La muerte de El Mencho deja a la deriva los negocios del Cartel Jalisco con el ELN, el Clan del Golfo y las disidencias

El poder de Nemesio Oseguera, El Mencho, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) abatido este domingo en Tapalpa (Jalisco), deja a la deriva los negocios con algunas estructuras logísticas del narcotráfico en Colombia. En Catatumbo, uno de los mayores enclaves cocaleros del mundo y en plena frontera con Venezuela, las autoridades colombianas han identificado que ese cartel mexicano dirige varios laboratorios de cocaína por los que paga arriendos a las disidencias de las FARC. Desde la Policía hasta la inteligencia del Estado han reseñado también sus nexos con el Clan del Golfo y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN). El CJNG, la estructura criminal más grande y sanguinaria de América Latina, ha mantenido fuertes alianzas con el país sudamericano desde su creación en 2007. En el lenguaje criminal y para los negocios, acá se les reconoce como “los manitos”.

Una fuente judicial menciona que los reportes más recientes los arriendos de laboratorios pactados en 2025 con las disidencias de Norte de Santander. Aunque tradicionalmente los colombianos se han encargado de la provisión de la droga ya lista, en los últimos años los mexicanos han ganado cierta autonomía en esa primera etapa del negocio. “El cartel paga una mensualidad a [las disidencias] que cubre el funcionamiento del laboratorio, incluyendo la mano de obra, que suele ser colombiana, venezolana o peruana”. Los mexicanos definen las cantidades de droga que se procesan, la forma de movilizarlos y la logística de los envíos. “Si quieren mover la coca de un departamento a otro en Colombia, pagan un impuesto adicional al grupo local”, menciona.

La dificultad para seguir estas alianzas transnacionales se explica en que son, sobre todo, itinerantes. Colombia ya no tiene grandes capos visibles ni carteles del narcotráfico como ocurrió en los años 80 y 90 con Pablo Escobar o los hermanos Rodríguez Orejuela. En su lugar, ahora hay grupos armados atomizados, narcos invisibles y sucesores del negocio que son imperceptibles para las autoridades. Por eso, los carteles en México, que han tenido nexos estrechos con Colombia desde los años 90, ahora negocian con casi todos los grupos colombianos de forma simultánea. No hay acuerdos de exclusividad ni lealtades en el negocio. Acuerdan los costos, la logística y las rutas. Una fuente de la Armada Nacional explica que las rutas marítimas que utilizan para los traslados también tienen una organización explícita. “Los colombianos se encargan del traslado de la cocaína hasta Centroamérica o el Caribe, usualmente hasta Honduras o Costa Rica; y ya desde ahí los mexicanos se encargan del resto”. Tanto en el centro, el sur y el norte de Colombia, los mexicanos comenzaron a abrirse un espacio.

El grupo armado con el que más está documentada la relación del CJNG es con el Clan del Golfo, la estructura ilegal más grande del país, con casi 10.000 hombres en armas y que se hace llamar Ejército Gaitanista de Colombia. El Clan se encarga de proveer y organizar las rutas de narcotráfico, especialmente en la región del Darién, en frontera con Panamá, y hacia la costa Pacífica, en zonas como el puerto de Buenaventura y el departamento del Chocó. En esas zonas, donde se concreta gran parte del envío de los cargamentos de cocaína, los mexicanos han ganado poder en la última década.

Esas alianzas han sido más evidentes después de la firma del Acuerdo de Paz con las FARC, cuando el grupo ilegal más relevante del país entregó las armas y el negocio de la cocaína quedó, en la mayoría de regiones, sin un sucesor claro. Para 2018, las alianzas con los carteles mexicanos, que aprovecharon ese vacío, comenzaron a ser más rastreables: la Policía Antinarcóticos informaba que ya hacían presencia en nueve de los 32 departamentos de Colombia. No solo en Antioquia, bastión militar del Clan del Golfo, sino en Cundinamarca, Norte de Santander, Valle del Cauca, Nariño, Cauca, Meta, Guaviare y Vichada.

Cuando el fenómeno apenas comenzaba a estar en el radar de las autoridades, la Defensoría del Pueblo documentó su presencia en Córdoba. En el municipio de Tierralta, cerca a Antioquia, varios líderes comunales denunciaron que fueron amenazados por disidentes. Estos buscaban evitar que se sumaran oponían a los programas de sustitución de cultivos de coca, y les contaban que ahora serían los carteles mexicanos quienes financiarían ese negocio. Ese año, varios “manitos” fueron vistos en campamentos armados, en cascos urbanos de zonas de tránsito de cocaína como el de Tumaco y en zonas de acopio de droga en el Catatumbo. Ya la Fiscalía General de la Nación tenía 102 investigaciones en las que vinculaba a un centenar de mexicanos con dinámicas que revelaban sus intentos por tomar el control del negocio.

Los vínculos se fueron fortaleciendo. Para 2023, el general (r) José Luis Ramírez, actual director del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, explicaba que los grupos ilegales colombianos recibían armamento de los mexicanos a cambio de la cocaína. Y ya señalaba que varios emisarios del CJNG y del cartel de Sinaloa buscaban participar en la producción de la cocaína, sus precios y las rutas, aunque descartó que tuvieran el control total del negocio.

Aunque eso ha venido cambiando, un informe de la Revista Criminalidad de la Dirección de Investigación Criminal (Djin), advierte que, en el país, “el cartel ha asumido labores de seguridad y prestación de servicios criminales a estructuras de distintas naturalezas”. Se refiere también a las disidencias que lidera Iván Mordisco y al ELN. Según la publicación, las alianzas incluyen el reclutamiento de colombianos para fortalecer los carteles. Aunque no hay forma de cuantificar el fenómeno, las autoridades mexicanas tienen registro de la presencia de excombatientes o mercenarios colombianos que integran los grupos ilegales desde hace al menos 15 años.

Hoy, los acercamientos se suelen hacer por grupos de WhatsApp. Reclutadores colombianos contratados por los carteles buscan a hombres que hayan estado en la guerra, como militares o guerrilleros, o que hayan trabajado en seguridad privada. Inicialmente, lanzan una sin dejar rastro de su fin ilícito. “Se les dice que es para cuidar fincas o para ofrecer servicios de seguridad en sitios turísticos de México”, explica una fuente judicial. El Cartel Jalisco Nueva Generación es uno de los que más busca combatientes colombianos, especialmente por su experiencia en combate, que sirve para adiestrar a sus sicarios en el uso de armamento militar, en la fabricación de explosivos y en la colocación de minas antipersonales. Ahora, con su máximo líder fuera del tablero, la red de guerra y narcotráfico que el cartel tejió durante años en Colombia entra también en una fase de incertidumbre.