A organizaciones ambientales en Panamá les congelan sus cuentas bancarias en medio de una disputa legal por construcción de proyecto portuario

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A principios de este año a dos ONG ambientales de Panamá les notificaron que les habían secuestrado gran parte de sus cuentas bancarias y bienes. A Adopta Bosque Panamá, dedicada a la conservación de los ecosistemas únicos del país, le congelaron una cuenta y cuatro fincas que actúan como reservas naturales privadas. Al Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), constituido desde 2009, le secuestraron todas sus cuentas. La decisión la tomó un juez —cuenta Joana Abrego de CIAM— en medio del proceso de una demanda civil que les puso Ocean Pacific Financial Services, empresa promotora encargada de desarrollar el proyecto Puerto Barú en David, en la provincia de Chiriquí.

Desde 2023, CIAM y Adopta Bosque se venían pronunciando en contra de su construcción, ya que el puerto operará en la región occidental, cerca de un área donde se encuentran el 25 % de los manglares del país, e involucrará dragados para que el canal sea navegable, perturbando el ecosistema marino y costero. Un año después, y teniendo como sustento un informe realizado por la consultora estadounidense Lynker, las dos organizaciones —junto a cuatro más— pusieron una demanda ante la Corte Suprema de Justicia para que declarara la nulidad del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto, aprobado en 2024 por el Ministerio de Ambiente. “El EIA de Puerto Barú, los documentos de apoyo y otros materiales publicitarios (como la página web del proyecto) presentan numerosas afirmaciones que carecen de pruebas suficientes o tergiversan los posibles impactos (y beneficios) sobre ecosistemas críticos, como manglares, arrecifes de coral y especies marinas residentes”, concluye el informe de la consultora.

Desde entonces, según Guido Berguido, director de Adopta Bosque, la empresa “ha buscado atacar y silenciar a las dos organizaciones que hemos sido más vocales”. En agosto de 2025, les puso querellas criminales por injuria, calumnia y delitos contra la economía —el proyecto tiene una inversión estimada de 250 millones de dólares según su página web—. Y como se enteraron este año, Ocean Pacific Financial Services también abrió el camino de la demanda civil. “Es un clásico ejemplo de lo que llaman SLAPP”, comenta el director, refiriéndose a lo que en inglés se conoce como Strategic Lawsuit Against Public Participation y que alude a un litigio intimidatorio en el que no necesariamente se busca ganar, sino agotar al otro.

A través de una respuesta escrita enviada a El País, Ismael González, director general de Puerto Barú en David, desmiente que tengan esa intención o que busquen silenciar a las ONG que están en contra del proyecto. “El ejercicio de acciones legales frente a afirmaciones que consideramos inexactas o difamatorias no constituye censura ni represalia, sino el uso legítimo de los mecanismos que ofrece el Estado de derecho para la protección de derechos”, afirma. Además, explica que la empresa emprendió las acciones legales porque, desde septiembre de 2024, hubo una campaña difamatoria en redes sociales y otros medios.

“De manera reiterada, estas organizaciones han difundido mensajes que califican el proyecto como un ‘desastre ambiental’, que aseguran que ‘destruirá áreas protegidas’ o que cuestionan la legalidad de los permisos obtenidos. Este tipo de afirmaciones, además de carecer de sustento técnico comprobable, afectan la reputación del proyecto y erosionan la credibilidad de las autoridades públicas que participaron en su evaluación”, dice en la respuesta. En el documento igualmente se afirma que el EIA tiene la máxima categoría, fue “elaborado durante más de tres años por un equipo multidisciplinario de más de 30 científicos panameños, con la asesoría de expertos internacionales” y que “el proyecto cuenta con aceptación en las comunidades de la provincia de Chiriquí”.

Pero mientras los tres procesos concluyen (la demanda de las ONG contra el EIA del puerto y las dos acciones legales por parte de la empresa), CIAM y Adopta Bosque viven días complejos: se quedaron sin recursos para cumplir su misión. “En las cuentas secuestradas teníamos los fondos para las cesantías, el pago de salarios para los colaboradores, todos los gastos”, dice Abrego de CIAM. “Hemos reducido nuestras operaciones a un nivel mínimo e incluso las donaciones que recibimos en este momento solo pueden ser en especie”.

Ante el hecho de que un juez ordenara congelar las cuentas y bienes de estas ONG, la empresa señala que “corresponde exclusivamente a las autoridades determinar las medidas aplicables en cada etapa, con base en los elementos presentados por las partes”. Entretanto, autoridades como el ministro de Ambiente de Panamá, Juan Carlos Navarro, dijo a medios de comunicación locales que, a nivel personal, le parecía una medida desafortunada. “No beneficia en nada al diálogo nacional que tiene que haber sobre temas de vital importancia como son nuevos proyectos que van a tener un impacto ambiental”, aseguró.

La Red Regional Escazú Ahora también publicó un comunicado resaltando su preocupación. Panamá es uno de los países que ya ratificó el Acuerdo de Escazú, en el que uno de los ejes es, precisamente, el derecho a la participación ciudadana en la gestión ambiental. “Que suceda esto en Panamá es un mal precedente para la región, para Centroamérica”, señala Carolina Sánchez, vocera de la Red del Gran Caribe Libre de Fósiles. “Además de que estamos en un momento de gran polarización, las organizaciones que defendemos el ambiente hemos tenido un impacto económico gigante durante el último año por las políticas exteriores de otros países. Y esto nos pone en una encrucijada”.