Montero plantea aumentar la cesión del IRPF y el IVA a las comunidades para mejorar la financiación autonómica

La ministra de Hacienda y vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha propuesto elevar en 21.000 millones los recursos del sistema de financiación que reciben las comunidades en la reforma del modelo que ha presentado este viernes. Se trata de una de las grandes reformas pendientes en España (el esquema actual debía haberse actualizado en 2014). El grueso de este importe extra, 16.000 millones, se lograría gracias a una ampliación de la parte de IRPF e IVA que el Estado cede a los territorios. La número dos del PSOE confía en que el nuevo sistema pueda estar listo para el año que viene. “Es una reforma que comprometimos al inicio de la legislatura y en la que llevamos mucho tiempo trabajando”, ha dicho en el arranque de su comparecencia, asegurando que ninguna comunidad perderá recursos con el nuevo modelo.

Montero se había comprometido en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), celebrado en noviembre, a presentar a inicios de 2026 un nuevo modelo de financiación autonómica. Pero ha sido el líder de ERC, Oriol Junqueras, quien adelantó el jueves que había una propuesta, tal y como ocurrió con la condonación de la deuda autonómica. Tras un encuentro con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, avanzó que se había alcanzado un “buen acuerdo”, donde “todo el mundo gana y nadie pierde”. El republicano detalló que el pacto brindaría 4.700 millones adicionales a Cataluña.

Ahora, el Gobierno ha detallado los entresijos del nuevo modelo. La mayor inyección de recursos se llevará a cabo con una ampliación de la parte de IRPF e IVA que cede a las comunidades. El sistema de financiación se basa en una cesta común que luego se reparte entre territorios y que se nutre de transferencias estatales y de parte de los ingresos tributarios teóricos de cada autonomía, que tienen cedida la mitad del IRPF y del IVA y el 58% de los impuestos especiales. Según la nueva propuesta, la cesión de los dos primeros tributos se elevaría al 55% y al 56,5%, respectivamente, mientras que para los impuestos especiales se mantendría en el 58%. Además, se incorporarán a la cesta de tributos cedidos también el 100% del impuesto de patrimonio, el de depósitos bancarios, el de actividades del juego y el de residuos, cuyos ingresos ya se destinan a los territorios, pero que ahora formarán parte del reparto del sistema. Estos ajustes brindarían 16.000 millones extra a las comunidades.

En ese momento se aplicaría una primera nivelación —horizontal, entre comunidades— para reducir la brecha de financiación per cápita, con el objetivo de que todas las comunidades alcancen un 75% de la media de recursos por habitante ajustado, es decir, ponderado por variables como el envejecimiento o la dispersión geográfica. Después, se aplicaría un ajuste vertical con la aportación que el Estado hace al modelo, una contribución que alcanzaría los 19.000 millones en el primer año de funcionamiento de este esquema, frente a los cerca de 13.000 de 2023, el último ejercicio liquidado. Esta nivelación vertical, del Estado a los territorios, tiene el objetivo de reducir en dos tercios la distancia de cada región respecto a la que tiene más recursos.

Estos importes se calculan para 2027, año en el cual se prevé entre en vigor el nuevo sistema, por un total de recursos repartidos de 224.507 millones de euros. A los cinco años, ha detallado la ministra, el modelo se revisaría.

Andalucía, donde Montero se presenta como candidata en las próximas elecciones autonómicas, será la comunidad donde los recursos del sistema de financiación más se incrementarán, hasta los 4.846 millones, seguida por Cataluña (4.686 millones), Comunidad Valenciana (3.669) y Madrid (2.555). Las únicas que perderían recursos serían Cantabria y Extremadura, dos de los territorios mejor financiados, pero la vicepresidenta ha especificado que se les compensará para que no sufran ninguna merma con el nuevo modelo, puesto que se incorpora una cláusula de statu quo (que nadie pierda respecto a lo que tiene ahora) en el arranque del nuevo modelo.

En la práctica, el modelo pretende ser más transparente sobre quién aporta y quién recibe recursos, eliminando aquellos fondos que intervenían en el reparto del sistema y que siempre han sido calificados de distorsionadores y opacos.

