El fiscal de El Salvador congela una investigación por lavado de dinero de la venta de petróleo venezolano que salpica a Nayib Bukele

El fiscal general de El Salvador y hombre de confianza del presidente Nayib Bukele, Rodolfo Delgado, mantiene congelada una investigación por lavado de dinero contra Alba Petróleos de El Salvador, una empresa financiada con fondos del Gobierno de Venezuela cuya trama alcanza cuentas bancarias vinculadas al mandatario: documentos de la Fiscalía revelan que Bukele recibió cerca de 3,3 millones de dólares a su nombre y a nombre de tres empresas de su grupo familiar provenientes del petróleo venezolano.

Dos exinvestigadores fiscales con conocimiento directo del caso aseguran que, hasta diciembre, no se había producido ningún avance en la investigación. “Ni una sola hoja de papel se ha movido en ese expediente desde que llegó Delgado a la Fiscalía. El resultado de esa investigación no le conviene ni a él ni al presidente”, afirmó uno de ellos bajo condición de anonimato.

El silencio se extiende también al fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, quien, consultado por este periódico, declinó hacer comentarios. Tampoco respondieron las solicitudes de información enviadas a la Fiscalía General de El Salvador. Desde la llegada de Bukele al poder y el nombramiento de Delgado al frente del Ministerio Público, la investigación por lavado de dinero que salpica al presidente permanece paralizada.

El caso fue abierto en 2019 por el entonces fiscal general Raúl Melara, quien investigaba al Ejecutivo de Bukele por presunta corrupción y por supuestos pactos con las pandillas MS-13 y Barrio 18. Melara fue destituido el 1 de mayo de 2021, el mismo día en que el oficialismo tomó el control absoluto de la Asamblea Legislativa, lo que impidió que la investigación avanzara hacia los tribunales. Esa jornada, los diputados afines al presidente también destituyeron a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y nombraron a cinco sustitutos alineados con el Ejecutivo.

Alba Petróleos de El Salvador es una sociedad de economía mixta fundada en 2006 entre un grupo de alcaldías y administrada por dirigentes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), el partido de izquierda aliado del Gobierno venezolano en el país. El 60% de sus acciones pertenece a PDV Caribe S.A., filial de Petróleos de Venezuela (PDVSA), la petrolera estatal venezolana y principal fuente de financiamiento del proyecto.

El 31 de mayo de 2019, un día antes de que Bukele asumiera la Presidencia, la Fiscalía dirigida por Melara allanó las oficinas de Alba Petróleos El Salvador SEM y de otras 27 empresas ligadas al grupo Alba, entre ellas Alba Alimentos S.A., Alba Gas S.A. e Inversiones Valiosas S.A. (Inverval), una firma dedicada, supuestamente, al financiamiento de proyectos inmobiliarios.

Tres meses después de la llegada de Bukele al poder, en septiembre de ese año, el medio salvadoreño Revista Factum reveló, basado en documentos incautados por la Fiscalía General de la República (FGR) como parte de una investigación por posible lavado de dinero, que en 2013 el ahora presidente recibió de Inverval 1,9 millones de dólares a su nombre y otros 1,4 millones a nombre de dos de sus empresas familiares: Starlight y Obermet. Bukele respondió a esa publicación que el dinero provenía de la venta de un canal de televisión llamado TVX, propiedad de su familia. “Lo vendimos a una empresa. Esa empresa ahora está siendo investigada y resulta que recibió dinero de Alba Petróleos, pero, siendo sinceros, ¿qué empresa no recibió dinero de Alba Petróleos?”, ironizó Bukele tras la revelación periodística.

Cuando recibió esos fondos, Bukele iniciaba su carrera política bajo la bandera del FMLN, vestía de rojo y entonaba La Internacional en actos públicos. Era alcalde de Nuevo Cuscatlán, un municipio de apenas 15,6 kilómetros cuadrados —menos de cinco veces el tamaño de Central Park, en Nueva York— considerado uno de los de mayor generación de ingresos e inversión del país. También era propietario de varias empresas, entre ellas la publicitaria Obermet S.A. de C.V. y Starlight, bajo la cual operaba el canal 23 de televisión abierta, conocido como TVX.

Inverval, sin embargo, no era una firma con vínculos marginales con Alba. Según la investigación de Factum, se trataba de una de las principales sociedades del conglomerado y, en 2013 —el año de su fundación y el mismo en que emitió cheques a nombre de Bukele y de sus empresas—, el 70% de sus ingresos provenía de dinero venezolano.

Bukele, además, no vendió la totalidad del canal, sino solo una parte. Tras la venta del 60% de las acciones de Starlight a Inverval, TVX quedó bajo la dirección de hombres de confianza tanto de Bukele como de Alba, entre ellos José Luis Merino, excomandante guerrillero, dirigente del FMLN y posteriormente investigado en Estados Unidos por tráfico de armas y lavado de dinero, y uno de los principales líderes del conglomerado Alba.

El origen de Alba Petróleos se remonta al acuerdo Petrocaribe, un mecanismo de cooperación creado para facilitar el suministro de petróleo venezolano a países de América Latina y el Caribe, entre ellos Cuba y la Nicaragua de Daniel Ortega. El proyecto fue lanzado en 2005 por el entonces presidente Hugo Chávez, en el marco de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), impulsada un año antes por Cuba y Venezuela.

El petróleo fluía desde Venezuela hacia Alba Petróleos El Salvador, que luego tercerizaba las ganancias hacia empresas sin capacidad real de pago o las triangulaba a través de sociedades de papel creadas en paraísos fiscales, para finalmente retornarlas blanqueadas a personas vinculadas a la izquierda salvadoreña, según investigaciones periodísticas.

El vínculo del fiscal Delgado con Alba Petróleos y con fondos de origen venezolano es aún más directo. Un documento oficial de la Sala de lo Constitucional, al que accedió este periódico, confirma que Delgado trabajó como apoderado legal de Alba Petróleos e intentó frenar la investigación.

El documento corresponde a la respuesta al amparo 433-2019, presentado por Delgado y otros dos abogados en su calidad de apoderados de Alba Petróleos de El Salvador SEM, en el que solicitaban que se desestimaran los allanamientos realizados en junio de 2019. El argumento central era que la Fiscalía pudo haber requerido la documentación sin recurrir a registros judiciales.

El texto fue obtenido a partir de una filtración masiva de documentos de la Corte Suprema de Justicia realizada por un grupo de hackers que se autodenomina “Ciberinteligencia SV”. Su autenticidad fue verificada posteriormente en el repositorio institucional del máximo tribunal.

En la resolución, la Corte responde a los abogados Miguel Ángel Flores Durel, José Luis Orellana Ruano y Rodolfo Antonio Delgado Montes como apoderados de Alba. El mismo documento señala que, días antes, Delgado Montes había presentado su renuncia tras ser nombrado fiscal general. Flores Durel también renunció, luego de ser designado magistrado de la Sala de lo Constitucional en la misma jornada. Es decir, dos abogados vinculados a Alba fueron colocados simultáneamente en los cargos más altos del sistema de justicia salvadoreño.

En agosto de 2021, una investigación de Infobae reveló que Delgado recibió solo en 2019 más de 46.000 dólares de Alba Petróleos. Durante su etapa como abogado particular, Delgado también trabajó con Jorge Manuel Vega Knight, a quien la Fiscalía anterior acusó de ser uno de los principales colaboradores de la MS-13 en el lavado de dinero y activos.