La Corte Suprema de Colombia ordena la captura de los expresidentes del Senado y de la Cámara de Representantes por el escándalo de corrupción de la UNGRD

La Corte Suprema de Justicia de Colombia ha ordenado en la tarde de este miércoles la captura inmediata de los expresidentes del Senado, Iván Name, y de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, por el escándalo de corrupción en la Unidad de Gestión de Riesgos y Desastres (UNGRD). La Sala de Instrucción del alto tribunal investiga a los dos parlamentarios por supuestamente haber recibido dinero en efectivo para ayudar a aprobar las reformas del Gobierno del presidente Gustavo Petro. Hacia las 4 de la tarde, la policía ha ejecutado la orden en el caso de Name y desarrolla un operativo en la vivienda de Calle. El proceso que adelanta la Corte contra ambos congresistas es por los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros y cohecho impropio.

El presidente ha reaccionado a la noticia con un mensaje en su cuenta de X en el que niega que Name haya apoyado sus iniciativas: “Saboteó la reforma pensional, la engavetó siete meses para que no quedara tiempo de discusión. Se opuso a todos nuestros proyectos, y ahora va la cárcel, sindicado de robar al gobierno y al pueblo”, se leía en el trino, que borró un par de horas más tarde. El mandatario no ha mencionado a Calle.

Desde hace un año, el subdirector de manejo de desastres de la UNGRD, Sneyder Pinilla, dijo a la justicia que se habían entregado 3.000 millones de pesos (alrededor de 770.000 dólares) a Iván Name, del Partido Verde y opositor del Gobierno, y 1.000 millones de pesos (unos 260.000 dólares) a Calle, del Partido Liberal y aliado de Petro. Según el testimonio del funcionario, que ha confesado sus delitos y ya fue condenado a cinco años de cárcel, el dinero habría salido de los sobrecostos en el contrato de compra de 40 carrotanques para llevar agua potable a las comunidades de La Guajira. La entrega de los recursos, según Pinilla, buscaba que los dos políticos aceleraran los trámites legislativos de las reformas pensional, a la salud y laboral presentadas por el Ejecutivo. Los pagos habrían ocurrido en el mes de octubre de 2023, unos días antes de las elecciones regionales en las que participaron como candidatos la hija de Name, y el padre y el hermano de Calle.

Además de las denuncias de Pinilla, la Corte Suprema tuvo en cuenta la confesión de Olmedo López, entonces director de la entidad, para emitir la orden de captura contra los dos congresistas. El abogado del político de izquierdas, José Moreno Caballero, ha insistido en su cuenta de X que el aporte de su defendido fue clave para la decisión de la justicia. “El testimonio de Olmedo López no solo fue valiente, sino veraz. La Corte Suprema de Justicia impone medida de aseguramiento a los congresistas Iván Name, expresidente del Senado, y Andrés Calle, expresidente de la Cámara de Representantes, confirmando la contundencia de las pruebas aportadas por mi cliente”.

De acuerdo con las pruebas y los testimonios de varios implicados, la encargada de manejar el dinero habría sido la entonces consejera para las Regiones de la Presidencia de la República de ese momento, Sandra Ortiz, cercana a Name. La excongresista y copartidaria de Name le habría entregado maletas llenas de billetes al senador en su apartamento al norte de Bogotá, el mismo lugar en el que fue detenido este miércoles. Ortiz está privada de su libertad por el mismo asunto.

Sobre el dinero para Calle, Pinilla ha dicho que él directamente se lo entregó en el apartamento del representante, en la ciudad Montería. En una declaración a medios de comunicación de hace varios meses, Pinilla confesó que se trataba de una maleta con fajos de billetes de 50.000 y 100.000 pesos: “Él vive en el edificio K62, en Montería, eso nunca se me va a olvidar. Yo mismo le entrego a él, me espera su esquema de seguridad. Llego a un ascensor, subo al apartamento, y en el apartamento le hago entrega del dinero y me voy”. Pinilla también entregó a la justicia una serie de chats con Calle que probarían el encuentro.

Las investigaciones judiciales apuntan a que la orden de sobornar a los congresistas vendría del director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la época, Carlos Ramón González, también del Partido Verde y muy cercano a Petro. González hoy está fuera del país. La justicia también investiga a los entonces ministros del Interior, Luis Fernando Velasco, y de Hacienda, Ricardo Bonilla.

Apenas un día antes de que se conociera la decisión, el senador Name habló en la plenaria del Congreso. Al parecer preveía lo que iba a ocurrir menos de 24 horas después, pues agradeció a sus electores y se despidió de sus compañeros: “Siento que cumplí con mi deber de enfrentar el desbordamiento institucional; cómo sería hoy nuestra democracia si este Senado no lo hubiera hecho, si no hubiera contrapesado el exceso y la soberbia”, dijo desde el atril. Y añadió: “No sé si mañana vuelva, pero mientras le digo a mi Senado que siento el orgullo fundamental de haber pertenecido al parlamento”.

El senador Ariel Ávila, compañero de partido de Name, Ortiz y González, se refirió a la orden de captura en sus redes sociales. “Desde hace un año exactamente solicitamos al Partido Verde la expulsión del señor Iván Name y la señora Sandra Ortiz. Hoy la Corte Suprema nos da nos da la razón. Aún el partido no los expulsa”. La representante Catherine Juvinao, también del partido Verde, acusó a Petro y citó un mensaje en el que el presidente negaba que su Gobierno le hubiera entregado dinero a Name. “Su gobierno es la misma corrupción de siempre, así se disfrace de izquierda y de progresismo. Lamento que integrantes del Partido Verde estén involucrados. Ojalá esto sirva para limpiar y recuperar el partido”.