La responsable de Hacienda ha insistido en esa idea de que ninguna comunidad perderá recursos con respecto al sistema actual y ha hecho hincapié en que el nuevo modelo reducirá las distancias “injustificables” en la financiación per cápita de los territorios. Actualmente, rondan los 1.500 euros entre la mejor y peor financiada (Cantabria y Murcia), y el nuevo esquema pretende reducirlas hasta los 477 euros. Tras la corrección efectuada con la cláusula de statu quo, las diferencias se situarían en 700 euros, la mitad que la brecha actual.

La reforma contempla otros elementos de ajuste adicionales, entre ellos la posibilidad para las comunidades de recaudar parte del IVA generado por las pymes en su territorio, calculado en función de la diferencia entre el peso relativo del IVA liquidado y el índice de consumo. De elegir esta fórmula, que es voluntaria, las comunidades tendrán que aplicarla durante cinco años. Asimismo, se establece que la financiación de las competencias no homogéneas —aquellas que son específicas de cada comunidad— pueda ser cubierta, siempre de forma opcional, con un mayor porcentaje de IVA cedido, en lugar que con una transferencia del Estado como ocurre en la actualidad.

El nuevo modelo prevé también un sistema más ágil para el pago de las entregas a cuenta —el dinero que las comunidades reciben por adelantado del sistema de financiación—, contempla el despliegue de un nuevo modelo de gestión en red de los impuestos entre la Agencia Tributaria del Estado y las autonómicas —en un guiño a Cataluña—, un fondo climático dotado con 1.000 millones para hacer frente a desastres medioambientales y una ampliación de competencias en materia fiscal, aunque con límites. De hecho, Montero ha adelantado que se introducirán medidas para limitar el dumping fiscal entre territorios, aunque la fórmula para lograrlo no está aún decidida.

Reuniones bilaterales

El siguiente paso es el CPFF, que se celebrará el próximo miércoles, en el que Montero se reunirá con las comunidades, muchas de las cuales ya han mostrado su malestar por la negociación entre el Gobierno y Cataluña. Después se celebrarán reuniones bilaterales con cada autonomía, según ha explicado la vicepresidenta. A continuación, la reforma se aprobará en el Consejo de Ministros y se enviará al Congreso —con un nuevo CPFF entre medias—, donde tendrá que tramitarse como ley orgánica y superar la compleja fragmentación parlamentaria. “Esperamos que el proceso sea suficientemente ágil como para que modelo entre en vigor el año que viene”, ha señalado Montero.

La reforma de la financiación autonómica es uno de los grandes asuntos pendientes no solo de esta legislatura, sino de la política territorial española. El sistema vigente se pactó en 2009 con el compromiso de revisarlo a los cinco años, en 2014, pero esa cita nunca llegó. Mientras tanto, se han sucedido gobiernos centrales y autonómicos, crisis económicas y políticas y hasta se ha producido una declaración unilateral de independencia en Cataluña, comunidad que ha vuelto a ser la voz cantante en el diseño del nuevo modelo.

La mecha de la propuesta de reforma se prendió en Cataluña —igual que las anteriores—, y fue presentada como moneda de cambio para apoyar la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno antes y de Salvador Illa como president de la Generalitat después. A mediados de 2024, se pactó una financiación singular para Cataluña. La formación independentista exigió recaudar, gestionar y liquidar todos los impuestos que se generan en su territorio, empezando por el IRPF. En contrapartida, abonaría al Estado una cantidad por los servicios que este seguiría prestando en la comunidad. La petición, sin embargo, chocó con la realidad: la falta de medios de la Agencia Tributaria catalana ha obligado a retrasar el traspaso al menos hasta 2028.

Lo que se ha mantenido, al menos para Cataluña, es el principio de ordinalidad que PSC y ERC habían consensuado, una cuestión que para la formación independentista suponía un aspecto innegociable. Este principio implica que las comunidades que más aportan a la caja común del sistema sean también aquellas que más reciban. Cataluña, que con el modelo actual es aportadora neta, pero recibe recursos en la media, pasará a ser el tercer territorio que más aporte y también que más reciba. Madrid, en cambio, es el territorio que más contribuye, pero será el segundo que más reciba.

Montero ha matizado que “la construcción del modelo tiende al principio de ordinalidad”, pero que su cumplimiento dependerá de la situación de cada autonomía, puesto que hay ajustes, en concreto la cláusula del statu quo, que chocan con este principio. “Ninguna comunidad va a recibir menos de lo que recibía con el anterior modelo de financiación”, ha insistido.