad de los hechos”, Anticorrupción decidió iniciar una investigación que se centra en “la operación de saqueo del Estado Venezolano” mediante “operativas de cambio de divisa” canalizadas a través del petróleo, según la documentación a la que ha tenido acceso EL PAÍS.

Tras pedir varios informes a la Policía, el pasado 17 de junio de 2025, el ministerio público interpuso una querella contra Betancourt, así como contra su primo Pedro José de Jesús Benito Trebbau, el empresario venezolano Francisco Convit Guruceaga y otras tres personas, dos de ellas también originarias del país venezolano. A los principales investigados se les vincula con los bolichicos, un grupo de empresarios de Venezuela que consiguió amasar una fortuna en el país al calor del chavismo entre 2009 y 2011.

La investigación ahora en curso —y cuyo secreto se levantó este 11 de noviembre— considera que el desfalco comenzó en 2010, cuando los denunciados empezaron, presuntamente, a desviar valores patrimoniales de PDVSA hacia sus propias cuentas a través de un complejo sistema opaco de sociedades contrapuestas. Fuentes jurídicas creen que la operativa pudo durar “al menos hasta 2019”.

La Fiscalía Anticorrupción considera que se han invertido “importantes cantidades de dinero” en territorio español en bienes “muebles e inmuebles” tras traer el dinero de Venezuela “pagando sobornos a funcionarios” por un total de 42 millones de euros. Con esos fondos, se han abierto sociedades y se han comprado acciones de todo tipo. Dice el ministerio público que los funcionarios venezolanos que fueron sobornados ya han reconocido su implicación ante las autoridades de Estados Unidos y han sido declarados culpables y condenados allí. Ese es, por tanto, el origen delictivo y a partir de ahí España y el país helvético están indagando en el lavado de dinero cada uno en su propio territorio.

Para canalizar lo defraudado se utilizaron, entre otras sociedades, Violet Advisors y Welka Holding y, según sostiene la investigación, la petrolera transfirió a tres cuentas de la primera de esas sociedades, abierta en Suiza, más de 3.300 millones de euros. El escrito detalla cómo durante años el dinero estuvo viajando a través de sociedades a distintos nombres y en distintos países para terminar vinculadas a Betancourt y al resto de investigados.

Preguntado por este medio a través de sus abogados, el venezolano no ha querido ofrecer su versión. En el año 2016 concedió una entrevista al periódico El Mundo que se titulaba “el rey venezolano de las gafas de sol de Elche”. Se describía entonces como una persona con una “vida discreta” al que no le gustaba “mezclarse en cosas políticas” y explicó que había fundado una de las empresas de energía que también están bajo el foco, Derwick Associates, para ayudar a su país: “Vi cómo en Venezuela se estaban marchando muchas empresas relacionadas con la energía, el país seguía necesitando energía y entendí que era mi momento entrar fuerte”. En un currículum localizado en su propia página web expone que fue “responsable de la venta de trece turbinas en diferentes regiones de Venezuela generando ingresos superiores a 50 millones de dólares y desarrolló importantes relaciones con PDVSA”.

Pero Betancourt no se dedica solo a las gafas y a la energía. Dice que es, además, miembro del consejo de administración de un banco en África, socio fundador de Playtomic (el mayor portal para la reserva de deporte de raqueta del mundo), socio mayoritario de Auro (una empresa de transportes en España que gestiona licencias de vehículos VTC) o accionista mayoritario del grupo de inversión internacional privado O’Hara administration, entre otras muchas cosas. En 2024 fue nombrado Caballero de la Orden del Camino de Santiago.

El juez Pedraz lo acusa de delitos contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales. Cuando la operación en España cristalizó y fueron a registrar algunas de sus propiedades, Betancourt no estaba en Madrid, así que el magistrado dictó una orden internacional de detención. Fue localizado en Londres y allí fue detenido. Y tras una comparecencia por videollamada fue puesto en libertad, según explican fuentes jurídicas. La Fiscalía Anticorrupción pidió su extradición a España al país anglosajón que desde el Brexit ya no se rige por las normas internas comunitarias, según certificaron distintas fuentes. Sin embargo, el pasado 27 de octubre el juez Pedraz dejó sin efecto la solicitud de extradición así como las órdenes internacionales de detención contra Betancourt tras tomarle declaración.

La Fiscalía indica en su escrito que, aunque esta causa “tiene conexiones con investigaciones judicializadas en España”, como otras dos que se iniciaron en el año 2017 y en 2019 que mantienen a ciudadanos venezolanos imputados en la Audiencia Nacional, los hechos que ahora están bajo el foco gracias a la aportación suiza son nuevos. “No se ha judicializado de manera sistemática la ruta de blanqueo hacia España”, indican los fiscales.

El magistrado ha enviado peticiones de información por todo el mundo para desenmarañar el engranaje financiero de esta supuesta red de lavado de dinero. Las comisiones rogatorias se han enviado a Suiza, Luxemburgo, Mónaco, Canadá, Estados Unidos, Austria y Reino Unido.