Guillermo Alfonso Jaramillo, el ministro de Salud que desatiende la crisis de su sector

Guillermo Alfonso Jaramillo, el ministro que más tiempo ha resistido en el inestable Gabinete de Gustavo Petro, es considerado por muchos el principal responsable de la profunda crisis de la salud en Colombia. Jefe de esa cartera desde hace casi tres años y abanderado de la estancada reforma al sector que defiende el Gobierno contra viento y marea, el veterano médico y político de izquierdas fue una vez más el gran protagonista del Consejo de Ministros televisado de esta semana, junto al propio presidente. Ambos discutieron ante las cámaras la muerte de Kevin Acosta, un niño de siete años con hemofilia que falleció días después de sufrir un accidente en bicicleta, y luego de dos meses sin recibir los medicamentos que necesitaba de su Entidad Prestadora de Salud, la Nueva EPS, intervenida por el Gobierno. El caso ha estremecido a la sociedad, provocado indignación y desatado un aluvión de críticas, tanto al mandatario como al ministro. Una nueva salida en falso de un funcionario que se enfrenta a un posible desacato de las decisiones de la Corte Constitucional, una denuncia penal de 200 organizaciones de pacientes y una moción de censura en el Congreso.

Jaramillo (Líbano, Tolima, 75 años), tomó la palabra en el Consejo de Ministros del pasado lunes. “Kevin llegó a un hospital público en Huila después de un accidente desafortunado porque montó en bicicleta. A un hemofílico hay que restringirle ese tipo de situaciones”, afirmó. “Es entendible que los niños que sufren de hemofilia tienen que estar restringidos en muchas de las actividades que pueden generarles un trauma violento y por supuesto un tema hemorrágico grave”, añadió. No hizo comentario alguno sobre la responsabilidad de la Nueva EPS, manejada por el Gobierno desde abril de 2024. El presidente Petro se hizo eco de sus palabras, e insinuó también que la culpa recaía en la falta de prevención de la madre. Al día siguiente, llegó a revelar detalles de la historia clínica para respaldar su postura.

Diversas organizaciones médicas desmintieron las afirmaciones de ambos funcionarios. Recordaron que la actividad física no solo está permitida para pacientes con hemofilia, sino que es recomendada. “No se vengan a lavar las manos así tan fácilmente. El niño murió por falta de un medicamento”, les reclamó la mamá, Catherine Pico, en una entrevista con Blu Radio. “Más allá de la ofensa contra la familia de la víctima, esto muestra un problema que caracterizó el debate sobre la salud durante los años Petro: terquedad, arrogancia, hostilidad y falta de reflexión sobre las propias responsabilidades”, señaló un editorial del periódico El Espectador. “Para ser un Gobierno que prometió convertir a Colombia en potencia mundial de la vida”, añadió en referencia al lema de Presidencia, “se les perdió la humanidad al referirse a la muerte de un niño de siete años”.

La reforma a la salud ha sido un foco de fricción política. Aunque naufragó en el Congreso, el presidente sigue empecinado en defenderla y ha optado por intervenir las EPS más grandes del país. Su insistencia desató más de un remezón de Gabinete, e incluso resquebrajó las mayorías legislativas con las que arrancó su mandato. Petro insiste en achacar la crisis en la entrega de medicamentos a las propias EPS, y a los gestores farmacéuticos, mientras que la oposición la considera provocada por el Ejecutivo.

En plena campaña de cara a las legislativas del 8 de marzo, y la primera vuelta del 31 de mayo, las reacciones de los candidatos presidenciales no se hicieron esperar. La senadora Paloma Valencia tildó al Gobierno de “irresponsable” y “asesino”, y al ministro de “descarado” y “negligente”, mientras que Claudia López consideró “indolente y miserable que el presidente de la república y el ministro de Salud culpen a Catherine de la muerte de Kevin”. “Acepte con humildad, su reforma a la salud ha sido un fracaso, niega medicamentos, niega tratamientos y la corrupción campea”, añadió la exalcaldesa de Bogotá. Las palabras de ambos “superan un límite moral”, se lamentó el exgobernador de Antioquia Aníbal Gaviria. “Desbarataron el sistema de salud y siempre encuentran una cortina de humo para encubrir su destrucción”, se sumó Sergio Fajardo, exalcalde de Medellín.

El ministro, un escudero a toda prueba, no acostumbra recular. Varios episodios retratan un carácter explosivo. Médico cirujano de profesión, es un político que en su dilatada trayectoria ha sido congresista, alcalde de Ibagué y gobernador del Tolima en dos ocasiones, además de secretario de Salud de Bogotá cuando Petro fue alcalde de la capital. Llegó al Gabinete en abril del 2023, cuando no se había cumplido el primer año del cuatrienio, en reemplazo de Carolina Corcho, que ahora encabeza la lista al Senado del oficialista Pacto Histórico.

Desde entonces, Jaramillo ha acumulado peleas, desgaste y salidas en falso. Nada de eso ha impedido que se consolide como el hombre fuerte del Gabinete –por momentos en sintonía con el ministro del Interior, Armando Benedetti–. En varias ocasiones ha sido escogido por el presidente para delegarle sus funciones legales y constitucionales cuando viaja fuera del país. De los más de 60 ministros que ha nombrado Petro en tres años y medio, Jaramillo ya es el de más larga duración –junto la de Ciencia, Yesenia Olaya–. Toda una rareza.

En el camino, ha chocado hasta con la Corte Constitucional. Bajo su dirección, el Ministerio se ha demorado en aplicar varias instrucciones del alto tribunal relacionadas con el sistema de salud, como incrementar el dinero que el Estado les gira a las EPS. Jaramillo ha pedido a los magistrados anular sus decisiones, aclarar sus instrucciones y ha tardado en girar otros montos. Las EPS acusan al Gobierno de querer asfixiarlas económicamente y consideran esas maniobras como argucias legales para no cumplirles, mientras que el ministro se arriesga a incurrir en desacato y fraude a resolución judicial. Esta semana, la organización Pacientes Colombia, que agrupa a más de 200 asociaciones, lo denunció ante la Fiscalía justamente por un presunto fraude a las decisiones de la Corte Constitucional que exigen que el Estado aporte recursos suficientes para asegurar la sostenibilidad del sistema.

La enésima controversia del ministro ha tomado vuelo, en medio del extendido clamor para dejar de revictimizar a la familia de Kevin Acosta. La representante Jennifer Pedraza radicó el jueves una moción de censura contra el funcionario por su actitud “displicente e inoperante” ante la grave crisis en el sistema, y en el acceso a medicamentos. “Hay que apartar a Guillermo Alfonso Jaramillo de su cargo, así sea lo último que hagamos en este Congreso”, escribió en sus redes sociales sobre una iniciativa de incierto desenlace.