El chavismo propone amnistiar de forma urgente a manifestantes y perseguidos por ser críticos con el Gobierno

El chavismo ha aprobado este jueves la propuesta de ley de amnistía anunciada la semana pasada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, una medida de gracia a la que otorgó carácter de urgencia. La norma, una reivindicación histórica de la sociedad civil, propone el perdón inmediato para personas detenidas por protestas políticas, la expresión de opiniones o la crítica a funcionarios públicos, así como la extinción de los procesos penales relacionados con esas causas. Su aplicación se extiende a delitos cometidos desde el 1 de enero de 1999, cuando el chavismo pasó a gobernar el país.

La redacción es tan amplia —más de lo que se esperaba— que ha causado incredulidad en varios sectores de la sociedad. Las organizaciones humanitarias calculan que en Venezuela hay cerca de un millar de personas encarceladas por motivos políticos, una cifra que se ha reducido en las últimas semanas con un goteo de excarcelaciones.

El texto ha llegado este jueves a la Asamblea Nacional para su primer debate y ha sido aprobado por unanimidad. La votación sin embargo solo contempla la exposición de motivos, es decir el propósito general de la ley. Una comisión de parlamentarios se encargará ahora de someter a consultas el articulado, aunque el presidente de la Asamblea Jorge Rodríguez advirtió de que no tenían mucho tiempo. El borrador ha circulado durante el día de mano en mano, pero con distintas versiones. Los diputados de la oposición han advertido de que no habían recibido la versión definitiva y que darán la pelea por que además de las liberaciones haya medidas de reparación para las víctimas.

La propuesta atribuida al chavismo subraya que el objetivo de la amnistía no es “imponer la venganza, la revancha ni el odio”, sino abrir un camino hacia la reconciliación nacional y la normalización de la vida política. “Es crucial eliminar delitos que no tienen cabida en un Estado de derecho”, reclamaron algunos diputados de la oposición. Nicolás Maduro Guerra, hijo de Nicolás Maduro, citó la Biblia y a Nelson Mandela —al que comparó con su padre—para ensalzar el perdón. “Es una ley histórica para la paz”, dijo antes de criticar a “los que se amparan en la política para cometer delitos”.

Tras años de crisis, represión y exilio —más de ocho millones de venezolanos se han marchado del país en los últimos años— el texto de la nueva ley que ha circulado promete el perdón a delitos y faltas vinculados a protestas, manifestaciones, expresiones de opinión, críticas a funcionarios públicos y difusión de mensajes políticos, incluidos los realizados a través de redes sociales, así como a causas judiciales en las que se alegue persecución política o violaciones al debido proceso. Beneficiarse de la amnistía, remarca el texto, no implica reconocimiento de responsabilidad penal por parte de los beneficiarios.

La amnistía, según el borrador, dará prioridad a las personas encarceladas por hechos de naturaleza política, que se beneficiarían de la medida de manera inmediata, según el borrador que ha circulado. Además de la excarcelación, la amnistía contempla la extinción de las causas penales en curso, la eliminación de antecedentes judiciales y la restitución de bienes incautados. Todas ellas concesiones de las que no se han beneficiado los cientos de presos liberados en el último mes.

También contemplaría el levantamiento de órdenes de captura nacionales, alertas migratorias y notificaciones rojas de Interpol, con el objetivo de garantizar el retorno seguro de ciudadanos que se encuentran fuera del país.

Mientras se verifica la aplicación definitiva de la amnistía general, los tribunales deberán acordar de forma inmediata medidas sustitutivas de libertad, como prisión domiciliaria o libertad condicional, “garantizando la primacía de la libertad como regla general”, se lee en el texto.

La medida excluye el perdón a delitos que vulneran gravemente la dignidad humana, como las violaciones graves de derechos humanos, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra, el homicidio intencional, la corrupción o el tráfico de drogas. Algunos de esos crímenes son, precisamente, por los que se ha señalado a la cúpula chavista en instancias internacionales, como la ONU. Las ONG y los comités de víctimas han pedido que la medida no permita la impunidad de los perpetradores.

El chavismo plantea esta medida como una concesión de perdón, pero no muestra demasiadas señales —al menos incondicionales— de reconocimiento de su responsabilidad. En una larga intervención, Jorge Rodríguez relató la historia de persecución, detención y torturas de su padre, Jorge Antonio Rodríguez, fundador de La Liga Socialista, en la década de los años setenta. Un duelo que ha atravesado su devenir político y el de su hermana Delcy y que, aseguró, le enseñó a “no odiar”. “Nosotros pedimos perdón y tenemos que perdonar también”.

Tras 20 minutos de relato personal, Rodríguez anunció: “El camino de esta ley va a estar lleno de obstáculos y sin sabores. Llenas de posiciones injustas. Tenemos que tragar grueso. Tendremos que tragarnos los sapos por la convivencia. Y tendremos que hilar fino”.

La ley de amnistía recorre más de dos décadas de conflicto político y represión en Venezuela. El borrador se remonta explícitamente hasta los sucesos de abril de 2002, cuando el presidente Hugo Chávez fue depuesto durante 47 horas por un fallido golpe de Estado. Aquellos días de masivas movilizaciones opositoras dejaron al menos 19 muertos en Caracas. La amnistía incluirá específicamente los delitos y faltas vinculados al paro petrolero de 2002-2003 contra Chávez hasta las protestas de 2024 contra el fraude electoral señalado por la oposición y una buena parte de la comunidad internacional.

El proyecto también concede amnistía a civiles —incluidos militares retirados— que hayan sido procesados o condenados por tribunales militares por hechos como la sustracción de bienes de la Fuerza Armada, abuso de poder o faltas al decoro militar. La medida se aplica en aquellos casos en los que la persecución penal se haya llevado a cabo en violación del principio del juez natural, es decir, cuando personas sin estatus militar fueron juzgadas por la jurisdicción castrense. Según las denuncias de organizaciones humanitarias, durante los años de mayor confrontación, la justicia militar fue utilizada de forma recurrente por el chavismo para procesar a civiles acusados de delitos vinculados a protestas o conspiración.

El chavismo ha planteado la medida como una respuesta a la confrontación política que ha dejado “heridas profundas” en la sociedad venezolana. Se trata para el chavismo de un “acto de clemencia soberana”. Venezuela, dijo el hijo de Maduro, “no aguanta una venganza más”.