Las escuelas infantiles andaluzas se movilizan contra la Junta para reclamar una actualización del precio plaza, congelado desde 2020

Inmerso en precampaña electoral, el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, anunció el jueves pasado que a partir del próximo curso las escuelas infantiles serían gratuitas para los niños de uno a dos años, adelantando la ejecución de una iniciativa -la bonificación al 100% de la escolarización de 0 a 3- que su Gobierno se había planteado realizar en seis años. Con lo que no contaba el dirigente popular es que esa medida iba a espolear el malestar de los directores de estos centros de primer ciclo de educación infantil que han constatado que su reivindicación de actualizar el precio plaza -la tarifa oficial regulada por la administración pública que cubre el coste de la escolarización-, congelado desde 2020, quedaba aparcado por el Ejecutivo autónomo. Las patronales han convocado una concentración en protesta por el abandono por parte de la Consejería de Desarrollo educativo este miércoles en el Parlamento andaluz.

“Por supuesto que estamos contentos con que se amplíe la gratuidad, es una buenísima noticia para las familias, pero para nosotros prestar el servicio y la atención que ofrecemos con un precio plaza que no ha variado desde 2020, cuando en este tiempo han subido los suministros, los materiales, los salarios, es insostenible”, explica Maribel Uncala, presidenta de Escuelas Infantiles Unidas, la principal asociación del sector, que representa a 25% de las guarderías adheridas al programa de Ayuda a las familias de la Junta. “No estamos pidiendo un incremento para tener un margen de beneficio, sino simplemente para que el funcionamiento sea sostenible”, abunda José Luis Hervás, presidente de la Asociación Andaluza de Centros de Enseñanza de Economía Social (ACES), otra de las entidades que aglutina a estos centros educativos privados, que advierte de cómo, muchos van a tener que enfrentarse al incremento de la inflación derivada de la actual guerra en Irán, “cuando aún arrastran deudas de la pandemia”.

Andalucía es el único territorio en el que en la educación infantil de 0 a 3 años prima la colaboración público-privada, un modelo en el que el 93,4% de las plazas están bonificadas al 100% -con la extensión de la gratuidad de los dos a tres años y con la previsión de la ampliación de uno a dos el próximo curso, de la que se podrían beneficiar 64.000 niños-, y el resto se subvenciona en función de la renta. Se trata de un sistema que propiciaron los Gobiernos socialistas para impulsar el primer ciclo de educación infantil en un momento en el que la red de escuelas públicas era muy pequeña y que el actual Ejecutivo popular siempre ha considerado “un éxito”, hasta el puno de devolver 119 de los 123 millones que recibió con cargo a los Fondos Next Generation porque obligaban a crear plazas públicas gratuitas. En la actualidad hay 1.483 centros privados adscritos al programa de ayudas de la Junta -la bonificación es para las familias, no para las guarderías- a los que paga 240,53 euros mensuales, que se elevan a los 332,34 para los que tienen comedor.

En estos seis años, los costes para estas escuelas infantiles, de las que dependen alrededor de 16.000 personas, casi todas mujeres, de acuerdo con los datos que maneja Escuelas Infantiles Unidas. “Está bien que se apoye a las familias con la gratuidad, pero no se nos da nada a los centros, el mío tiene 56 plazas y están todas llenas, pero ni aún así puedo cubrir costes, y eso te obliga a replantearte las cosas”, se queja Helena Alvarado, directora del CEI Soletes, en Huelva. Para garantizar los puestos de trabajo de sus cinco profesoras y cumplir con el convenio y el pago de sus salarios, ella se ve obligada a “echar más horas y a cobrar menos y a pedir pólizas a los bancos”. “Pero si las plazas van a seguir congeladas al menos un año más no vamos a poder ampliar ya esas pólizas. Es inviable y el banco nos va a cerrar las puertas”, se lamenta.

