Desafíos para avanzar hacia un sistema educativo más inclusivo

La aprobación de la Ley de Inclusión Escolar en Chile en 2015 (Ley 20.845) puso en el centro de la discusión el derecho de las y los estudiantes a una educación de calidad a lo largo de toda la vida sin ser discriminados por clases sociales, etnias, culturas, género, características, capacidades y necesidades de aprendizaje; reconociendo que cada persona puede aprender y debe ser respetada y valorada. Este hito se constituyó como un paso importante para abordar la segregación del sistema educativo, inaugurando el Sistema de Admisión Escolar (SAE), el que recientemente fue revisado por una Mesa Técnica, la cual elaboró un informe con recomendaciones orientadas a fortalecer la atención a la diversidad en el sistema escolar.

No cabe duda de que Chile ha construido un marco normativo que obliga a avanzar y fortalecer una educación que acoja a todas y todos, reconociendo y eliminando las barreras de acceso, permanencia y participación de las y los estudiantes. El Decreto Exento 83 promueve la diversificación de la enseñanza; mientras que la Ley 21.545, conocida como “Ley TEA”, busca asegurar la igualdad de oportunidades y la educación de estudiantes con diagnósticos asociados al Trastorno de Espectro Autista. Sin embargo, los avances en la regulación no han estado exentos de tensiones, lo que plantea una pregunta central: ¿Cuáles son los desafíos para que la inclusión se materialice en los establecimientos?

En primer lugar, es clave volver a equilibrar la carga administrativa que trae consigo este marco normativo para los equipos de gestión. Estudios como la Encuesta PULSO 2024-Promoviendo la Comprensión del Liderazgo en las Escuelas, realizado por Global School Leaders en colaboración con Fundación Chile, dan cuenta de la sobrecarga administrativa de las y los líderes escolares, que destinan solo un 32% de su tiempo a actividades educativas relacionadas con el currículum y la enseñanza. En la misma línea, es necesario fortalecer sus capacidades para que puedan aplicar adecuadamente lo que mandata la ley, considerando que su implementación no siempre resulta evidente.

Otro reto es desarrollar capacidades del profesorado para que la diversidad, en su amplitud, pueda ser abordada con responsabilidad. Para ello, resulta fundamental formar profesionales especializados en inclusión, capaces de implementar metodologías y didácticas para la diversidad. Asimismo, es necesario involucrar a las y los estudiantes y sus familias, ya que aún existen sesgos, prejuicios y falta de información que dificultan la implementación efectiva del enfoque inclusivo.

Si bien persisten desafíos, también se registran avances. La Subsecretaría de Educación Parvularia lanzó el Maletín para la Diversidad Funcional, un recurso técnico-pedagógico que apoya a comunidades educativas en la superación de barreras para niños y niñas con discapacidad o diversidad en el neurodesarrollo, e incluye fichas pedagógicas y materiales para familias. Por su parte, “educarchile” —portal del Ministerio de Educación y Fundación Chile— ha ofrecido cursos gratuitos de autoaprendizaje que abordan estrategias para diversificar la enseñanza y gestionar la inclusión en el marco de la Ley 21.545. En dos años, casi 16 mil profesionales se han inscrito, reflejando que la formación es una necesidad del sistema. Es claro que avanzar hacia una educación más inclusiva no depende solo de la normativa, sino también de generar las condiciones que permitan su implementación efectiva. Requiere de un compromiso compartido, apoyos adecuados y tiempo para que los cambios se consoliden.