Ecologistas, ganaderos y Junta chocan por la protección del lobo en Castilla-La Mancha

“Es muy bonito tener lobos y que los alimenten los demás”, se queja Fernando Moreno, ganadero de 46 años, al resumir el sentir de sus colegas de la Sierra Norte de Guadalajara, y de él mismo, cada vez que sus vacas y ovejas sufren un ataque de este animal. Un problema, asegura, agravado en los últimos 15 años. Moreno, como sus compañeros, se opone al requerimiento que Ecologistas en Acción y el Fondo para la Protección del Lobo Ibérico ha enviado al Gobierno de Castilla-La Mancha para que, en un plazo máximo de tres meses, se comprometa a poner en marcha un plan de recuperación de esta especie en todo el territorio autonómico, más allá de las zonas de Guadalajara en las que ya está presente. Es a lo que obligan, aseguran ambas organizaciones, las leyes estatales y autonómicas sobre especies en peligro de extinción, y el lobo está catalogado así en Castilla-La Mancha desde 1998.

Para esa fecha, el último reducto de la especie en la región se ceñía ya a este rincón de la provincia de Guadalajara que, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) de 2024, alberga las únicas cuatro manadas de lobo presentes en Castilla-La Mancha, dos de ellas compartidas con Castilla y León y la Comunidad de Madrid. “No estamos hablando de conservarlo sólo en la Sierra de Ayllón y aledaños, donde ya hay un nivel de actuación mejor o peor enfocado. Estamos hablando de recuperar esos lobos que teníamos, no hace tanto, en Sierra Morena, los Montes de Toledo, el Valle del Tiétar o el Alberche”, explica Miguel Ángel Hernández, portavoz de Ecologistas en Acción en Castilla-La Mancha, que prefiere hablar de “grupos” y no de manadas. La organización habla, como mucho, de 10 ó 15 cánidos. “Una población ridícula que no se sostiene con esa imagen de daños al ganado que se da”.

La Asociación de Agricultores y Ganaderos de Guadalajara (APAG) dibuja, sin embargo, un escenario muy diferente, con 35 lobos y 198 ataques entre 2022 y 2024. Demasiados, apuntan, para un territorio tan pequeño. Un incremento que coincide, además, con la inclusión del lobo en 2021 en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE) que elabora el Miteco y que prohíbe su caza en todo el territorio nacional a excepción ―tras una polémica votación en el Congreso de los Diputados en 2025― de las comunidades situadas al norte del Duero. Moreno, que cifra en unos 10 ó 12 los ataques de lobo cada año a sus rebaños de vacas en La Nava de Jadraque y Alcorlo, es presidente de la Agrupación de Ganaderos de la Sierra Norte y carga contra las administraciones por una situación que, asegura, “se les ha ido de las manos”, al igual que ocurre, dice, con los ataques de buitre.

Que el lobo haya vuelto por sí solo a zonas como Guadalajara, no exime al Gobierno de Castilla-La Mancha, insisten desde Ecologistas en Acción, de elaborar un plan específico para la recuperación de la especie en las zonas que ocupó antaño y que la administración regional descarta. Dos leyes, la estatal de Patrimonio Natural y Biodiversidad de 2007 y la autonómica de Conservación de la Naturaleza, de 1999, avalan, explica a EL PAÍS la directora general de Medio Natural y Biodiversidad de la Junta, Susana Jara, que los planes de conservación y recuperación de las especies en peligro de extinción se integren en los planes de gestión de los espacios de la Red Natura 2000 cuando su presencia se ciña a un único territorio. En el caso del lobo, esas medidas, y su coexistencia con la ganadería en extensivo, se incluyen en la ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves) Sierra de Ayllón, el único enclave con presencia del cánido en Castilla-La Mancha.

“Esta ZEC/ZEPA tiene un instrumento de gestión que establece como elemento clave el lobo ibérico. Hemos analizado su estado de conservación, su distribución dentro de ese espacio, sus perspectivas de futuro, amenazas y presiones, y hemos elaborado un calendario de actuaciones para mantener su estado de conservación, con indicadores específicos de seguimiento”, explica Jara. “Cuando una especie está catalogada en peligro de extinción, la administración no tiene discrecionalidad para decidir si elabora o no el plan de recuperación”, replica Sara González, abogada de Ecologistas en Acción. “La situación del lobo en Castilla-La Mancha no es como esas imágenes de Yellowstone, con decenas de lobos atacando bisontes. Lo que tenemos aquí son grupos familiares con cuatro o cinco animales como mucho. No hay verdaderas manadas”, sostiene Hernández, que advierte con acudir a los tribunales si la Junta no aprueba ese plan.

En 2025, medio centenar de ayuntamientos de Guadalajara firmaron un manifiesto liderado por APAG para reivindicar “un cambio” en la gestión de la especie. Según sus datos, 137 animales murieron por ataques de lobo en 2024 y otros 17 resultaron heridos. A ellos se añaden, apunta Moreno, los terneros que desaparecen cuando las vacas paren en el campo y por los que no reciben ningún tipo de compensación: 11 ese mismo año. “Como no los encontramos, esos no nos los pagan”, recuerda este ganadero, que añade los abortos por el estrés que les ocasiona el lobo. La Junta ha aumentado las primas por las reses muertas un 30% para adaptarlas al precio de mercado, pero el sector insiste en que siguen siendo “insuficientes”. Mientras, el cánido, aseguran, continúa su expansión, colonizando territorios más al sur de la provincia de Guadalajara, como la zona de Cogolludo. “El lobo está blindado y cada vez hay más”, zanja Moreno.