Las medidas de Alvarado son las mismas a las que han tenido que recurrir en estos años la mayoría de sus colegas para mantener la calidad de la atención que prestan, tal y como reconocen Uncala y Hervás. “Muchas de esas pólizas están completamente agotadas y se van a convertir en préstamos, y hay algunos centros que cierran, que tienen que hacer ERE, que se declaran en quiebra… Todos los años hay escuelas que cierran, lo que ocurre es que también muchos que estaban fuera del sistema de ayudas se adhieren al programa”, explica Uncala.

“Tarde o temprano me afectará a mí”

María José Moreno Domínguez, trabajadora de la Escuela Infantil Tambor, en Sevilla, es consciente de que, si no se incrementa pronto el precio plaza, su empleo puede peligrar. “De momento no me está afectando, pero tengo dos compañeras que tenían un centro en Mairena que ha tenido que cerrar porque les era inviable seguir con el coste que tenían”. Moreno indica que si su guardería estuviera completa solo se cubrirían los gastos de nóminas, luz.

Ella nota las consecuencias de la congelación en las sustituciones. “Son imposibles, porque la empresa no puede asumir el gasto de una persona que cubra la baja e intentamos no faltar, porque sabes que lo que dejas a tu compañera no son paquetes de folios, son niños”, advierte, para poner el foco en el desconocimiento de la sociedad y las administraciones sobre lo que implica convivir en un aula con bebés o niños menores de dos años. A esto ella suma los horarios muy amplios -de 7 a 17.00- y lo poco que se abona por las aulas matinales y vespertinas. “Cuestan 20,9 euros al mes, cuando una canguro te cuesta 10 euros la hora”, constata. “A este ritmo, las empresas no pueden seguir y eso tarde o temprano me afectará a mí, como ya le ha pasado a mis compañeras”, abunda, para reclamar también una bajada de la ratio y la necesidad de una pareja educativa en las aulas.

Los sindicatos que están presentes en la mesa sectorial de Educación Infantil comparten el problema de la infrafinanciación en esta etapa. “Habría que estudiar medios para una financiación justa revisable del tiempo, un sistema de actualización automática en función de IPC o de otro tipo de parámetros, para evitar que las empresas lleguen a la decisión de cerrar por no poder más”, indica Miguel Ángel Palma, responsable de enseñanza privada de CC OO Andalucía. Las organizaciones de trabajadores no secundarán la concentración de este miércoles, porque quieren impulsar más medidas, además del incremento del precio plaza.

“Con la movilización queremos que la sociedad comparta nuestra preocupación”, remarca Hervás. Una preocupación que llevan compartiendo con la Junta de Andalucía años y que confiaban en que ese curso se podría resolver. “En noviembre ya pedimos que se convocara una reunión para tratar el incremento del precio plaza. También advertimos a la consejera de que este curso todos los huevos que tuvieran en la cesta para educación infantil se destinaran a este asunto”, recalca la presidenta de Escuelas Infantiles Unidas. Lo que no podían imaginarse es que, después de meses de largas, en la reunión del pasado 19 de marzo, en lugar de una propuesta concreta, lo que se les prestara fuera el anuncio de la ampliación de la gratuidad que justo ese mismo día estaba anunciando el presidente andaluz. La Junta ha aplazado hasta después de Semana Santa, cuando arranca el proceso de matriculación, el encuentro previsto para este lunes.

“Nosotros no sabemos qué cálculos hace la administración, sí conocemos los nuestros y lo que arrojan es que estamos prestando un servicio a pérdida y no hay que olvidar que aquí la mayoría se dedica a esto por vocación y que esta etapa no solamente es esencial para el desarrollo de los niños, sino que permite a las familias que puedan conciliar, que puedan trabajar y por tanto generar más ingresos, pagar más impuestos, tener más hijos, pero para eso es esencial generar la sostenibilidad de las escuelas infantiles”, puntualiza Hervás.