Cinco detenidos y tres funcionarios colaborando con la justicia: los avances del caso UNGRD

El más estruendoso escándalo de corrupción del Gobierno de Petro ha vuelto a ocupar las agendas políticas y mediáticas de Colombia. Este miércoles, mientras el Senado de la República definía sus estrategias ante la consulta popular que impulsa el presidente Gustavo Petro para revivir su reforma laboral, la Corte Suprema de Justicia ordenó la captura de los anteriores presidentes del Senado, Iván Name, de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, por el caso de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La trama, que indignó al país entre fines de 2023 e inicios de 2024 y que suma irregularidades en contratos por más de 16.000 millones de pesos o unos 4 millones de dólares, ya suma cinco capturados, tres exfuncionarios colaborando con la justicia y dos exministros encartados.

La Fiscalía logró la primera condena el pasado 29 de abril, cuando un juzgado penal de Bogotá condenó a cinco años y ocho meses de prisión a Sneyder Pinilla, anterior subdirector de la UNGRD, y uno de los testigos clave en el caso. El toro es quien fuera su jefe, Olmedo López, el segundo director designado por Petro para la entidad encargada de atender las emergencias en el país. Desde una guarnición militar, acusados de peculado por apropiación y concierto para delinquir, los dos exfuncionarios firmaron preacuerdos con la Fiscalía en noviembre pasado, en los que se comprometen a colaborar con la justicia a cambio de una rebaja en su condena.

Un tercer testigo es Luis Eduardo López Rosero, dueño la compañía a la que la UNGRD de López y Pinilla entregó una licitación por más de $46.800 millones de pesos (10,7 millones de dólares aproximadamente) para llevar 40 carrotanques a La Guajira. Fueron esos vehículos el hilo del que la justicia desenredó la madeja del caso. Varios medios señalaron que nunca llegaron a las zonas desérticas para repartir agua, que era el fin para el que la UNGRD los compró con lo que ahora se sabe fueron millonarios sobrecostos. López ha reconocido su responsabilidad y ya acordó que pagará seis años y ocho meses de prisión, además de devolver $7.722 millones de pesos (alrededor de 1,8 millones de dólares) que robó al Estado.

Para la Fiscalía, el caso de los carrotanques es solo uno ejemplo de una estrategia, liderada desde el alto Gobierno, para desviar dineros de la UNGRD. López y Pinilla, que dimitieron respectivamente de febrero y marzo de 2024, pronto se rindieron ante las pruebas en su contra y comenzaron a colaborar con la justicia. Han alegado que no actuaron solos y comenzaron a dar nombres de políticos que, afirman, participaron del entramado. A sus testimonios se han sumado chats, interceptaciones telefónicas y actas. La Sala de Instrucción de la Corte Suprema, que investiga a los congresistas, y la Fiscalía, que lo hacen con las demás personas, mantienen abiertas las investigaciones.

Los primeros salpicados fueron, justamente, Iván Name (del Partido Alianza Verde) y Andrés Calle (del Partido Liberal), quienes para entonces presidían las dos cámaras del Congreso de la República. El primero ha sido opositor al Gobierno, mientras que el segundo ha sido su aliado. Según los testigos de la Fiscalía, Name recibió 3.000 millones de pesos (694.000 dólares), supuestamente en dos pagos; y Calle recibió 1.000 millones de pesos (231.000 dólares). La finalidad, dicen Pinilla y López, era asegurar su apoyo a las grandes reformas que había presentado el presidente en el Congreso.

López aseguró que la persona que entregó el dinero en efectivo a Name fue Sandra Ortiz, entonces consejera presidencial para las Regiones y copartidaria del senador. Por esos señalamientos, la política boyacense renunció a su cargo en mayo de 2024, alegando su inocencia. En diciembre, una jueza determinó que la exfuncionaria dela Casa de Nariño debía ser trasladada a prisión mientras avanza su juicio por los delitos de tráfico de influencias y lavado de activos.

La fiscal del caso, María Cristina Patiño, ha dicho que la exconsejera siguió órdenes de Carlos Ramón González, también del Partido Verde y entonces director del Departamento Administrativo de Presidencia. Se trata de uno de los cargos de mayor poder en el Ejecutivo, porque requiere gran confianza del mandatario. González también salió del Gobierno y, luego, del país. Las autoridades han ordenado seguir sus cuentas bancarias, sus celulares y movimientos migratorios.

En cuanto a los ministros, ha sido mencionado el entonces encargado de Interior, Luis Fernando Velasco, quien habría participado en una reunión del 27 de febrero de 2024, en la Casa de Nariño, en la González habría ordenado ofrecer contratos a distintos congresistas para asegurar sus votos. En esa estratagema habría participado al entonces ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y habría sido fundamental en lo operativo su asesora María Alejandra Benavides, que supuestamente gestionó las comunicaciones y reuniones entre su jefe, López, Pinilla y los congresistas.

En concreto, López ha dicho que el economista le ordenó firmar tres contratos por 92.000 millones de pesos (cerca de 23 millones de dólares) para ejecutar proyectos en los municipios de Cotorra (Córdoba) y Saravena (Arauca), y para el corregimiento de El Salado, en Carmen de Bolívar (Bolívar), fortines electorales de congresistas con asiento en las comisiones económicas del Congreso. Para justificar los recursos de la UNGRD, los municipios tuvieron que declarar calamidades que no existían; su gasto iría a los contratistas elegidos por los políticos.

Según las denuncias, los beneficiados serían los senadores Wadith Manzur (Partido Conservador), Juan Pablo Gallo (Partido Liberal), y Liliana Bitar (Partido Conservador), y los representantes Julián Peinado (Partido Liberal por Antioquia), Karen Manrique (Circunscripción Transitoria Especial de Paz) y Juan Diego Muñoz (Alianza Verde por Meta, renunció en febrero a la curul por problemas de salud). Todos pertenecían a la comisión que aprueba los créditos al Ejecutivo, están siendo investigados y han defendido su inocencia.

A ellos se sumó recientemente en los expedientes Martha Peralta, senadora del oficialista Pacto Histórico. En abril pasado, la Fiscalía compulsó copias a la Corte Suprema. Un testigo ha señalado a la parlamentaria de haberle pedido a la UNGRD que direccionara un contrato por más de 2.210 millones de pesos (527.000 dólares) para beneficiar a dos amigos suyos. Se trataba del mantenimiento a unos pozos de agua profundos, un elemento vital en las zonas desérticas de su natal Guajira.

En lo que se conoce hasta ahora, todos los testimonios coinciden en que el presidente nunca conoció del plan de corrupción que beneficiaba a su Gobierno. López ha dicho que la iniciativa surgió de funcionarios cercanos a Petro. El presidente ha negado de forma reitera que se haya ejecutado un plan para beneficiar sus iniciativas. “Saboteó la reforma pensional, la engavetó siete meses para que no quedara tiempo de discusión. Se opuso a todos nuestros proyectos, y ahora va la cárcel, sindicado de robar al gobierno y al pueblo”, escribió este miércoles respecto de Name. No ha reaccionado, por ahora, a la captura de Calle.