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Cisma en la Cámara de Cuentas de Madrid por la fiscalización de la política turística del Gobierno de Ayuso: “El tono es rayano en el insulto”

La vicepresidenta, propuesta por el PP, y una consejera, avalada por Más Madrid, chocan por la calidad del informe y los posibles riesgos reputacionales para el ente

El presidente de la Cámara de Cuentas de Madrid, Joaquín Leguina, toma posesión de su cargo en presencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a 18 de abril de 2024. J.P. GANDUL (EFE)

-Forzar un trabajo tan poco motivado y poco riguroso, incompleto y apresurado, conlleva un riesgo reputacional para la Cámara de Cuentas que no puedo aceptar.

-El tono es rayano en el insulto.

La primera frase corresponde a Verónica López, consejera de la Cámara de Cuentas propuesta por Más Madrid. La segunda, a Ana Cossío, vicepresidenta del órgano fiscalizador a propuesta del PP. Su desencuentro, que desvela la división interna en la entidad que debe examinar la legalidad de los gastos del gobierno de Isabel Díaz Ayuso (PP), se ventila en público, pues queda reflejado en el informe que examina la estrategia de turismo de la Comunidad de Madrid 2023-2026. Esa inusitada situación es la culminación de la tensión de una Cámara marcada últimamente por varias controversias.

La primera es la generada por el nombramiento como presidente de Joaquín Leguina, exlíder socialista de Madrid, que próximamente cumplirá 85 años. El político, designado por Díaz Ayuso, ha protagonizado episodios sorprendentes, como rectificar un informe que incluía la propuesta de que enfermos mentales graves pagaran por ser atendidos en el sistema público, adelantada por EL PAÍS. También se ha desplazado hasta la Asamblea para anunciar en directo que no explicaría un dictamen de la entidad que preside: “Mi experiencia en estos acuerdos es cero”. Y ha celebrado que la Cámara contratara como personal eventual a su pareja, que ya trabajaba para la administración regional.

La segunda controversia se centra en la ocupación de una vacante que depende del PP, tras el fallecimiento, este diciembre, del vicepresidente Carlos Salgado. Los conservadores han solicitado ampliar el plazo hasta mayo para seleccionar a su candidato.

Y la tercera estalla ahora con el informe sobre el turismo, una demostración del peligro potencial que supone que las dinámicas partidistas que enfrentan a gobierno y oposición en la Asamblea de Madrid se trasladen a la Cámara.

Todo arranca cuando se decide fiscalizar el cumplimiento de la legalidad en la gestión de los fondos públicos asignados al plan Estratégico de Turismo 2023-2026. El informe recoge que Madrid se beneficia del mayor crecimiento de gasto turístico total de todo el país, con una media por visitante de 1.964 euros frente a la media nacional de 1.392 euros. También detalla que eso se debe a que se ha incrementado la estancia media de los viajeros, que en 2025 se habría situado en 6,44 días. Aspectos que no convencen a López como justificación para una evaluación, pues considera que no tiene sentido realizar la fiscalización de un programa aún en vigor (incluye 2026), y que el diseño de los trabajos, a su criterio, incluye “excesivos espacios de ambigüedad” y carece “de indicadores para poder evaluar la consecución de los objetivos previstos”. En contraste, el propio informe reconoce que se trata de una evaluación intermedia. Son las bases de un choque de trenes.

Así, la representante de Más Madrid muestra su rechazo al proyecto repetidamente. Esta especialista, con una prestigiosa trayectoria profesional, considera la propuesta “irrelevante”, “inoportuna” e “imprecisa”. Y lanza una advertencia de las que retumban por los pasillos, resistiendo incluso a las moquetas más mullidas: la realización del informe puede suponer “riesgos reputacionales” para la Cámara, puesto que, a su juicio, “no reúne los requisitos técnicos imprescindibles”.

La situación empeora cuando el trabajo se realiza y López tiene acceso a su contenido. Lo califica de “poco riguroso”, “incompleto” y “apresurado” como colofón a un voto particular en contra en el que alerta de que muchos de sus contenidos “respiran’ y ‘suenan’ como ‘habla’ la entidad fiscalizada, habida cuenta la cantidad de contenidos que son un traslado cuasi literal de documentos elaborados por la misma”. Es decir, cuestiona la independencia analítica del balance.

La dureza de la crítica, y su traslado público a través de la web del organismo, no tienen precedentes. Pero del choque participan las dos partes, ya que el voto en contra de López se ve acompañado de otro de Cossío para apoyar su propio informe. Otra curiosidad, pues aprovecha para insinuar que su compañera aporta al ambiente de trabajo “toxicidad y lenguaje abusivo e inapropiado”.

“Los argumentos esgrimidos por la consejera D.ª Verónica López Sabater para fundamentar su voto en contra de este Informe carecen de suficiente solidez técnica y presentan notorias deficiencias en cuanto a su sustento jurídico, acompañado todo ello de un tono, no solo impropio en una Institución técnica de control como es la Cámara de Cuentas, sino rayano en el insulto”, se queja. “Finalmente, se ruega a la consejera observante que, sin perjuicio de su derecho a votar lo que mejor le parezca según su criterio, en aras a favorecer un ambiente óptimo de trabajo, exento de toxicidad y lenguaje abusivo e inapropiado, se abstenga de dirigir constantes acusaciones de ‘discrecionalidad’, ‘ineficacia’, ‘ineficiencia’, ‘inidoneidad’, ‘impertinencia’, ‘ausencia de motivación’…por el mero hecho de que las propuestas de otros miembros del Consejo no coincidan con su criterio".

La vicepresidenta defiende que la gestión del turismo, que mueve grandes cantidades de dinero, supone un “área de riesgo a investigar”. Que tanto el Tribunal de Cuentas de España como el Tribunal de Cuentas Europeo, así como la mayor parte de los órganos de control externo de las Comunidades Autónomas, incluyen esta materia dentro de sus prioridades, “siendo el turismo, además, el área de fiscalización considerada este año como riesgo transversal más destacado por la Organización Europea de las Instituciones Regionales de Control Externo del Sector Público (EURORAI)”.

Pero el trabajo final, en todo caso, no deja grandes novedades, más allá de recomendaciones técnicas (que cuestionan el diseño, el control y la evaluabilidad de la política turística) y de la detección de una subvención de 5.217,75 euros indebidamente adjudicada, y que deberá reintegrarse. Otra cosa es lo que provoca en la vida interna de la Cámara de Cuentas: una herida de mal pronóstico que tensiona los trabajos de la institución encargada de fiscalizar al gobierno de la Comunidad de Madrid.

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