La mayor asociación negra de Estados Unidos presenta una demanda federal contra el nuevo mapa electoral de Texas por discriminación racial

La Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP, por sus siglas en inglés) presentó el martes en la tarde una demanda federal para bloquear el nuevo mapa de distritos electorales aprobado recientemente en Texas y que ha desatado una batalla nacional entre republicanos y demócratas. Dicha organización, la más grande e influyente de Estados Unidos en materia de derechos para los afroamericanos, alega que el rediseño texano diluye el voto de las minorías, fundamentalmente de las personas negras, a quienes “despoja de su poder político”.

El pleito, presentado en la Corte de Distrito de El Paso, exige una orden judicial que impida la aplicación del nuevo mapa en las elecciones de medio mandato del próximo año, puesto que los demandantes consideran que este viola tanto la Constitución como la Ley del Derecho al Voto. La puesta en marcha de los nuevos distritos, una petición expresa del presidente Trump, se espera que se traducirá en hasta cinco escaños adicionales para el Partido Republicano en la Cámara de Representantes. Los republicanos han defendido el plan como una optimización “legal” del rendimiento electoral de su partido.

La NAACP argumenta, en cambio, que no se trata —solo— de un asunto de ventaja partidista, sino de una discriminación racial que minimiza la capacidad electoral de las comunidades negras, y también latinas, para elegir a sus candidatos preferidos. “El Estado de Texas es solo 40% blanco, pero los votantes blancos controlan más del 73% de los escaños en el Congreso”, declaró al respecto el presidente y director ejecutivo de la NAACP, Derrick Johnson. Y añadió que “el intento de Texas de redistribuir distritos a mediados de la década, antes de las elecciones intermedias del próximo año, tiene motivaciones raciales. La intención del Estado es reducir el número de congresistas que representan a las comunidades negras, y eso, en sí mismo, es inconstitucional”.

Por su parte, Damon T. Hewitt, presidente y director ejecutivo del Comité de Abogados por los Derechos Civiles asegura que la manipulación racial de los distritos electorales no es una táctica nueva en Texas. “La única diferencia esta vez es que el racismo se disfraza parcialmente de partidismo... La Administración Trump ordenó a Texas, sin ambages, que creara mapas ilegales y discriminatorios. Texas cumplió con la orden”. “Este es un esfuerzo intencionalmente dañino y discriminatorio y debemos denunciarlo como tal”, recalca Hewitt.

La NAACP también llamó a otros Estados del país como California y Nueva York a “actuar de inmediato mediante la redistribución de distritos y la aprobación de nuevos mapas electorales, legales y constitucionales”. “Debemos contrarrestar la medida inconstitucional de Texas y garantizar que, si todo lo demás falla, los afroamericanos sigan teniendo voz en el Congreso”, se lee en su comunicado.

Por ahora, California ya ha aprobado que la población vote sobre unos nuevos mapas en noviembre para intentar contrarrestar las ganancias republicanas en Texas, y varios otros Estados demócratas están explorándolo. Sin embargo, son Estados republicanos como Utah, Ohio o Florida, los que parece que tienen más posibilidades de ser exitosos en sus esfuerzos por influir en los mapas electorales de cara a las elecciones de 2026, cuando se renueva la Cámara de Representantes entera.

Otras organizaciones también se han pronunciado en contra de los nuevos mapas en Texas. Pocos días después de su aprobación, la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC) presentó su propia demanda en un tribunal federal a nombre de 13 personas residentes en el Estado. La Fundación Nacional para la Redistribución Electoral manifestó igualmente su respaldo a un grupo de demandantes que solicitaron una orden preliminar para bloquear la implementación del nuevo mapa, puesto que, consideran, profundiza el gerrymandering en Texas, es decir, la manipulación de los límites electorales para favorecer a un partido político en específico.

Por otra parte, la sección local de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) denunció que la Cámara baja dio la aprobación inicial a los nuevos mapas “sin oportunidad de participación pública”, al tiempo que criticó que se avanzara “a puerta cerrada” en una redistribución que “disminuye el poder de votantes negros, latinos y asiático-americanos”. Su directora ejecutiva, Oni Blair, afirmó que este asunto forma parte de una agenda “extrema”.