El permiso carcelario a la exdirigente de ETA Anboto causa indignación a las víctimas

La ex dirigente de ETA Soledad Iparragirre Anboto, condenada a casi 800 años de cárcel y vinculada a 14 asesinatos, la encargada de poner la voz femenina en 2018 al anuncio de la disolución de la banda terrorista, podrá salir de prisión esta semana tras acceder al régimen de semilibertad que le ha concedido el Gobierno vasco. El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) y la asociación Dignidad y Justicia han criticado con dureza esta decisión, que se suma a la que el Ejecutivo autónomo ha concedido recientemente a otros responsables etarras, como Garikoitz Aspiazu Txeroki, y una veintena de activistas de la organización criminal.

La presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, hermana del edil del PP Gregorio Ordóñez asesinado por ETA en 1995, ha censurado por “inaceptable”, “escandaloso”, “injustificable” y “especialmente grave” el permiso otorgado a Anboto para salir de la cárcel de lunes a viernes para trabajar. Dignidad y Justicia considera que Anboto podrá salir de la cárcel “como resultado del pacto de gobernabilidad vigente entre el PSOE y Bildu que permite que Pedro Sánchez se mantenga en la Moncloa”.

A la exjefa etarra, interna en el penal de Martutene (San Sebastián), se le ha concedido la semilibertad en aplicación del artículo 100.2 del Régimen Penitenciario, una figura intermedia entre el segundo y tercer grado. Es un artículo que se aplica a reclusos cuando el cumplimiento de sus condenas está muy avanzado y les permite salir de día de la prisión y volver a esta a dormir. La Fiscalía de la Audiencia Nacional debe redactar un informe que no es vinculante y la decisión final la adoptará el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria. La Fiscalía ya avaló la concesión de este permiso en el caso de Txeroki, quien ya está disfrutando del permiso desde el pasado 9 de febrero.

Anboto podría acogerse al régimen de semilibertad a partir de este lunes, aunque el Departamento de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno vasco no puede confirmar el día exacto que lo hará. Fue detenida en 2004 en Francia cuando se encargaba de dirigir el aparato de extorsión de la banda terrorista. Fue apresada junto al entonces jefe del aparato político, Mikel Albisu, alias Mikel Antza. Ambos fueron condenados por la justicia francesa a 20 años de prisión. Francia la entregó en 2019 a la justicia española para que respondiera en los tribunales por su presunta participación en varios atentados. “Estamos hablando de una de las dirigentes históricas de ETA, condenada a 793 años y ocho meses de prisión, vinculada a 14 asesinatos y con responsabilidades de primer nivel dentro de la organización terrorista. Resulta escandaloso que se le conceda ya un régimen de semilibertad cuando ha cumplido muy poco tiempo de prisión en España”, ha denunciado este lunes Ordóñez.

Covite considera que la vía del artículo 100.2 se ha concedido a “una etarra VIP para la izquierda abertzale” como una fórmula “excepcional para facilitar su salida de prisión antes de que haya cumplido tres cuartas partes de su condena”. En el caso de la exdirigente etarra, añade Ordóñez, resulta más inaceptable porque no consta ninguna ruptura pública, visible e inequívoca con el entramado político y social de ETA".

“No se nos puede pedir a las víctimas que hagamos un acto de fe en un supuesto arrepentimiento que no se acredita con hechos”, incide en un comunicado Ordóñez. Para la presidenta de Covite, el Gobierno vasco está “consolidando una política penitenciaria orientada a acelerar la salida de prisión de los presos de ETA sin exigirles una verdadera asunción del daño causado”. Y apostilla: “Estamos ante la culminación de la última exigencia de ETA que quedaba por cumplir en este final negociado que vivimos: vaciar las cárceles”.

Dignidad y Justicia, por su parte, acusó este domingo al Gobierno vasco de “volver a traspasar otra línea moral y a traicionar a las víctimas del terrorismo” por concederle la semilibertad a la “sanguinaria” Anboto: “Los terroristas dirigen así la política penitenciaria del Gobierno vasco y “salen en libertad sin haber pedido perdón y sin haber colaborado con la justicia”.