Un nuevo ciclo de desempeño educativo para el próximo periodo

Tras casi cuatro años de reactivación educativa, y a una semana del cambio de mando, hoy podemos asegurar que el sistema de educación chileno está normalizado y en condiciones para continuar mejorando. Concretarlo no fue fácil e involucró generar innumerables estrategias en lo que fue un verdadero Gobierno de emergencia.

En 2022 nos tocó enfrentar los efectos acumulados de una crisis sanitaria sin precedentes, con la caída histórica en puntajes Simce (el peor desempeño en una década), con cifras de inasistencia grave que duplicaban la de años anteriores, además del alza en la tasa de desvinculación escolar a un 1,7% y un significativo incremento en las denuncias por convivencia escolar ante la Superintendencia de Educación.

Cuatro años después, los indicadores educativos dan cuenta de una recuperación que no solo compensó las pérdidas de la pandemia, también superó niveles previos a esta, abriendo un nuevo ciclo de desempeño educativo para el país. Más allá de los esfuerzos institucionales, esto ha sido obra de las propias comunidades, que este 2026 inician un nuevo año escolar en condiciones mucho mejores que en 2022.

En materia de aprendizaje y vinculación escolar se concretaron avances históricos. Por un lado, en 2024 los estudiantes de cuarto básico obtuvieron el puntaje promedio Simce más alto desde que existe comparación, con 278 puntos en Lectura y 264 en Matemática. El mismo año, Chile alcanzó la tasa de desvinculación escolar más baja desde que hay registro (1,3%); reducción en la que destacan los grupos socioeconómicos más bajos.

Estos resultados fueron de la mano con la recuperación de la asistencia, en la que sobresale el alza de 16,5 puntos en el nivel parvulario respecto a 2022, con un promedio de 78,9% en 2025. En escolar, el último año la asistencia promedió un 87,4%, cerca de 5 puntos más que en 2022 y apenas 1,5 por debajo de 2018.

Más allá de la reactivación, durante estos años el ministerio de Educación se abocó a evaluar con rigurosidad y apoyo de expertos de distintas afinidades las últimas reformas del sector: el Sistema de Admisión Escolar (SAE) y la Nueva Educación Pública. En ningún caso las evaluaciones sugirieron detener ni terminar con estos procesos; por el contrario, para ambas se propusieron modificaciones que optimicen su funcionamiento y maximicen sus resultados, resolviendo deficiencias identificadas en su implementación.

Para el caso del SAE, recogimos las sugerencias de la Mesa Técnica evaluadora y presentamos al Congreso un proyecto de ley que ya cuenta con acuerdo técnico y que, de ser aprobado, permitirá perfeccionar el funcionamiento de una herramienta que ha demostrado ser un aporte significativo a los procesos de admisión escolar, reconocida y valorada unánimemente por la Mesa a cargo de su evaluación.

Pero el Sistema de Admisión Escolar es mucho más que una herramienta de asignación de vacantes, y saberlo es esencial para mejorar la gestión educativa. Con un uso estratégico de la información que proporciona, el SAE es un instrumento clave para la planificación territorial de la oferta educativa y para detectar y revertir situaciones de exclusión escolar. Sin ir muy lejos, en el último proceso regular el SAE permitió identificar y reincorporar a 169.622 estudiantes que habían interrumpido su escolaridad.

En cuanto a la Nueva Educación Pública, en vistas de los buenos resultados obtenidos por los Servicios Locales en ámbitos de aprendizaje y vinculación escolar (fueron el sostenedor que más redujo la tasa de desvinculación en el último tiempo), y frente a la recomendación del Consejo de Evaluación de continuar hasta su total implementación, durante el periodo reimpulsamos su instalación de manera responsable pero decidida. Así, considerando diferentes estándares para asegurar el correcto traspaso y sorteando dificultades identificadas en las evaluaciones, conseguimos instalar 25 nuevos Servicios Locales, que junto a los 11 ya instalados en 2022 suman más de la mitad del sistema en funcionamiento.

Junto con estos avances impulsamos una contundente agenda legislativa orientada a resolver deficiencias y reparar sentidas demandas del sector, entre ellas la Deuda Histórica, que repara el perjuicio económico provocado a miles de docentes en dictadura; el Sistema Único de Evaluación Docente, que puso fin a la doble evaluación de profesoras y profesores; la homologación de parámetros de remuneración para trabajadores de la educación inicial, y la Bonificación de Zona para asistentes de la educación que desempeñan funciones en territorios aislados.

Leyes como la de modernización de la educación parvularia, de convivencia y bienestar de las comunidades educativas -primera normativa integral sobre la materia- y la de fortalecimiento del Sistema de Educación Pública fueron posibles gracias a una gestión enfocada en el diálogo y la búsqueda de acuerdos con las diferentes bancadas. Así, a pesar de nuestras diferencias, heredaremos al país normativas que en su mayoría afirman los avances y allanan el camino para seguir mejorando la educación en Chile.

Lejos del colapso, la educación chilena está logrando mantener a más jóvenes estudiando y mejorar de manera sostenida los resultados de aprendizaje, en particular en enseñanza básica y entre estudiantes de los quintiles más vulnerables. Esto ha sido gracias a los esfuerzos de reactivación y a las comunidades, pero también a herramientas como el SAE y a transformaciones profundas como la Nueva Educación Pública. Los resultados indican que Chile va por buen camino; no es para conformarnos, pero debemos reconocer los avances para seguir mejorando, y hacerlo implicará fortalecer estos procesos.