Amenazas de muerte y protección policial: ser alcalde en Chile se vuelve un trabajo peligroso

Mensajes anónimos, apedreos, un cadáver dejado en la entrada de la casa o el envío de una corona de flores funeraria. Al menos 17 alcaldes de la Región Metropolitana de Santiago, de un total de 52, han recibido amenazas de muerte y ocho cuentan con resguardo policial, señal de la crisis de seguridad que vive Chile y del intento del crimen organizado por mantener el control territorial frente a los esfuerzos de los gobiernos municipales —generalmente con recursos escasos— por recuperar barrios y poblaciones.

Una situación que, si bien no es nueva, se ha venido agravando en los últimos años, dice a EL PAÍS, José Manuel Palacios, presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch), y alcalde del municipio capitalino de La Reina. “Lo que antes eran hechos aislados hoy se han transformado en una práctica sistemática. Desde hace al menos tres años venimos advirtiendo que el crimen organizado está avanzando hacia el nivel local, intentando amedrentar a alcaldes y equipos municipales que están en la primera línea del control territorial”, asegura Palacios. “Estamos frente a estructuras delictuales que buscan instalarse en los barrios y ven en los municipios un obstáculo directo”, explica.

Posiblemente el caso más emblemático es el caso de Claudia Pizarro, la alcaldesa de La Pintana, el municipio más pobre de Santiago. Fue la primera autoridad comunal en tener protección policial al ser amenazada en 2017 tras colaborar en la investigación en contra de un alcalde de un municipio vecino, acusado de tener vínculos con el narcotráfico y bandas criminales. Pero las amenazas no han cesado en estos años: encerronas, seguimiento, apedreamiento de su auto. “Me amenazan, me gritan cosas. (…) En un puerta a puerta me mostraron un arma y en otro tuve que esconderme en un domicilio” luego de ser intimidada, cuenta Pizarro a EL PAIS.

La alcaldesa, que está en su tercer período al frente de La Pintana, explica poco a poco se han ido ganando la confianza de las personas. “Todo lo que hacemos, a lo criminales les molesta. Todo lo que hacemos para recuperar los barrios, les molesta. Nosotros para ellos somos una molestia permanente”, afirma.

Palacios coincide con Pizarro y asegura que el aumento de las amenazas contra alcaldes se debe a que “los municipios empezaron a incomodar” a las bandas delictuales. “Cuando los alcaldes fiscalizan, recuperan espacios públicos, enfrentan el comercio ilegal o coordinan operativos, tocan directamente los intereses del crimen organizado. Y la respuesta es la que conocemos: amenazas, intimidación y violencia”, sostiene.

Los casos más recientes de amenazas en contra de jefes municipales es que el afectó al alcalde de Peñalolén Miguel Concha, luego de que el municipio que encabeza ordenara la demolición de una casa vinculada a grupos narcos, y el de Karina Delfino, del Quinta Normal, a quien se le dejó el cadáver de una mujer dentro de una caja afuera de su vivienda.

“Cuando un alcalde está en una comuna con alta presencia de crimen organizado, quien está en riesgo no es solo la autoridad, es la capacidad del municipio de seguir fiscalizando, recuperando espacios públicos y prestando servicios básicos a la comunidad. Si esa autoridad es amedrentada o queda paralizada, los que ganan son las organizaciones criminales”, asegura Palacios.

Ante el aumento de las amenazas la fiscalía puso a disposición de los alcaldes un programa computacional para que las autoridades puedan hacer en forma directa y rápida las denuncias ante cualquier situación que afecte su seguridad, para agilizar la decisión de brindarles protección y que se inicie una investigación penal contra los responsables.

La alcaldesa Pizarro reconoce el temor que vive cada día: “Aquí, en el fuero interno, da miedo, pero no podemos demostrar miedo. Ellos [los criminales] esperan eso de nosotros, que demostremos miedo y que nos atemoricen. Al contrario, cada vez que nos llega una amenaza, nosotros procedemos a denunciar a la fiscalía”.

Los alcaldes se quejan de que durante años algunas de las funciones en seguridad se fueron traspasando a los municipios sin un respaldo suficiente, y que tareas como la persecución del delito y el control del orden público tienen que estar en manos de otras instituciones del Estado. “Se dejó a los municipios como la cara visible de un problema que es del Estado en su conjunto” lo que “terminó exponiendo a los alcaldes como el rostro más directo frente al crimen organizado. Y eso no puede seguir así”, protesta el presidente de la Amuch. “No podemos seguir teniendo alcaldes convertidos en blanco de amenazas por estar haciendo una pega que el Estado debe asumir de manera integral”, sentencia Palacios.

Pizarro detalla que “cuando el Estado no está presente, son los alcaldes que asumen la tarea de defender a los vecinos del poder narco”. Pero, asegura, no solo se requieren más recursos para seguridad y mayor presencia policial (hace 10 años para todo el municipio había dos vehículos de Carabineros y hoy hay 10). “Necesitamos más inversión en los espacios públicos, más iluminación, más cultura, más deporte, invertir en el tiempo libre de los jóvenes, de los más pequeños, en lugares protegidos como polideportivos. Ahí está la clave”, dice.

Como una forma de avanzar en la protección de los alcaldes, la Amuch impulsa un proyecto de ley para endurecer las sanciones contra quienes amenacen a los jefes de municipios, especialmente cuando detrás está el crimen organizado y el narcotráfico.

Pero Palacios sostiene que “más que una lógica de protección individual, lo que se necesita es un sistema preventivo de seguridad para territorios críticos, donde el Estado actúe de manera anticipada y coordinada. Eso incluye resguardo a las autoridades, pero también fortalecimiento de los equipos municipales y presencia efectiva de las policías”.