El Alto Comisionado de la ONU se marcha de Venezuela

El Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Volker Turk, ha confirmado este martes que la oficina que dirige “no tiene ningún tipo de personal dentro de Venezuela”. El funcionario, que fue declarado persona non grata por el Parlamento venezolano el pasado mes de julio, aseguró que se han hecho “todos los esfuerzos posibles” para seguir operando en el país, “solicitando visados y dialogando con las autoridades, pero sin éxito”.

Tras este episodio queda en evidencia la ruptura que viene ejecutando el Gobierno venezolano con las organizaciones, que en los últimos años han señalado los abusos del régimen de Nicolás Maduro, y los protocolos internacionales de derechos humanos de los que Venezuela era firmante. El último ejemplo es del pasado 11 de diciembre, cuando el parlamento venezolano, controlado por el chavismo, aprobó una ley para derogar la adhesión de Venezuela al Estatuto de Roma, medida que termina allanando la salida del país de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional (CPI). La CPI también ha cerrado su oficina en Caracas tras señalar la falta de cooperación de las autoridades.

Turk emitió estas consideraciones en su último informe del año, al momento de pasar revista a los casos más delicados y apremiantes de su agenda de trabajo. Al detenerse en el caso venezolano, las palabras no fueron nada alentadoras respecto a su última relatoría. “Desde mi última actualización sobre Venezuela, en junio, las cosas no han mejorado”, dijo. “Seguimos observando restricciones generalizadas a la libertad de expresión y de reunión pacifica; detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas; así como una grave crisis social y económica”. El contenido del informe de junio fue precisamente el que provocó la respuesta de la Asamblea Nacional planteando su salida del país al mes siguiente.

El abogado austriaco señaló las leyes de emergencia que ha aprobado el régimen chavista para ampliar los poderes discrecionales del Poder Ejecutivo en el marco de las tensiones con los Estados Unidos, y expresó su preocupación por que el contenido y las implicaciones de estos decretos siguen siendo desconocidos.

“En Venezuela se han intensificado y asfixiado las libertades de la población”, dijo Turk. “La vida pública se ha ido militarizando. Mi oficina ha recibido información de reclutamientos forzosos en la Milicia Bolivariana, incluso de adolescentes y personas mayores”, denunció en la sede de las Naciones Unidas, en Ginebra. Igualmente alarmantes son los testimonios que ofrecen evidencias de que las autoridades están alentando a la población a denunciar a sus familiares, vecinos o relacionados a través de una aplicación móvil patrocinada por el Estado”.

Turk lamentó los procesos judiciales abiertos contra periodistas y activistas de derechos humanos y figuras de la oposición; el empleo de leyes antiterroristas de carácter punitivo y arbitrario; y las terribles condiciones de las cárceles venezolanas, en las cuales han fallecido recientemente cinco prisioneros políticos bajo custodia estatal. El funcionario comentó, de manera especial, el caso del dirigente opositor, exalcalde y exgobernador del estado Nueva Esparta, Alfredo Díaz, que falleció este mes tras un año preso acusado de conspiración.

El punto de ruptura entre el Estado venezolano y las instancias internacionales de derechos humanos lleva varios años de cocción. Hasta hace unos ocho años, el régimen de Maduro procuraba mantener relaciones cordiales y algún tipo de diálogo político con instancias como la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas o el Tribunal Penal Internacional. Sus funcionarios eran recibidos por la jerarquía revolucionaria y el intercambio de impresiones sobre lo que estaba sucediendo en Venezuela parecía controlado por las normas de la diplomacia.

Pero la paciencia del régimen venezolano comenzó a agotarse ―y con ella, también, la de los funcionarios de la ONU― en paralelo al deterioro de la situación socioeconómica del país y la escalada de las protestas de la oposición, con la consecuente represión de los cuerpos de seguridad.

Los primeros informes de Michelle Bachelet, Alta Comisionada de la ONU entre 2019 y 2022, sobre la crisis humanitaria y el deterioro de los derechos políticos en Venezuela, también cayeron muy mal en el alto gobierno. Luego de haber conversado personalmente con Bachelet, alfombra roja mediante, en el Palacio de Miraflores, Maduro la llamó “mentirosa” cuando tuvo acceso a los contenidos de aquella investigación. En 2021, el Tribunal Penal Internacional anunció que abriría una investigación en contra del régimen de Maduro por cometer crímenes de lesa humanidad.

La respuesta oficialista a estos señalamientos se ha venido produciendo por partes y, desde este año, la ruptura parece total. El pasado 1 de julio, cuando Turk fue declarado persona non grata por sus críticas a los métodos del chavismo, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional llamó al funcionario austríaco “hipócrita” y lo acuso de ser “cómplice”, tanto del genocidio de la guerra en Palestina, como del secuestro de los 252 prisioneros venezolanos deportados de los Estados Unidos que terminaron en el Centro de Confinamiento contra el Terrorismo en San Salvador.