En la Guajira, el escándalo de la UNGRD no cambia los votos: “Ya no pueden hacer campaña con el agua”

Un hombre se detiene en la mitad de un andén en el centro de Riohacha, al borde del mar Caribe. Se quita una gorra roja del Partido Liberal, se seca el sudor con el dorso de la mano y, sin apuro, saca otra del bolsillo. La nueva gorra es blanca, del Pacto Histórico, el partido de Gobierno. En La Guajira, uno de los departamentos más calurosos de Colombia, regalar gorras con nombres de políticos es una de las formas más efectivas de hacer campaña. A pocos días de las elecciones legislativas, el panorama parece definido. Los clanes tradicionales tapizan la capital departamental con publicidad, y las champetas y vallenatos de propaganda suenan en cada esquina. Los más opcionados para repetir curul en el Congreso son justamente los que están siendo investigados por la justicia en el mayor escándalo de corrupción del Gobierno de Gustavo Petro, el de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Todos evitan hablar del agua, la promesa incumplida por décadas y que está en el centro de ese entramado que ha golpeado al Ejecutivo.

El poder político en esa península al extremo norte de Colombia se mide, sobre todo, en dos ciudades: en Riohacha, la capital, y Uribia, puerta de la Alta Guajira y el municipio más extenso. En las plazas, de unos 200.000 habitantes cada una, la disputa la encabezan la gobiernista Martha Peralta (Partido MAIS), quien aspira a repetir su escaño en la circunscripción indígena y está implicada en el escándalo; y el opositor Alfredo Deluque (Partido de la U), heredero de una de las casas políticas tradicionales. Su padre, el exgobernador Hernando Deluque, está condenado por la celebración de un contrato sin cumplimiento de requisitos legales. El patriarca, con una pena de más de ocho años de prisión domiciliaria ratificada por la Corte Suprema hace cinco meses, se paseaba por la plaza de mercado de la capital el sábado, en medio del cierre de la campaña que busca reelegir a su hijo. Entrega volantes. Da órdenes. La gente le pide fotos.

Aunque los dos compiten en circunscripciones diferentes, cada votante solo puede participar en una de ellas. Por eso, Peralta y Deluque se miden en las calles, con distintos apoyos de clanes políticos. La mujer wayúu tiene como fórmula a la Cámara de Representantes a Juan Loreto Gómez, del Partido Conservador y quien también es investigado por el escándalo de la UNGRD. Según varios líderes políticos locales, a esa fórmula la respalda el alcalde de Uribia, Jaime Buitrago García. “Si el alcalde le cumple, le garantiza unos 20.000 votos allá”, dice una lideresa cercana a los políticos de la región.

Otro de los poderosos que los respaldan es Samuel Santander Lopesierra, conocido como El Hombre Marlboro por el dominio que llegó a tener sobre el contrabando de cigarrillos. Santa, como también le dicen, pagó una condena de 18 años en Estados Unidos por narcotráfico e impulsa la campaña en el municipio de Maicao, fronterizo con Venezuela. En varias de sus publicaciones en Instagram, repite una suerte de eslogan: “Yo voto por el que diga Santa”. Con papayeras, desfiles y reuniones en Maicao, le ha abierto paso a la alianza entre la escudera del presidente de izquierda y el congresista del centenario partido de derecha. La dupla no recibe un respaldo similar en Riohacha y Manaure, los dos municipios con más población wayúu y donde Deluque tiene más fuerza. Ante ello, todas las fuentes coinciden en que será Uribia la que defina las elecciones. Y, allí, los apoyos están divididos.

Bonifacio Henríquez Palmar, exalcalde, tiene sus propios votos, dicen líderes y funcionarios públicos. Sostienen que respalda la candidatura de Alfredo Deluque y su fórmula a la Cámara, Hortencia Bernier, los dos por el Partido de La U. Pero también Wadith Manzur, un político cordobés conservador tan desconocido en La Guajira, que pocos pueden pronunciar su nombre. En el municipio más desértico de la zona más seca de Colombia, a 120 kilómetros de Riohacha, la gente repite con certeza que su campaña depende del exalcalde. “Lo llevó allá por favores políticos. Los votos que logre serán solo en ese municipio”, señala un líder de la comunidad de Irraipa. Y los pocos que conocen a Manzur lo hacen por ser otro de los implicados en el escándalo de corrupción que dejó sin agua a cientos de comunidades indígenas. Apenas una vez este año ha visitado ese departamento, y ha evitado hablar sobre sus líos con la justicia. “Él llegó acá sin pena, como si no hubiese hecho nada”, dice una lideresa política.

