El Catatumbo entra a su segundo año de crisis humanitaria sin señales de alivio

El foco de violencia más activo en Colombia suma un año sin apagarse. El Catatumbo, una zona montañosa en la frontera con Venezuela y un enclave cocalero en el país que produce la mayoría de cocaína del mundo, sigue presenciando los ataques entre la guerrilla del ELN y las disidencias de las extintas FARC conocidas como Frente, parte de los grupos al mando de alias Calarcá Córdoba, con quien el Gobierno de Gustavo Petro sostiene una mesa de diálogo. La Defensoría del Pueblo no ha calculado la cantidad de personas que se han desplazado en lo que va de enero, pero durante 2025 contabilizó 91.676 casos. Desde el 31 de diciembre, los pobladores han denunciado el sobrevuelo de drones cargados con explosivos. Se han conocido imágenes de familias ondeando camisetas y trapos blancos para que los ataques no cayeran sobre sus viviendas. Muchos de ellos tuvieron que huir hace un año y, tras retornar, temen una nueva ola de violencia.

En enero de 2025, el presidente calificó el mayor hecho de desplazamiento masivo registrado en un país con millones de desplazados como un “fracaso de la Nación” y “uno de los hechos más dramáticos” en la historia del país. La arremetida lo llevó a suspender los diálogos con la guerrilla: “El ELN tomó el camino de la guerra y guerra tendrá”, escribió entonces. Sin embargo, ha mantenido las negociaciones con el autodenominado Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBD) de Calarcá Córdoba y sigue firme su plan para establecer una zona de ubicación temporal en el área rural de Tibú, el municipio más poblado y grande del Catatumbo, donde al menos 150 combatientes del Frente 33 se concentrarían para dejar las armas y transitar hacia la vida civil.

Pese a ese atisbo de esperanza, las heridas no cicatrizan. El 14 de febrero de 2025, cuando la emergencia humanitaria se había desbordado, un enfrentamiento en la zona rural de Tibú dejó heridas a Johanna y Alejandra Quiñones, de 18 y 25 años. Las balas entraron por las paredes y techos de madera de su casa, al borde de la carretera. Con las primeras ráfagas, las dos hermanas se resguardaron bajo los colchones junto a sus hijos de dos, tres y cinco años de edad. Varios disparos las alcanzaron cuando estaban en posición fetal, protegiendo a los menores. Johanna falleció en la ambulancia que la trasladaba a un hospital de la capital departamental, Cúcuta, a tres horas y media de camino. Alejandra estuvo dos meses en coma en ese centro médico y falleció el 14 de abril. Su familia, rota desde entonces, ahora enfrenta la nueva ola de violencia desde el corregimiento Campo Dos.

Blanca Parada (Tibú, 50 años), la mamá de las dos hermanas asesinadas, habla desde su nueva casa, a la que llegó con su familia después de vivir tres meses en Cúcuta. La familia Quiñones llegó primero al estadio municipal de la ciudad en febrero, mientras esperaba una recuperación de Alejandra que nunca ocurrió. “En abril nos dijeron que teníamos que salir de ahí, que no iba a haber más ayudas humanitarias. Pasamos a una casa, donde pagábamos arriendo, hasta que ella falleció”, cuenta la mujer. La familia solo recibió el cuerpo de Alejandra 21 días después de su muerte, por problemas con el registro de defunción.

A finales de mayo, cuando pudieron enterrar su cuerpo junto al de su hermana, regresaron al campo. “En la ciudad no hay en qué emplearse y todo es muy caro”, dice Blanca. Su yerno y sus hijos comenzaron a trabajar en varias fincas de Campo Dos, cerca del lugar del que fueron desplazados, pero lejos, parecía, de los enfrentamientos. “Hace una semana empezamos a escuchar bombazos otra vez y nos volvimos a resguardar, aunque el enfrentamiento no fue tan cerca”, señala. Son varias las familias que han decidido retornar al Catatumbo tras salir huyendo, aun en medio de la violencia, porque su proyecto de vida está en el campo. “Cuando salimos desplazados, no pudimos sacar ni una muda de ropa. Nos quedamos solo con lo que teníamos puesto. A esa casa ni pudimos ni quisimos volver”, añade la mujer.

La muerte de sus hijas probablemente no haya sido contabilizada en los reportes del Puesto de Mando Unificado que lidera la Gobernación y que ha reportado 166 asesinatos por esa violencia, entre firmantes de paz, líderes sociales, particulares y menores de edad. El único contacto de la familia con una entidad pública se dio en febrero, cuando entregaron su testimonio a la Unidad de Víctimas y la Defensoría del Pueblo en espera de alguna ayuda humanitaria o de una reubicación. Nada llegó. El Comité Internacional de la Cruz Roja, dice Blanca, pagó parte de las honras fúnebres de sus hijas, mientras las peticiones y declaraciones ante la Alcaldía de Tibú y la Gobernación se quedaron en trámites.

Mientras tanto, se acumulan las señales de alerta de otro nuevo pico de violencia. La defensora del Pueblo, Iris Marín, advertía que durante la madrugada del martes fueron secuestrados cinco policías en la carretera entre Cúcuta y Tibú. Las autoridades han reportado más de mil personas desplazadas desde mediados de diciembre, mientras que la organización Vivamos Humanos advierte que otras 6.000 se encuentran, de nuevo, en riesgo de confinamiento. Este viernes, cuando se cumplía un año del comienzo de la crisis más aguda, una comisión humanitaria de la Defensoría, el Ministerio de Defensa y varias organizaciones sociales regresó al Catatumbo para verificar las afectaciones. Sin garantías de un cese al fuego y con ambos grupos señalándose mutuamente, los alivios parecen lejanos.

Además de los combates, el ilegal reclutamiento de menores de edad está latente. Aunque no hay cifras que ayuden a dimensionar el fenómeno, la Gobernación ha reportado que el Ejército, solo este último año, ha logrado recuperar a 41 menores de edad que integraban los grupos ilegales. Es un peligro que se suma al riesgo de vivir entre la vida y la muerte, y que también alcanzó a la familia Quiñones. “A mi hijo Jose, de 15 años, lo tuve que sacar a donde la familia en Venezuela porque se lo iban a llevar. Ya teníamos varias advertencias”, cuenta doña Blanca. Con la familia repartida entre Campo Dos y Puerto Concha (Venezuela), contempla migrar a ese país. “Las cosas allá tampoco están del todo bien y también hay muchas bandas, pero al menos no viviríamos en esta zozobra infinita de que un día nos van a matar”.