Kristi Noem autorizó las deportaciones de venezolanos a El Salvador pese a la orden judicial que las prohibía

El Departamento de Justicia ha reconocido que fue la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien en marzo pasado decidió proceder con la deportación de más de 200 venezolanos a El Salvador pese a la orden de un juez federal que exigía que los vuelos retornaran a Estados Unidos. El Gobierno lo ha admitido en un documento judicial presentado el martes en respuesta a la solicitud del juez James Boasberg para que la Administración identificara a los funcionarios que no acataron su orden y autorizaron la operación que llevaría a que los migrantes fueran encarcelados durante meses en una infame prisión del país centroamericano. El caso supuso un punto álgido en la cruzada de Donald Trump contra la inmigración.

El 15 de marzo, el Gobierno de Trump autorizó la deportación de más de 200 migrantes venezolanos y algunos salvadoreños a los que acusaba de pertenecer a bandas criminales latinoamericanas, como el Tren de Aragua. El presidente invocó una ley de 1798, la de Enemigos Extranjeros, que solo se ha utilizado tres veces en la historia y siempre en contextos de guerra, para expulsarlos sin ningún debido proceso. En El Salvador, los migrantes permanecieron durante meses en el Cecot, una megacárcel de máxima seguridad conocida por sus malas condiciones y las violaciones de los derechos de los detenidos. Después de vivir torturas y otros abusos en la prisión, fueron entregados a Venezuela en un canje de presos políticos acordado con Estados Unidos en julio.

En el escrito judicial presentado el martes, el Gobierno admite que el Departamento de Justicia informó a la secretaria Noem sobre las órdenes del juez Boasberg que buscaban bloquear las deportaciones. La primera fue emitida verbalmente cuando los primeros dos vuelos ya habían partido hacia El Salvador; el magistrado exigió que cualquier avión que ya estuviese en el aire debía regresar a Estados Unidos inmediatamente. Luego, Boasberg emitió una orden escrita en la que prohibía las expulsiones bajo la Ley de Enemigos Extranjeros. Unos minutos después despegó el tercer vuelo.

Funcionarios del Departamento de Justicia y Departamento de Seguridad Nacional transmitieron su asesoría legal sobre la orden de la corte a Noem, quien finalmente decidió que los deportados “podrían ser transferidos a la custodia de El Salvador”. El Gobierno insiste que “esa decisión era legal y coherente con una interpretación razonable de la orden del tribunal”. Sostienen que la orden verbal de Boasberg de dar la vuelta a los vuelos de deportación “no era vinculante”. Y que su posterior orden escrita no exigía el retorno de los detenidos que ya habían sido expulsados.

La revelación se produce después de que Boasberg anunciara la semana pasada que avanzará con su investigación por desacato penal para averiguar qué funcionarios eran responsables de desobedecer sus órdenes. En abril, el juez halló causa probable para declarar en desacato al Gobierno del republicano por las deportaciones a El Salvador al considerar que las acciones de la Administración de ese día demostraron “un desprecio deliberado” de sus fallos.

Sin embargo, antes de que pudiera seguir adelante con el procedimiento, una corte de apelaciones lo suspendió. Siete meses después, el tribunal levantó su suspensión el 14 de noviembre, y el miércoles pasado Boasberg comunicó que reanudaría su investigación. “Esto ha estado pendiente por mucho tiempo y creo que la justicia requiere que actúe con prontitud en este asunto”, dijo Boasberg, y añadió que tiene toda “la intención de averiguar qué ocurrió” el 15 de marzo.

El juez ordenó a ambas partes que presentaran propuestas sobre cómo proceder, junto con una lista de testigos para iniciar el proceso. En respuesta a esa solicitud, el Gobierno admitió que fue Noem quien dio la luz verde a las deportaciones de aquel día. “El Gobierno sostiene que sus acciones no infringieron la orden del tribunal —desde luego, no con la claridad necesaria para que se considere desacato penal— y que no se justifica ni procede iniciar ningún otro procedimiento”, escribió el Departamento de Justicia.

Boasberg ha dicho que exigirá que las personas involucradas en las decisiones relacionadas con las deportaciones a El Salvador presenten declaraciones juradas. Y si considera que las declaraciones no son suficientes o si tiene más preguntas, las citará para que declaren bajo juramento en el tribunal. Algunos de los citados podrían ser funcionarios de la Administración Trump.

La Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU), que presentó la demanda que dio pie a esta batalla judicial, ha solicitado que más de media docena de posibles testigos del Departamento de Seguridad Nacional y del Departamento de Justicia comparezcan en audiencia pública para declarar.