Olmedo López, exdirector de la UNGRD, asegura sentirse “abandonado” por la Fiscalía al marchitarse su acuerdo de rebaja de pena
El testigo clave en el mayor caso de corrupción que ha golpeado al Gobierno de Petro envía una carta al Ministerio Público en la que exalta su cooperación con la justicia


Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), ha manifestado sentirse “abandonado” por la Fiscalía, con la que colaboró para destapar uno de los mayores escándalos de corrupción y cuyos tentáculos han alcanzado las más altas esferas del Gobierno de Gustavo Petro. En una carta de 11 páginas enviada al Ministerio Público a finales de mayo, López lamenta que la entidad “deje en el olvido” a quien rompió “el pacto de silencio” para que avanzara la investigación del caso.
En la misiva, el exdirector de la UNGRD declara ser un testigo ejemplar: “Mientras algunos siguen negociando su silencio, yo ofrecí mi verdad completa”; “no esperé a que otros hablarán, lo hice con la vida en riesgo, sin pactos oscuros”; “he cumplido con cada audiencia, he sostenido mis declaraciones incluso cuando el miedo me miraba a los ojos”. López afirma que sin su testimonio, el caso no hubiera podido imputar a otras figuras clave como Sandra Ortiz, exconsejera presidencial.
La carta fue enviada a la Fiscalía pocos días después de que un juez en Bogotá rechazase el preacuerdo de López con la entidad, en el que se acordaba una pena de seis años de prisión y una multa de 724 millones de pesos por su colaboración. Según el juez, la condena era “irrisoria” teniendo en cuenta la severidad del impacto de los delitos cometidos por López y por haberse apropiado de más de 25.000 millones (unos 6 millones de dólares), robado al Estado. El Ministerio Público no objetó la negativa.
“La ausencia de apelación por parte de la Fiscalía no solo fue una decisión procesal: fue un silencio que grita, que deja al colaborador sin escudo frente a quienes fueron señalados por su voz”, ha manifestado López en su carta, en la que también asegura hallarse en un “estado de indefensión jurídica, personal y familiar”.
El exfuncionario pidió en mayo de 2024 un acuerdo con la Fiscalía para contar su versión de los hechos: de cómo infló el costo de un contrato con la entidad que dirigía y cómo, con ese dinero robado, sería usado para sobornar a los dos expresidentes del Congreso, Iván Name (Senado) y Andrés Calle (Cámara de Representantes), para que estos impulsaran las reformas sociales presentadas por el Gobierno.
López denunció haber sido instruido por el que fue la mano derecha de Petro en el Departamento Administrativo de la Presidencia, Carlos Ramón González, imputado a finales de mayo por el escándalo. El exdirector de la UNGRD también acusó ante la Corte Suprema de Justicia haber recibido órdenes por parte del exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, para ofrecer contratos a congresistas a cambio de votos a favor de la agenda legislativa del Gobierno.
En la correspondencia denuncia haber recibido una oferta de soborno de 13.000 millones de pesos para guardar silencio. “El objetivo era solo uno: callarme, impedir que siguiera colaborando con la Fiscalía, bloquear el avance de las investigaciones contra altos cargos del Estado”, ha apuntado. Según señala, reportó el hecho ante la Fiscalía porque su decisión de colaborar con la justicia “fue más fuerte que cualquier presión económica”.
Olmedo López no es el único en haber llegado a un preacuerdo con la Fiscalía —ahora en suspenso—. Sneyder Pinilla, subdirector de la UNGRD, pactó en abril una rebaja del 45% de la pena y se convirtió así en el primer condenado por el escándalo del desvío de fondos. Una jueza lo sentenció a cinco años y ocho meses de prisión, además de la devolución de los más de 600 millones de pesos de los que se había apropiado ilegalmente. En contraste, el Ministerio Público anunció que la exconsejera Ortiz, imputada por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias, ya no puede acceder a un principio de oportunidad.
La carta finaliza con varias solicitudes: que la Fiscalía adopte todas las medidas para la “defensa y revalidación” del preacuerdo y que sea reconocido como víctima de intento de soborno. “Si el Estado abandona al primero que habló, al que rompió el silencio y abrió la puerta de la verdad, ¿quién se atreverá mañana a contar lo que nadie quiere escuchar?”, cuestiona.
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