El Gobierno de Ayuso exhibe su rechazo al registro de objetores al aborto en cada línea de su tramitación obligada por la justicia

La tramitación del registro de objetores al aborto en la Comunidad de Madrid, obligada por un auto judicial ante la oposición del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, se ha convertido en un escaparate desde el que mostrar el rechazo del Gobierno autonómico del PP a la creación del listado. La administración que dirige el partido conservador ha publicado cuatro textos en su portal de transparencia para que ciudadanos y partidos pueden conocer el proyecto y presentar aportaciones. En esos documentos, caracterizados normalmente por su brevedad, el Gobierno de Ayuso menciona insistentemente, hasta en nueve ocasiones, que da el paso obligado por la justicia. Una decisión que parece inseparable de la intención de explicitar, con las elecciones autonómicas de 2027 ya en el horizonte, que el imperativo legal es el único motor para el proyecto en Madrid. Y las primeras aportaciones que se están registrando muestran que el mensaje, en alguna medida, puede acabar calando.

El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS) aprobó el 16 de diciembre de 2024 un protocolo de coordinación para la implantación del registro en todas las administraciones sanitarias, un acuerdo que fue adoptado por unanimidad, con la participación de todas las comunidades autónomas, y que es vinculante como instrumento de coordinación administrativa. Casi un año después, el 14 de octubre de 2025, el Ministerio de Sanidad envió un requerimiento a Aragón, Baleares y la Comunidad de Madrid para darles un plazo de un mes para crear ese registro, que aún no habían puesto en marcha. Como eso no ocurrió en la región presidida por Ayuso, el ministerio de Sanidad, que dirige Mónica García (Más Madrid), impulsó un recurso contencioso-administrativo. Que la justicia haya fallado a favor del Gobierno central es ahora el argumento nueve veces repetido por el autonómico para que no quede duda de que actúa en contra de sus deseos.

La ley obliga a la Comunidad a abrir una consulta pública sobre sus proyectos legales, y a explicitar qué problemas pretenden solucionar, cuál es la necesidad y oportunidad de la norma, o sus objetivos. En todos esos apartados, la administración regional se remite a que está cumpliendo, obligada, un auto judicial. Esa referencia se encuentra cinco veces en la memoria justificativa del proyecto, dos en la resolución de consulta pública del proyecto, una vez en su presentación, y otra en la de las aportaciones. El rechazo de Madrid a la situación queda clarísimo en el apartado “posibles soluciones alternativas”.

“La alternativa son los procedimientos internos seguidos en la actualidad en los centros hospitalarios de la Comunidad de Madrid, donde se garantiza el ejercicio individual del derecho a la objeción de conciencia y la prestación del aborto en los términos establecidos en la ley”, se argumenta. Pero se reconoce, con aires de derrota: “En cualquier caso, la regulación prevista trae causa del cumplimiento de una medida cautelar acordada en el Auto Nº 60/2026 de la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, NIG: 28.079.33.3-2026/0000280, Pieza de Medidas Cautelares 36/2026 - 0001 (Procedimiento Ordinario), de 2 de marzo de 2026″.

Que el tema del aborto tiene capacidad movilizadora con las elecciones en el horizonte queda certificado por las aportaciones que se están presentando al proyecto madrileño. Este trámite, en el que partidos y ciudadanos pueden plantear cambios en el texto, estará abierto hasta el 19 de mayo. Por lo tanto, no hay aún un balance público del conjunto de aportaciones registradas, a favor y en contra. No obstante, los mensajes registrados dejan muestra de que Ayuso parece poder acabar logrando el efecto deseado, porque hay varios mensajes de contenido ideológico y no técnico.

“Agradezco a Isabel Díaz Ayuso las medidas a favor de la mujer embarazada”, se lee en una de esas aportaciones, firmada por una ciudadana que califica el aborto de “homicidio voluntario” y anima a no usar “los impuestos de los ciudadanos para manchar de sangre inocente las manos de los profesionales sanitarios”. Otra ciudadana comenta que “la ley es discriminatoria”. Una tercera expresa también su oposición.

Hay también varias aportaciones en contra del proyecto por parte de la asociación “Profesionales por la Ética”, que define el proyecto como “un atentado a la libertad de conciencia”. Esas dos visiones chocan frontalmente con algunos de los puntos de vista que ha expresado Ayuso al respecto de la intervención voluntaria del embarazo a lo largo de su trayectoria política. Aunque en ella las contradicciones han sido constantes.

Así, la presidenta ha pasado de ver “aberrante” abortar sin permiso con 16 años, a apoyarlo después o mandar a las mujeres a hacerlo en “otro lugar”.

Esos cambios constantes de posición se han trasladado al gobierno en conjunto. Y no hay mejor ejemplo que el del registro de objetores al aborto.

En diciembre de 2024, todas las regiones apoyaron la creación de un protocolo para impulsar el registro de objetores de conciencia al aborto durante la reunión del Consejo Interterritorial de Salud. También Madrid, representada en la cita por la consejera del ramo, Fátima Matute. El viernes 3 de octubre de 2025, esta doctora afirmó que el Ejecutivo madrileño cumpliría con la lista de objetores del aborto, aunque la calificó como “inútil” y “punitiva”. Menos de una semana después, Ayuso la enmendó por las bravas: “No voy a hacer una lista negra de médicos nunca”, dijo en la Asamblea. Es decir, en unos meses se pasó del sí al registro, al sí porque era obligatorio. Luego se entró en el no porque así quiso Ayuso, para acabar en el sí porque lo obliga la justicia.