Isidro Ibarra Fernández, un docente y líder comunitario, explica que la mayoría de campañas que no tienen respaldo de grandes caciques se están gestando con las uñas. En el comedor de su casa se apilan varios tarjetones pedagógicos que enseñan cómo votar a la circunscripción indígena. Ibarra respalda a otro candidato, Rubén Marino Borge, un barranquillero que se lanzó por el partido de Autoridades Indígenas de Colombia. “Pelear contra las maquinarias es muy difícil, porque ellos tienen todo el músculo económico”, explica.

En La Guajira el voto está lejos de ser secreto. Las vallas que se cuelgan en fachadas, carros y vías van firmadas: “Apoya familia Robles Sánchez”, “Apoya Grupo Warinchon”, “Apoya Pedro Cortez”. Se trata de una garantía para que el votante reclame su apoyo a un candidato que sale elegido y una evidencia para el castigo que imponen los políticos locales a quienes les dieron la espalda. Damasia Vanegas, una lideresa y docente de Uribia, lo dice por experiencia. “En las elecciones pasadas no respaldé al Pacto Histórico, y eso me costó un castigo. En todos estos años nunca pude participar de ningún proyecto para el colegio que represento”, cuenta.

Otro actor que define buena parte de las votaciones es Carlos Arturo Robles, el rector de la Universidad de La Guajira desde hace 15 años y quien, según revelaciones de varios medios, enfrenta investigaciones de la Fiscalía por supuestos vínculos con una red de narcotraficantes, que él ha negado. Kaloy, como se lo conoce en La Guajira, es una de las personas a las que más se arriman los políticos en campaña. Una funcionaria de la casa de estudios cuenta que hoy respalda a Deluque, tras distanciarse de Peralta. “A él le dan los votos de agradecimiento los profesores y estudiantes. El poder es grande porque tiene su gente en Riohacha, Maicao y Fonseca”, explica.

Una campaña sin agua

En Riohacha, la campaña parece una gran fiesta. Vehículos atraviesan la ciudad con publicidad sobre sus ventanas y repiten, a todo volumen, las canciones de sus candidatos. Como en una paradoja, la sede roja de las Juventudes Liberales, en la vía principal, declara su respaldo a candidatos del Partido Conservador. Lejos de hablar de propuestas, los candidatos posicionan la idea de que “guajiro vota guajiro”.

La defensora de derechos humanos Irama Móvil explica que en esta ocasión la disputa es leve. “En periodos pasados se hacía campaña con el agua, llevando carrotanques a comunidades rurales, pero esta vez es una bandera que no pueden usar”. La histórica problemática tiene dos grandes protagonistas: Gustavo Rojas Pinilla, dictador entre 1953 y 1957, y Gustavo Petro. El primero, por haber construido una red de molinos de viento y jagüeyes que permiten a los campesinos extraer agua del subsuelo. El segundo, 70 años después, por el ruidoso escándalo de corrupción que recordó la sed que sufren miles de personas.

Sin embargo, algunos los equiparan. David Rodríguez, autoridad tradicional de la comunidad de Irraipa, dice que han sido los únicos mandatarios en priorizar a La Guajira. “Petro es el presidente que más veces ha venido a este departamento. Trajo el gabinete, ha inaugurado dos hospitales, varias escuelas”, proclama. “Los Gustavos no nos han dejado solos”, dice sin apuro, con el trasfondo de que la guerrilla en la que militó el actual presidente, el M-19, se inspiró en el partido populista que lideró Rojas Pinilla en los años sesenta y setenta. Lo secunda Jacobo Pana, un wayúu que defiende que “Petro tuvo las mejores intenciones, pero no lo dejaron gobernar”.

Irama Móvil tiene una opinión matizada. “A Rojas Pinilla lo recuerdan mucho en los territorios y rancherías, y los políticos han utilizado su discurso para decir que quieren hacer obras como la de él, pero es discursivo”. Argumenta que los pueblos indígenas padecen de una gran desconexión con el resto del país. “Muchos de ellos se enteran de las elecciones cuando llegan a empapelar sus casas, y terminan votando sin saber”, sostiene. Se refiere a los poblados llamados rancherías, muchas a cinco o seis horas por carretera del municipio más cercano. En medio del desierto no solo no llega el agua, sino que tampoco llegan otros servicios públicos como la energía.

El escándalo de la UNGRD, que tiene tras las rejas a siete políticos y dos exministros de Petro, no retumbó en La Guajira. Pocos saben quién es quién en el entramado y varios congresistas señalados —Martha Peralta, Juan Loreto Gómez, Wadith Manzur— hacen campaña sin que nadie los interpele. En la vía entre Riohacha y Uribia, los cactus reemplazan las cercas y sirven de tablero para la publicidad electoral. La corrupción no es una conversación cotidiana. Y cuando aparece, casi todos coinciden: “Un verdadero guajiro no se robaría un peso nuestro”.